A González se le otorgó arresto domiciliario “en su propio domicilio sin vigilancia alguna” y quedó obligada a presentarse cada 15 días al Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente a firmar el libro respectivo y no podrá salir del país sin autorización del Juzgado.
Esto ocurre 49 días después de que el juez décimo “B”, Jimi Bremer la ligara a proceso penal por el delito de abuso de autoridad y la enviará a prisión preventiva en la cárcel ubicada en el cuartel Matamoros.
González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción. Según el juez Bremer existen indicios de que cometió las irregularidades cuando laboraba como mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La abogada es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington.
Precisamente, el mismo día que González fue capturada, el 28 de agosto de 2023, el Ministerio Público realizó un allanamiento en la casa donde viven los padres de Sandoval.
El día de su detención, González aseguró a periodistas que el caso en su contra era una “persecución política” y criticó el procedimiento que aplicó el juez Bremer en su contra por no citarla a declarar antes de ordenar su detención.
Antes de su captura, González se desempeñaba como abogada defensora del exfiscal Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, y otros cuatro ex operadores de justicia que han denunciado ser objeto de persecución política por su labor investigando estructuras de corrupción e impunidad entre 2014 y 2020.
El 29 de agosto, el encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, había condenado la detención de la abogada González y la consideró como “una manipulación al sistema de justicia”.
Desde 2019 a la fecha, al menos 50 guatemaltecos entre fiscales, jueces, abogados, periodistas y activistas han tenido que exiliarse, tras denunciar persecución política en su contra por parte de la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras.
