Explicó que entre los otros puntos resolutivos a cumplir están: brindar atención medica psicosocial de manera gratuita, garantizar, a través de las instituciones de salud, que la atención medica se otorgue en la clínica más cercana al lugar de residencia de las víctimas, asumiendo los costos de traslado.
También, implementar mecanismos de fiscalización y supervisión de los servicios de salud, mejorar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de las prestaciones de salud para las personas que viven con el VIH.
Además, garantizar la provisión de antirretrovirales y la demás medicación indicada a toda persona afectada, ofrecer a la población las pruebas diagnósticas para la detección del VIH.
La sentencia ordena que se debe poner en marcha un cronograma de capacitación para funcionarios del sistema de salud, garantizar tratamiento médico adecuado a mujeres embarazadas con VIH, realizar campañas de concientización y sensibilización.
Asimismo, realizar los pagos indemnizatorios en concepto de daño material e inmaterial a favor de las víctimas con vida y familiares de las víctimas fallecidas.
De qué trata el caso
Según sentencia de la Corte IDH, del 23 de agosto de 2018, al 2 de diciembre del 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, sometió el caso a la Corte IDH, por la presunta responsabilidad internacional del Estado, por la violación de diversos derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de 49 personas, quienes fueron diagnosticadas con VIH en los años 1992 y 2003.
La Copadeh afirmó que dentro del marco de su competencia, asesora y coordina para dar cumplimiento a cada uno de los compromisos ya descritos, por lo cual realiza la coordinación de reuniones interinstitucionales, con el objetivo de fijar rutas de trabajo y avanzar en el cumplimiento de los compromisos.
