A su juicio, este aumento se debe a las “migraciones de los grupos delictivos, que al ser combatidos en la capital, automáticamente encuentran un nicho más cómodo en Quetzaltenango”.
Palmieri explicó que, de los agremiados a su filial, al menos el 5 por ciento han denunciado ser víctiman de extorsiones por parte de delincuentes, entre los cuales se encuentran perfiles tan variopintos como empresarios o dueños de comercios locales.
No obstante, el directivo estima que la cifra real es de un 20 por ciento, debido a que muchas de las víctimas prefieren no denunciar, por “temor a represalias” .
“Hay desconfianza de los empresarios entre las autoridades locales, porque tienen miedo de que las denuncias puedan fugarse del Ministerio Público (MP). Y por temor a que este ente investigador sea permeable al crimen, las denuncias las hemos hecho con autoridades de la capital”, enfatizó.
Usan a menores
Por otro lado, la Asociación de Transportistas de Quetzaltenango (ATQ), que agrupa al 85 por ciento de los transportistas de esa ciudad y que no pertenece a la Cámara de Comercio de Guatemala, contabiliza que cerca del 75 por ciento de sus socios son víctimas de extorsiones.
“De alguna manera, los delincuentes hacen llegar, por medio de menores de edad, un teléfono celular a los pilotos, quienes después deben entregarlo al propietario del bus porque, de no hacerlo, su vida corre peligro”, relató Estuardo Miranda, vicepresidente de esa organización.
Es entonces cuando empieza todo un proceso de negociación con los delincuentes para establecer la cuota que más les convenga.
Una cantidad que después será depositada en una cuenta de banco.
Con el paso del tiempo, este tipo de delincuencia también ha cambiado, aunque en mínimos detalles.
Ahora, añadió, los cobros también los hacen algunos “patojos” —menores de edad— que se suben a los autobuses para recibir el dinero, para no depender de la transacción de los bancos, algo que les ayuda a no ser detectados.
“Ante la incompetencia de las autoridades, la gente ha tenido que optar por pagar la extorsión. Se tiene que caer en el juego de mantener una negociación permanente con los delincuentes”, afirmó.
El pasado 25 de abril, Hugo Leonel Ramírez Barrios, de 41 años, quien conducía un autobús para la empresa de transportes Cabricán, fue asesinado por supuestos sicarios, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En lo que va del año, de acuerdo con cifras del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), al menos 27 pilotos y 11 ayudantes del transporte de pasajeros fueron ultimados.
Perla Nowell, presidenta del Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango, quien ha juzgado más de una decena de casos por este delito, coincide con los operadores del transporte en que esta problemática se da por medio de llamadas telefónicas intimidatorias.
Precisó que estas comunicaciones provienen de la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Centro Preventivo para Varones de Quetzaltenango y el parque Benito Júarez, situados en las afueras y en el centro de esa ciudad, respectivamente.
Nowell mencionó a la “clica Crazy, de la mara 18”, como el grupo delictivo responsable de las extorsiones a los transportistas.
“Cuando ingresa un nuevo recluso es llevado a la cuadra número 2, donde lo golpean hasta que proporcione algún número de teléfono de un familiar”, comentó Nowell.
Después llaman al familiar y le dan un número de cuenta para que les deposite alguna cantidad de dinero a cambio de no seguir golpeando al reo.
En los últimos tres años, ese tribunal ha llevado dos procesos de personas que murieron golpeadas en esa cárcel por haberse negado a pagar las extorsiones.
“Los grupos organizados, las maras, llegan a tomar el control y a tener cargos de encargados general, segundo y tercero dentro de las diferentes cuadras de la cárcel”, refirió la jueza.
