“O sea, utilizamos un aparato estatal, utilizamos a un Ministerio de Gobernación, usamos a la Policía Nacional Civil, usamos a las personas que laboraban en ella para darle muerte, para ejecutar extrajudicialmente, para no llevar a la justicia” a este tipo de personas, dijo el fiscal.
El investigador también enfatizó que personas que eran ajenas a las extorsiones también pudieron haber sido asesinadas por esa estructura, y dio dos ejemplos concretos de víctimas.
El fiscal dijo que era evidente “el control que tenía la señora Blanco Lapola sobre el grupo de asesores y de policías encargados del tema de extorsiones”.
El poder de la exdirectora era tanto, dijo Herrera, que un colaborador testificó que los asesores iban armados cuando estos no debían estarlo, precisamente por ser asesores. “Se les dio armamento por eso, porque estaban dedicándose a asesinar extorsionistas”, dijo el investigador.
Según las pesquisas, Blanco Lapola también se reunía con frecuencia con su “equipo” en hoteles para planificar investigaciones que no estaban autorizadas, puntualizó el MP.
La también exviceministra fue capturada en el 2012 por agentes de la Policía e integrantes de la fiscalía de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sospechosas de asociación ilícita y ejecución extrajudicial.
Blanco Lapola, junto a Mártir García Hernández, Wilder Valdez López y Lino Efren García Castillo fueron enviados a juicio este viernes por los delitos de asociación ilícita y ejecución extrajudicial.
Así también Israel Chávez y Chávez, por ejecución extrajudicial.
