El artículo 20 de la Ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia covid-19 establecer que, con carácter extraordinario y únicamente durante el plazo de tres años, la Senabed puede entregar por tres años un inmueble para uso temporal gratuito a la cartera de Salud y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para atender la crisis sanitaria generada por el covid-19.
Aunque la Secretaría cuenta con varios inmuebles y terrenos que están en proceso de extinción, la gran mayoría no tiene las condiciones y características requeridas por la cartera de Salud, que son contar con una superficie mayor a 900 metros cuadrados para ampliación de áreas y preferiblemente que sean propiedades construidas como bodegas, hangares, hoteles, canchas deportivas, áreas ventiladas o libres, explica Jorge Mario Andrino, secretario de la institución.
Añade que tienen identificados al menos 12 terrenos o parcelas en donde Salud podría instalar alguna sede sanitaria, porque hasta ahora solo cuentan con un hotel que está en Huehuetenango y el cual consideran que podría ser utilizado en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.
“El que más visualizo para ofrecerles de inmediato es un autohotel bastante grande, según las fotos que me enviaron, que se encuentra en Huehuetenango. Puede ser utilizado como un hospital temporal, porque tiene ciertas capacidades”, afirmó Andrino.
Inmuebles enlistados
Si la solicitud del uso de los inmuebles es urgente, Salud solo podría contar, de inmediato, con el hotel. Sin embargo, Andrino aclara que hay 12 terrenos o parcelas enlistados más, que no tienen las dimensiones solicitadas por la cartera, porque no podrían instalar un hospital, pero si un centro de vacunación.
“Quiero hablar con el ministerio –de Salud—al respecto, porque al darnos esas dimensiones nos deja con muchas limitaciones. No tenemos terrenos tan grandes. Las fincas que pudiéramos darles, en su gran mayoría están invadidas y están en proceso judicial porque se han presentado denuncias por la invasión. Sacar a unas personas para meter ahí al ministerio, no sé que tanto podría ser viable, pero también estarían a disposición”, explicó Andrino.
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Añade que también tienen enlistados siete inmuebles, entre los cuales resaltan el autohotel y casas, los cuales podrían ser posibilidades para que los utilicen como sedes sanitarias, pero todo dependerá si se acoplan a sus necesidades.
Explica también que estos bienes no se les puede hacer ninguna inversión pública o construcción, debido a que muchos no están extintos a favor del Estado, por lo que deben hacer acondicionamientos temporales o prefabricados. Además, señala que el MSPAS al momento de elegir algún bien para utilizar en el contexto de la pandemia, deberá comprar una fianza de aseguramiento, en caso de devolverla a la persona que aparece como dueño en el proceso de extinción.
Derecho a la salud
En el contexto de la pandemia en el país, la Ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia covid-19 también establece en su artículo 20 que las instituciones públicas deben privilegiar el derecho a la salud, por lo tanto, deben poner a disposición de las autoridades sanitarias las instalaciones en todo el país para adecuarlas a la prestación de servicios de salud.
Prensa Libre consultó al departamento de comunicación de la cartera de Salud, pero indicaron que aún no con información precisa si han solicitado o no el apoyo a otras instituciones para solicitar sedes en donde puedan ampliar su cobertura de servicios sanitarios.
El hotel de Baldizón
En mayo del año pasado, el presidente Alejandro Giammattei pidió a la fiscal general, Consuelo Porras, utilizar el hotel vinculado al excandidato presidencial, Manuel Baldizón para utilizar como albergue de pacientes leves de covid-19. Sin embargo, la propiedad no fue utilizada.
Después que fue anunciado convertir esa propiedad en un albergue temporal, los representantes legales presentaron acciones legales contra la Senabed, las cuales fueron declaradas sin lugar. Sin embargo, insistieron y presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el MP, el cual también fue rechazado. El objetivo era detener el convenio para conceder la propiedad en albergue.
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Juan Luis Pantaleón, jefe de la oficina de prensa del ente investigador, explicó que al inicio se tenía previsto ceder el inmueble para que funcionara como albergue para pacientes de covid-19 por seis meses, pero el Ejecutivo ya no solicitó el convenio que tenían previsto.
Esta es una de las más de 35 propiedades que el Ministerio Público vincula con Baldizón, ya que, en 2018 fue inmovilizado el edificio Vista Panorámica de 15 pisos, el cual es utilizado por el ente investigador como sede de la Fiscalía de delitos de narcoactividad.
