Mientras Barquín aseveró confiar en la justicia y espera que la audiencia se desarrolle con respeto. “Primero dar gracias a Dios por la oportunidad de poder dar explicaciones a la jueza”, agregó.
Los delitos que le imputan a los exparlamentarios y exalcalde son:
- Martínez Lohayza: asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito.
- Barquín Durán: asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito y peculado por uso.
- Cordero Cardona: peculado por sustracción.
Las aprehensiones se han dado como seguimiento al caso lavado y política descubierto en el 2015 por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), en el cual se utilizaba dinero ilícito para el financiamiento de partidos políticos.
Según el MP, la red de lavado de dinero a la que pertenecían los exfuncionarios operaba en Jutiapa, entre el 2008 y 2011, y su cabecilla era Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar.
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El 15 de julio del 2015, la Cicig y el MP dieron a conocer el funcionamiento de la estructura.
Modo de operar
Las investigaciones del MP señalan que la organización recolectaba dinero a través de personas particulares y de algunas organizaciones que ya han sido investigadas en Guatemala y en el exterior por lavado de dinero.
Morales Guerra introducía el dinero al sistema financiero a través de unas 200 empresas ficticias y de testaferros, quienes a su vez transferían el dinero a sus cuentas hacia diferentes países, aparentando que provenían de transacciones comerciales.
Se documentaron 686 transferencias al exterior que ascienden a US$33 millones (aproximadamente Q255 millones) pero se estima que las operaciones de lavado podrían llegar a Q937 millones.
El MP indica que Edgar Barquín Durán, quien fungía como presidente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, habría ayudado a Morales Guerra para que saliera intacto de investigaciones.
Por este caso el 16 septiembre de 2016 fue condenado a través de un procedimiento abreviado a 2 años y 6 meses de prisión inconmutables por tráfico de influencias, tras declararse culpable de haber cometido dicho delito.
También fueron enviadas a juicio 12 personas, entre ellas, Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dólar”, quien lideraba la red de lavado.
La investigación inició por denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.
Se determinó que dicha red utilizaba el dinero obtenido de manera ilícita para el financiamiento de partidos políticos.
