Menchú detalló que la referida cifra surge de una encuesta de victimización y percepción de la seguridad pública realizada en 2018, por medio del cual se obtiene que de las víctimas de extorsión solamente el 35% denunció; mientras que a nivel de todos los delitos solo el 23%.
La encuesta llegó a unas 18 mil viviendas a nivel nacional y fue elaborada por el Ministerio de Gobernación en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y para la elaboración de la encuesta se contó con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el fin de dicha encuesta es complementar los registros administrativos que se tienen de denuncias de delitos.
Uno de los elementos que podría estar influyendo en que las personas se abstengan de presentar las acciones legales es que “no hay pruebas para acusar a las personas que están extorsionando y miedo a las represalias” dijo Menchú y agregó que es necesario que las autoridades generen mayor confianza en la población a fin de que presenten sus denuncias y evitar la revictimización en los casos que se diera.
El experto compartió que la extorsión se torna riesgosa “si esta asociada a un control territorial que pueda tener un grupo criminal, o alguna pandilla, en donde las personas se acercan directamente y entregan un teléfono por ejemplo” o bien, en contra un negocio local, empresas de transporte también representan alto riesgo, y “es necesaria una investigación profunda y brindarle asesoría a la víctima” en cuanto a los mecanismos de defensa.
Generar confianza con resultados
Para Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), considera que es necesaria una “estrategia de comunicación fuerte, sobre todo en las localidades donde se ha identificado que la población es más extorsionada” y resaltó que no solo en el resguardo de la identificación de la victima se puede generar confianza, sino que también en los resultados.
Escobar explicó que la población “se va animar a denunciar siempre y cuando vean resultados directos que le beneficien y estos podría ser la captura de supuestos extorsionistas” para que enfrenten la justicia y esto permitirá valorar la denuncia “porque el ciudadano percibe que pone en riesgo su vida, familiares o trabajadores cuando denuncia” dijo.
“La población se va animar a denunciar siempre y cuando vean resultados directos que le beneficien y estos podría ser la captura de supuestos extorsionistas”, Lorena Escobar de Asies.
La profesional puntualizó que los mecanismos de investigación criminal y de prevención deben implementarse a la mayor brevedad posible y evitar exponer a la victima al rendir su testimonio en los tribunales de justicia y esto se evitaría con “tienen que estar fortalecidas las investigaciones y medios de prueba” indicó Escobar.
Otras cifras
El total de quejas por extorsión que tiene la PNC coincide con las estadísticas del CIEN, de las cuales es importante destacar que de las 13 mil 288 denuncias un 45% se centra en Guatemala, otras localidades con mayor incidencia en este delito es Escuintla, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Sacatepéquez; mientras que los lugares que menor victimización tienen son Petén, Zacapa y Totonicapán.
La SGIC por medios de sus unidades especializadas realizan las investigaciones respectivas y en 2021 realizaron 6 mil 278 allanamientos, logrando privar de su libertad a 5 mil 956 personas y ha impactado en 62 organizaciones delictivas.
Por su lado, el Ministerio Público (MP) durante el 2021 recibió 7,811 denuncias por extorsión, y en el primer mes de 2022 se han presentado 661; además fueron dictadas 677 sentencias y en lo que va del presente año 49 por los órganos jurisdiccionales del ramo penal.
Uno de los casos más emblemáticos fue la sentencia en contra de 145 personas acusadas de extorsión y de ser miembros de la Mara 18, el MP logró comprobar que de 2014 a 2017 percibieron unos Q2 millones producto del cobro ilegal a 7 empresas de transporte público y negocios. Operaban en Quetzaltenango, Amatitlán, Escuintla, Mixco y Villa Canales.
Las estrategias
Entre los mecanismos implementados por la SGIC está el Sistema Crime Stoppers, el número 1561 y la plataforma digital www.tupista.gt todas se caracteriza por el anonimato del denunciante, con la que se busca implementar estrategias que permitan la prevención de hechos delictivos y se logre la captura de los responsables.
El proceso que los investigadores especializados realizan a las quejas que ingresan por los medios anteriormente detallados consiste en la recepción inmediata de información que brinda el denunciante, luego es analizada a fin de determinar la naturaleza con relación al hecho y posteriormente es trasladada a la unidad competente para que se inicien con las pesquisas correspondientes para la oportuna judicialización y en coordinación con el Ministerio Público.
El año pasado atendieron 21 mil 993 llamadas y en los primeros 21 días de enero han ingresado 2 mil 382 llamadas; mientras que por la vía de correo electrónico se registran 1 mil 410 denuncias y por plataforma web 501.
Atacar la fuente económica
Uno de los principales objetivos de la Ley de Extinción de Dominio es atacar la fuente económica de la delincuencia organizada, y parte de las estrategias institucionales para combatir este flagelo es la extinción de todo de tipo de bienes que sean producto de actividades ilícitas.
Las estadísticas del Juzgado de Extinción de Dominio reflejan que durante el 2021 se dictaron 6 sentencias con lugar en las cuales se decretaron medidas cautelares en contra de 11 vehículos, 2 armas de fuego y 1 finca, los cuales son producto de extorsión. Además, fue despojado dinero en efectivo Q. 143 mil 706.45 y US$ 5 mil 062.50.
El artículo 47 de la Ley de Extinción de Dominio establece el destino de los bienes extinguidos y la manera en que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio distribuirá los recursos de la siguiente manera:
- 20% para las Unidades de métodos especiales de investigación
- 20% fondos privativos del MP destinados para programas de protección de testigos
- 18% al Ministerio de Gobernación para entrenamiento y adquisición de equipo
- 15% para la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio
- 25% para el Organismo Judicial
- 2% para la Procuraduría General de la Nación
