El mencionado estado de Sitio se argumentaría con el supuesto riesgo que representa la Cicig para la seguridad nacional, lo cual es analizado por el Consejo Nacional de Seguridad.
Además, esta semana el presidente Jimmy Morales emprendió una afrenta directa desde sus redes sociales en contra de la labor de la Cicig.
El gobernante pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue al mandatario de la Cicig, César Rincón, abogado que encabeza el equipo que acompaña desde la Comisión el caso Botín Registro de la Propiedad, el cual involucra al hijo y al hermano de Morales, por haber hecho comentarios sobre que el mandato de la Cicig está por encima de la Constitución de Guatemala.
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El comunicado de la Anam, según su presidente, Edwin Escobar, responde a que actualmente existe una polarización que podría llevar al rompimiento del orden constitucional.
Sin embargo, el apoyo de los jefes ediles no es, según Escobar, al Ministerio Público ni a la Cicig, sino a mantener la institucionalidad, aunque afirma que la Fiscalía y la Comisión deben seguir trabajando contra la corrupción.
“Aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando de mantener la institucionalidad. Eso es lo importante”, dijo Escobar.
“Es importante recordar que los alcaldes de forma colegiada le manifestamos —al presidente— en agosto del 2017 que si él se comprometía a seguir con la lucha contra la corrupción y la impunidad contaría con nuestro apoyo”, afirmó.
Un antecedente: Alcaldes respaldaron a Morales en 2017 cuando intentó expulsar a Iván Velásquez
Son rumores
Rodolfo Rohrmoser, exmagistrado de la CC, considera que solo se trata de rumores. “Las personas opinan lo que sea, pero es su derecho a la libre expresión”, enfatizó.
“Él —Jimmy Morales— debe estar debidamente asesorado y no creo que irrespete la resolución de la Corte”, añadió.
El exmagistrado enfatizó que cualquier diferencia de opiniones entre la Cicig y Morales tiene que ser resuelta por las Naciones Unidas.
Para declararlo tiene que haber una verdadera causa. No se están violentando los requisitos que exige un estado de Sitio.
El vocero presidencial, Heinz Hiemann, respondió que se trata de un “rumor viejo”, que ya fue desmentido por la Secretaría de Inteligencia Estratégica.
“Es otro tema que desmintió la Secretaría. Los procesos están encaminados en Naciones Unidas”, respondió, sobre un nuevo intento de expulsar a Velásquez.
La Ley de Orden Público establece en su artículo 16 que el estado de Sitio se puede decretar con “el motivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos las Instituciones Públicas o cuando hechos graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado”.
En el artículo 19 de la misma norma se contempla que la autoridad militar, en este caso el presidente, como comandante general, puede intervenir o disolver, “sin necesidad de prevención o apercibimiento, cualquier organización, entidad, asociación o agrupación, tenga o no personalidad jurídica”. Indica, además, que podrá ordenar sin necesidad de mandamiento judicial la detención o confinamiento de sospechosos de conspirar contra el Gobierno o alterar el orden público. Además, puede repeler o reprimir cualquier acción contraria a las disposiciones, acuerdos u ordenanzas dictadas para el restablecimiento de la normalidad.
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Sería un error
Según analistas, si se ordenara un estado de Sitio sería un error de Morales que podría tener repercusiones incluso penales, por el alcance ilegal de tal acción, ya que entrarían en juego las circunstancias que la motivan y que rodean al mandatario.
El presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), Ovidio Parra, afirmó que en este momento no es necesario ningún estado de Excepción.
Para declararlo tiene que haber una verdadera causa. No se están violentando los requisitos que exige un estado de Sitio.
“Si él piensa que se violenta un estado de Derecho, porque va en contra de sus intereses, sería un grave error”, recalcó.
Parra señaló que el gobernante no puede expulsar otra vez al comisionado Velásquez porque esa acción está plenamente amparada por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, expuso: “No hay una crisis que amerite esos extremos. Evidentemente tendrían un fin perverso de coaccionar el derecho de manifestación de la población, ante una insistencia sin sentido del presidente”.
El procurador señaló que el país no necesita más crisis, “menos innecesarias”.
En cuanto a la posible expulsión de Velásquez, Rodas coincide con Parra en que la CC suspendió en definitiva esa acción presidencial, por lo que el presidente no puede transgredir lo resuelto.
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No hay una crisis que amerite esos extremos (...) tendrían un fin perverso de coaccionar el derecho de manifestación.
Normativa vieja
Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, dijo que Ley de Orden Público faculta al Ejecutivo para decretar un estado de Sitio. “Es una normativa vieja. Recuerdo que de 1965 y ha sido modificada en varias ocasiones”, explicó.
Según Molina, el Ejecutivo puede tomar esa acción, siempre y cuando tenga indicios fiables de que habrá actos de sabotaje, ataques armados a particulares, o cuando haya amenazas al orden constitucional.
Con información de Manuel Hernández, Glenda Sánchez, Carlos Álvarez y Henry Pocasangre.
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