“Consideramos que de alguna manera puede generar alguna inconstitucionalidad. Por eso lo reformamos -el documento enviado por el Ejecutivo- y se tipificó -a las pandillas- como un elemento más dentro de los otros grupos delictivos”, dijo Jorge Castro, secretario de la referida comisión, durante una conferencia de prensa, este 27 de febrero.
El artículo 1 propuesto, que reforma el 391 del Código Penal, establece: “quien, con el propósito de atentar contra el orden constitucional o de alterar el orden público, coacciones a otros a ejecutar o ejecutare actos encaminados a provocar incendio o a causar estrago o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos será sancionado con prisión de cinco a 15 años”.
“Si se empleare materiales explosivos de gran poder destructor para la comisión de este delito o si a consecuencia del mismo resultare la muerte o lesiones graves de una o varias personas, el responsable será sancionado con prisión de 10 a 30 años, más multa de 25 mil a 800 mil dólares de los Estados Unidos”, indica el documento.
El artículo 2, que reforma el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, establece que se considera grupo delictivo organizado u organización criminal a los grupos conocidos como “maras” o “pandillas” y cualquier otro grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos.
La iniciativa continuará su proceso de aprobación en el Organismo Legislativo, pero también las comisiones de Gobernación y Asuntos de Seguridad Nacional deben emitir su opinión y propuestas sobre la misma.
Óscar Argueta, presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, informó que el dictamen va encaminado a ser favorable con modificaciones, ya que a su consideración el término de “terrorista” para denominar a las pandillas podría ser inconstitucional. Por lo que a su consideración se proponen reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada para que sean tipificados como “grupos de altísima peligrosidad”.
El diputado manifestó que el dictamen podría estar listo para el jueves de la próxima semana, ya que al haber un documento establecido, este serían enviado a la Secretaria General de la Presidencia para que haga las consideraciones necesarias.
“Se conformarán dos meses, la primera reactiva para que los recursos del Ejecutivo se enfoquen en el combate frontal a las maras y la segunda mesa es de carácter preventivo para crear programas para que en los territorios donde hay alta presencia de pandillas se le dé atención a jóvenes y niños en riesgo para que no caigan en manos de las maras”, señaló Argueta.
Este es el dictamen:
Por aparte, el presidente de la Comisión de Gobernación, Sergio Arana, dijo que espera que diferentes instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Organismo Judicial y la Policía Nacional Civil, entre otras, les entreguen los informes solicitados, y, con base a ellos, dictaminar favorable o desfavorable la iniciativa que envió el presidente Alejandro Giammattei.
Un primer borrador de esa comisión daba favorable el dictamen y sí catalogaba de “terroristas” a los pandilleros.
Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), consideró que esta iniciativa estaría duplicando lo que establece la asociación ilícita, normado en la Ley contra la Delincuencia Organizada.
“Los mismos ponentes de la Ley en El Salvador reconocieron que no había sido eficaz; al contrario, lo que se logró fue una restructuración de las pandillas, al perfeccionar la acción delictiva”, añadió.
Sigue sesión permanente
El Congreso aún no finaliza la sesión permanente declarada desde el 11 de febrero pasado. En la sesión de este jueves el Congreso improbó la liquidación al presupuesto de ingresos y egresos del Estado del 2018.
Los diputados intentaron enviarla a Comisión, pero no hubo respuesta positiva. Al momento de votar para aprobar la liquidación solo hubo cinco votos favorables.
En el momento de discutir la iniciativa de reforma constitucional, el diputado Álvaro Arzú Escobar, por se un tema que necesita 107 votos, solicitó poner en cero el tablero, ya que habían marcados 109 parlamentarios. Al revisarse el quórum solo se marcaron 47 por lo que se suspendió la sesión y continuará el próximo martes, 3 de marzo, a las 14 horas.
La sesión no fue dirigida por el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, ya que durante la mañana participó en una actividad sobre la lucha contra la trata de personas en el Palacio Nacional de la Cultura, en la que participó el presidente Giammattei, el vicepresidente Guillermo Castillo y la presidenta del Organismo Judicial, Patricia Valdés.
