De esa cuenta, analistas, diputados y dirigentes empresariales refieren algunas propuestas y estrategias que las autoridades y órganos de justicia deben adoptar para combatir el crimen.
El analista en asuntos de seguridad Ronaldo Leiva opina que los pandilleros están tomando más confianza porque se sienten posesionados de las áreas donde operan y tienen facilidad de movilizarse.
“De alguna manera se ve que superan a las fuerzas de seguridad en cuanto a que no se les logra controlar. Pero para poderlos controlar las fuerzas de seguridad necesitan más movilidad, y aun así sería difícil porque ellos viven en las mismas poblaciones”, afirmó.
El experto en seguridad indicó que es necesario que los operativos se efectúen de manera simultánea; de lo contrario esos grupos se mueven de un lugar a otro.
Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expuso que se deben fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, en este caso la PNC y sus diferentes divisiones, como el Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), que investiga a los grupos que extorsionan y usan la violencia como forma de presión.
Según Menchú, lo que se ve es que se ha dado un repunte de ese delito, pero opina que no hay que olvidar que existen empresas grandes que ya pagan extorsión y al final esto incide en que estos grupos criminales puedan armarse más.
Tal vez empezaron con poco poder, pero ahora reciben un ingreso y pueden contratar a otras personas para que cobren la extorsión, según Menchú.
A pesar de que se han hecho esfuerzos importantes en cuanto a la investigación de estructuras criminales, el nivel de las extorsiones ha llegado a un punto en que los recursos que se han designado a esas investigaciones no se dan abasto. Muchos casos tardan entre seis meses a dos años para desarticular una estructura, y aunque se han eliminado algunos grupos de extorsionistas, luego surgen otros.
El experto advirtió: “Es difícil no pagar la extorsión porque existen represalias. La estrategia es pagar y denunciar a las autoridades, para que esos grupos se desarticulen. Lo peor que puede hacer una empresa es pagar y pagar y no dar aviso a las autoridades”.
Ejército en el debate
Leiva señaló que, en cualquier escenario, el Ejército puede disuadir con su presencia, al menos para evitar ataques a pilotos o asaltos directos a los negocios.
El problema del Ejército es que, aunque tenga presencia, las facultades legales son limitadas y no les permiten efectuar alguna captura o conducir a un delincuente, recalcó.
Fortaleciendo la inteligencia civil, pero que de verdad exista una inteligencia estratégica en busca de las bandas que se manifiestan en los diferentes lugares. Al fortalecerla, bien se podría saber cómo se movilizan estos grupos o movimientos extorsivos.
Delegados del sector representado en la Cámara de Comercio y Servicios opinan que las autoridades deben ser capaces de garantizar la seguridad; de lo contrario se están perdiendo muchas inversiones.
Álvaro Matus, presidente de la Cámara, ve positivo que a la par de la Policía colabore el Ejército en las tareas de seguridad civil, para solucionar el problema, y considera que habría que darle más facultades.
“El problema con el Ejército es que solo acompaña a la PNC, pero no puede capturar (…) Lo que deberían hacer es ampliar el mandato, para que pueda salir a capturar”, señaló Matus.
Sobre la cadena de justicia, Matus dijo: Lo que nos causa preocupación es la actitud del Ministerio Público y el Organismo Judicial, por la lentitud de los procesos. No se presentan las suficientes pruebas y en juicio son incompletas, y aun capturados en flagrancia salen libres. Están capturando a un hombre que por robar a una gallina es condenado a 12 años, y a los asesinos que capturan en flagrancia los liberan. El sistema de justicia le tiene una deuda a la ciudadanía”.
Pedirán que el Ejército patrulle
El diputado Napoleón Rojas, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso, indicó que luego de un análisis determinaron que desde que el Ejército se retiró de las calles los índices de delincuencia han aumentado.
Según Rojas, pusieron sobre la mesa lo ocurrido a la empresa de telefonía, los ataques constantes y un audio en que un pandillero amenaza.
Estamos analizando si como Comisión de Gobernación pedimos otra vez que el Ejército pueda salir a las calles mientras la PNC y el Ministerio de Gobernación están estables.
“Realmente, como Comisión, analizamos esto. Citamos al ministro de Gobernación para que nos dé explicaciones”, afirmó el congresista.
El legislador reconoció que están preocupados por la situación y consideran que es necesario el apoyo militar para combatir la inseguridad. “Estamos analizando si como Comisión de Gobernación pedimos otra vez que el Ejército pueda salir a las calles mientras la PNC y el Ministerio de Gobernación están estables”, dijo el diputado.
Defensa cumplirá órdenes
“Las órdenes emitidas por el presidente, como comandante general del Ejército, fueron retirar a todos los elementos de la seguridad ciudadana. El plan va por su tercera fase y se le da estricto cumplimiento”, afirmó el director del Departamento de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, Óscar Geovani Pérez.
Agregó que de existir una iniciativa en el Legislativo para continuar apoyando lo harán, siempre que esté en el marco legal.
Lo que ha hecho el Ministerio de Defensa es apoyar con los batallones estratégicos. Según los mayores índices de criminalidad, estábamos en 30 municipios y ahora solo estamos en 10,
Según Pérez, el 31 de diciembre se completa el plan de retirar a los soldados y no quedará ningún efectivo en las calles a partir de enero del 2018.
Los lugares en los que se mantiene la presencia de los militares son zona 18; Amatitlán, Villa Nueva, Esquipulas, Chiquimula; Puerto Barrios y Morales, Izabal; Sayaxché, Petén; Nueva Concepción, Escuintla; y Tacaná, San Marcos.
