“Me forzaron a renunciar del cargo y me encuentro en riesgo de sufrir daños irreparables a mi vida”, denunció Ruano por medio de un video difundido en sus redes oficiales.
Ruano, quien ejerció como juez penal durante 14 años, aseguró que la persecución en su contra inició después de que, en 2016, denunciara a la magistrada Stalling porque le solicitó que dejara en libertad a su hijo que estaba acusado dentro de una trama de corrupción.
Derivado de la denuncia de Ruano, Stalling fue procesada. Sin embargo, el año pasado recobró su libertad y su puesto como magistrada.
“Este es el peor momento para la justicia de Guatemala”, indició Ruano y responsabilizó a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de orillarle a renunciar a su cargo porque aceptaron un antejuicio en su contra que a su criterio “contiene datos falsos”.
En 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció al juez Ruano como uno de los actores anticorrupción más importantes del país y destacó su “labor por la independencia judicial”.
Tras anunciar su exilio, Ruano se une a los jueces de alto impacto Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, quienes también salieron del país en 2021 y 2022 tras ser perseguidos por actores a los que anteriormente habían juzgado por casos de corrupción.
Desde 2020, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, abogados y activistas que han denunciado persecución política por parte de los aparatos de justicia de Guatemala han tenido que salir al exilio y la mayoría se encuentra en Estados Unidos.
