“La fiscal general Consuelo Porras llegó al cargo con la misión de garantizar impunidad a las redes criminales que, en teoría, debería investigar. Esto hizo las cosas difíciles para los fiscales comprometidos con nuestro trabajo desde el primer día, pero en los últimos meses ha sido cada vez más claro: las investigaciones solo avanzan si son contra actores incómodos”, refiere el documento firmado por Herrera.
Agrega que “yo fui uno de los fiscales a cargo del Caso Comisiones Paralelas, que ilustra los esfuerzos y acuerdos que realizan distintos actores corruptos para mantener doblegadas las instituciones de justicia. Por esto debí tomar la dura decisión de salir del país, junto a mi familia, para evitar ser víctima de una injusta persecución diseñada para castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción y exigir que quienes se benefician de ella rindan cuentas”.
Herrera agregó que emprenderá acciones legales contra Porras y su equipo de trabajo.
Añade que “ante la oleada de persecución injustificada contra colegas que investigaron los casos más emblemáticos de la lucha anticorrupción, hago un llamado a la ciudadanía. Me niego a aceptar que una vida digna y el acceso a la justicia pronta y cumplida solo es posible si nos vamos del país que nos vio nacer. Y solo si fortalecemos esa convicción y trabajamos por que se materialice, podremos poner un alto a tantos abusos. A mis colegas criminalizados, les admiro y me solidarizo. Tenemos la conciencia tranquila que lo único que hicimos fue hacer nuestro trabajo con dignidad y decoro”.
Hasta hace unos días, al menos 13 exoperadores de justicia guatemaltecos se encuentran en el exilio debido a la persecución que enfrentan en el país, según afirmó el exfuncionario del Ministerio Público Juan Francisco Sandoval.
El abogado, líder de la lucha anticorrupción entre 2014 y 2019 en Guatemala, indicó en una entrevista en medios internacionales que el motivo del exilio se debe a la “persecución” en contra de los fiscales anticorrupción por parte de la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
Sandoval recordó que tuvo que salir al exilio en julio de 2021 tras ser removido de su cargo por la misma Porras, quien lo acusó de supuestos “vejámenes” en su contra.
La mencionada decisión de Porras provocó que Estados Unidos la sancionara en septiembre de 2021 con la remoción de su visa y el impedimento de visitar la nación norteamericana, acusada de “obstruir” la justicia en casos de alto impacto.
Sandoval dijo en julio, antes de salir de Guatemala, que investigaba un presunto caso millonario de corrupción del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, con ciudadanos rusos por la licitación de un puerto, cuando fue removido de su cargo.
Además de Sandoval, también se encuentran en Estados Unidos exiliados la exjefa del Ministerio Público Thelma Aldana (2014-2018) y el fiscal Andrei González, entre otros, quienes de igual forma protagonizaron la lucha anticorrupción en Guatemala entre 2014 y 2018.
Dicha lucha anticorrupción comandada por Aldana, Sandoval y el exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez, desmanteló más de 50 estructuras clandestinas de corrupción y puso tras las rejas a más de 200 políticos y miembros de la élite empresarial.
Sin embargo, en la última semana el Ministerio Público bajo el mando de Porras ordenó la captura de seis fiscales anticorrupción en dos casos distintos, uno de ellos “bajo reserva” por lo que no se tiene información pública. En el otro caso, los fiscales están acusados de supuestamente coaccionar a un testigo.
Una de las detenidas, Leily Santizo, declaró el martes que teme por su vida pues se encuentra en la misma cárcel que docenas de personas a las que imputó penalmente.
Sandoval añadió el miércoles “hay que investigar” a Porras pues “no es normal que 13 operadores de la justicia estemos en el exilio” y “por lo menos cuatro personas que trabajaron en conjunto con la Cicig estén en prisión”.
Preocupación internacional
Tanto Estados Unidos como el Reino Unido expresaron el miércoles último su “preocupación” por las detenciones de fiscales ordenadas por el Ministerio Público que lidera Porras.
La Cicig se estableció en Guatemala en 2007 a través de un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas para desarticular los aparatos clandestinos dentro del Estado en el país centroamericano, uno de los seis más corruptos de Latinoamérica, según diversos estudios al respecto.
Sandoval fue uno de los líderes de la investigación que en 2015 obligó al presidente de Guatemala en aquel momento, Otto Pérez Molina, a renunciar para enfrentar cargos por millonarios sobornos en el ente recaudador de impuestos.
Niega criminalización
Porras negó el miércoles último que se esté criminalizando a operadores de justicia como se ha dicho “en redes sociales y algunos medios de comunicación”, y aseguró que lo que se hace es cumplir con lo que establece la ley.
En torno a ese tema, Porras sacó a colación la solicitud de retiro de inmunidad del juez de mayor riego Pablo Xitumul, quien, según la fiscal, valiéndose de su cargo en 2019 evitó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) revisaran el vehículo de una persona que al parecer es su hijo y quien se cree estaba en estado de ebriedad, con lo que obstaculizó la labor policial, lo que fue objeto de denuncia y “se procede conforme a la ley”.
También mencionó el caso de las abogadas Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y Eva Sosa, exfical de la Feci, quienes fueron detenidas como parte de una investigación sobre sus actuaciones en esos organismos, aunque el caso ha sido señalado por defensores de derechos humanos y la comunidad internacional de persecución contra quienes lucharon contra la corrupción y la impunidad.
“Respecto al Caso Cooptación y Corrupción Judicial debo de manifestar que el mismo se encuentra bajo reserva judicial, razón por la cual no es posible ahondar en detalles respecto del mismo, pero sí puedo indicar que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas”, afirmó Porras.
Agregó que “en ese sentido también se estará solicitando el retiro de inmunidad de la juez -Erika Aifán, quien conoció el caso por el cual fueron detenidas- por su posible participación en dicha acción ilegal no constituyendo todo lo anterior en criminalización ni venganza, sino por el contrario implica el estricto cumplimiento de la ley”.
