Exdiputado Jorge García Silva acude a audiencia de primera declaración en caso de corrupción en el Insivumeh
Exdiputado Jorge García Silva es señalado de liderar una estructura que cometió corrupción en el Insivumeh.
El exdiputado Jorge García Silva es señalado en el caso Clima, Corrupción y Poder. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)
El exdiputado Jorge García Silva acudió este viernes 17 de enero a la audiencia de primera declaración en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, por el caso Clima, Corrupción y Poder.
El Ministerio Público (MP) ha hecho la sindicación de los delitos de fraude, abuso de autoridad y asociación ilícita en contra de García Silva.
Además, durante la audiencia de este viernes, el MP lo señaló de haber sido el líder de la estructura que habría incurrido en actos de corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Meteorología, Vulcanología e Hidrología (Insivumeh).
García Silva, a quien el MP también lo sindicó por el delito se lavado de dinero, se abstuvo de declarar.
La audiencia continuará el próximo 21 de enero y será el momento del uso de la palabra de su abogado defensor.
García Silva señaló que la sindicación se aleja de la realidad y arremetió contra las personas que estaban con anterioridad al frente de la Fiscalía contra la Corrupción.
Insistió en su inocencia y dijo que este caso le afectó como persona, por lo que espera que la verdad prevalezca.
“Los invito a que analicen un poco la coyuntura del 2021 y piensen a quiénes les favorecía esta cortina de humo fabricada por las personas de la Fiscalía contra la Corrupción de ese tiempo. A quiénes les favoreció para promoverse y optar a un mejor puesto”, dijo Silva, quien dijo que incluso hay jueces que se han beneficiado del caso, aunque no dio nombres.
Detalles de caso
De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.
Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.
La Fiscalía agregó en su momento que, aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, quien fungía como asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien fungía como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.
Añadió que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.
El MP agregó que “las pesquisas revelaron que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.