En el amparo se hace mención de la solicitud hecha por el Ministerio Público (MP) al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre informes de nombres y lugares para citar a los más de 125 mil integrantes de las mesas receptoras de votos, así como de otros involucrados en el proceso de elecciones. Además, de las solicitudes de retiro de inmunidad contra magistrados del TSE.
“El objetivo del amparo es que el proceso electoral culmine, como dice la ley, en paz y en libertad. El amparo va dirigido directamente al MP y CSJ, en el sentido de que finalice el proceso que todos los guatemaltecos esperamos”, declaró el doctor Jorge Ranero, expresidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.
A decir de Ranero, se busca primordialmente que se “respete la voluntad popular” manifestada en las urnas, y la acción legal busca que el proceso electoral concluya sin que se vea entorpecido por la judicialización.
“Cada proceso electoral lleva un sinfín de esperanzas y anhelos de cambio en el país, y creo que en este momento esos anhelos y esperanzas son mucho mayores de guatemaltecos que estamos interesado en ver un proceso electoral libre”, agregó.
Reclaman inestabilidad del proceso electoral
En el amparo firmado por los 12 ciudadanos, se describe que “con los requerimientos realizados por el MP al TSE y la CSJ, generados dentro de distintas causas penales y con la amenaza cierta” de hacer más requerimientos al Tribunal Electoral, se violenta la Constitución Política de la República.
Según el documento, propiciar estos requerimientos “impiden que el presente proceso electoral, se concluya” y que “de no llegarse a concluir, por esas acciones legales, indudablemente incidirá negativamente en la realización del bien común”.
“En el caso concreto, todos los requerimientos realizados por la autoridad impugnada tanto el TSE como la CSJ, quien conocerá sobre la admisibilidad de un antejuicio y otros que se pretendan promover, dentro del presente proceso electoral, no están acordes ni son coherentes con el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas”, se lee también en el amparo.
Además se considera que, los actos ponen en “grave riesgo” que concluyan las elecciones “al buscar desestabilizar, buscar desintegrar el TSE y afectar a los magistrados y a todas las personas que han colaborado y contribuido en el desarrollo del proceso electoral”.
“Todo lo cual, contraviene el precepto constitucional de que un proceso electoral debe desarrollarse en un ambiente de plena libertad, lo cual, no se alcanza plenamente, al estar de forma constante y permanente reclamando información propia del proceso e instando y tramitando acciones legales contra el ente electoral, por parte de las autoridades reclamadas”, añade.
Seguidamente, se hace mención de que se “corre riesgo que esa voluntad popular pueda verse afectada por los actos enunciados, al no tener el Tribunal garantías propias que le permitan realizar el presente proceso electoral hasta su finalización”.
Por lo que se reclama el “cese de cualquier persecución penal, antejuicio requerimiento de información o citaciones, por cualquier motivo por parte del MP y la CSJ, contra cualquier magistrado, funcionario, trabajador o miembro de las Juntas Receptoras de votos, Junta Electorales Municipales o departamentales, de digitadores, cuerpo de revisores y demás.
