La construcción había pertenecido a Cano como pago de honorarios profesionales por ser el primer abogado de Baldetti durante el caso La Línea, del cual ella espera juicio.
Cano está ligado a proceso por lavado de dinero en el caso Cooptación de Estado, pero tiene libertad.
En la audiencia de hoy, Cano compareció ante la jueza y solicitó que le sean devueltos Q1 millón 125 mil por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la multa de Q150 mil que cobró la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El monto es lo que Cano asegura que pagó al fisco por concepto de impuestos de escrituración del inmueble. Una fuente de la SAT informó que el reclamo de Cano por la devolución de los impuestos debe hacerse ante esa entidad, y no ante un Juzgado de Extinción de Dominio, la cual deberá revisar el expediente y después remitir el caso al Ministerio de Finanzas Públicas y al Banco de Guatemala para que siga el trámite a fin de que se le devuelva el dinero.
“No me opuse a la extinción del edificio. Pero adicionalmente solicité la devolución del pago de los impuestos”, dijo Cano.
Juan Guevara, quien defiende a Cano, explicó que su cliente es tercero interesado de buena fe, exento de culpa, porque no se opone a la extinción.
La historia del edificio y el PP empezó cuando un abogado comunicó a Juan Carlos Monzón, antigua mano derecha de Baldetti y colaborador eficaz de la Fiscalía, que la construcción estaba en venta.
Los dueños originales cerraron el negocio por US$1.4 millones con Transacciones Monetarias Unidas, una empresa de Jonathan Chevez, procesado por ser el encargado de lavar dinero de la estructura que lideraban el expresidente Otto Pérez y Baldetti, de acuerdo con el Ministerio Público (MP).
Según el MP, el dinero con el que se pagó el edificio fue producto de coimas de contratistas a funcionarios del PP y sería la futura sede del partido.
Para el presente juicio, los dueños originales de la construcción están propuestos como testigos y brindarán su relato a la juzgadora a puerta cerrada.
El edificio estaba destinado a ser la sede del extinto PP, pero fue embargado en junio del 2016 y en la actualidad está en manos del Organismo Judicial (OJ) de forma momentánea para oficinas.
Reproche
Cano mostró el 8 de julio de 2016 que su relación con Baldetti no terminó bien. En una audiencia del caso Cooptación del Estado, se le vio molesto haciendo reclamos a la exvicemandataria.
Minutos antes, la defensa había expresado ante el juez Miguel Ángel Gálvez que Cano no sabía que la compra del edificio fue irregular, pero él lo recibió porque la forma de cobrar por sus servicios de abogacía.
Contenido relacionado
>SAAS y entidades del Ejecutivo incumplen Ley de Acceso a la Información
>Jueza resuelve a favor de diputados señalados de discriminación
