La exjefa del Departamento Jurídico, Diana Benavides, detenida por este caso, denunció que fue coaccionada por parte del personal a cargo de la actual fiscal general, María Consuelo Porras, y por Mónica Solórzano, asesora de la bancada del partido oficial, quien a su vez es madrina de su hijo.
Benavides denunció que fue coaccionada y amenazada para que declarara en contra de la compra de un edificio que involucra a Thelma Aldana. También relató que la madrina de su hijo le advirtió de que si no quería ser implicada en un caso revirtiera dictámenes jurídicos.
“La persecución es infundada y una revancha en mi contra”, dijo Benavides.
“Cuando tomaron posesión -las nuevas autoridades del MP a cargo de María Consuelo Porras- empezaron a hacer negociaciones para hacer unos pagos a proveedores, pagos que eran ilegítimos porque están fundamentados en contratos y negocios nulos en pleno derecho y lo que correspondía era iniciar trámites para la nulidad de esos contratos”, fue parte de la declaración.
Continuó diciendo que “al darles la opinión contraria a los intereses de los asesores del despacho de Porras, lo que se hizo fue encerrarme en una oficina y coaccionarme”.
Además señala que Mónica Solórzano, asesora del partido FCN-Nación, le pidió que desistiera de las denuncias que había interpuesto al personal de confianza de la fiscal Porras. Añadió: “Me dijo que recordara que tenía al nene, ‘no quiero verte presa, accede, reunite con ellos'”.
Diana Benavides exjefa del departamento Jurídico del @MPguatemala responde las preguntas de querellantes de la Fundación contra el Terrorismo por la compra del edificio. pic.twitter.com/8WIQOOSRQ3
— Edwin Pitán (@Epitan_PL) October 1, 2019
En respuesta, Benavides le dijo a Solórzano que ya había emitido un dictamen jurídico que no era vinculante y presentó la denuncia correspondiente.
Porras responde
En rueda de prensa, Porras afirmó que la acusación que la sindicada hizo en su contra “es ir por la periferia” y que intenta desvirtuar los hechos por los cuales está siendo indagada.
Al tiempo que subrayó que es respetuosa del debido proceso, la fiscal general señaló que el juzgado debe “reconducir” a los sindicados para que circunscriban a responder por los hechos atribuidos.
Piden observadores
Los diputados que integran la comisión que investiga las actuaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) emitieron una declaración en la que se expresan respetuosos de la independencia institucional e informaron que invitaron al Organismo Judicial y al Ministerio Público para ser observadores de las audiencias que celebrarán.
De la misma forma, pidieron a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que también sea observador.
Quienes quieran dar testimonio de supuestos agraviados sufridos a causa de las actuaciones de la Cicig deberán llenar un formulario disponible en la web del Congreso o sus redes sociales y llevarlo personalmente a la Tercera Secretaría de ese organismo, hasta el 7 de noviembre.
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