Los resultados se obtuvieron de mil encuentras realizadas a personas seleccionadas al azar de población representativa del país y a personas que se desempeñan en las diferentes ramas del derecho y académicos. De acuerdo con David Casasola, analista del Cien, la medición del estado de Derecho la cual es “totalmente cualitativa”.
El experto explicó que “existe una percepción de una presencia débil de un estado de derecho” en diferentes aspectos y refirió que a pesar de que se han dado diferentes situaciones en el acontecer nacional “no existe una tendencia clara, ni hacia una mejora, ni hacia el retroceso de una forma fuerte”, a esto se le suma que en los últimos diez años “ha venido una tendencia hacia la baja” lo que es un comportamiento muy generalizado alrededor del mundo.
Subfactores y puntaje
Para Guatemala las percepciones identifican a la justicia criminal como un factor con débil presencia del estado de derecho y se destacan tres subfactores por su baja calificación, los cuales son: Los sistemas correccionales son efectivos para reducir el comportamiento criminal, el sistema de investigación criminal es efectivo y sistema criminal es oportuno y eficaz.
Casasola explicó que los valores cercanos a cero reflejan que “están muy alejadas de lo que sería la presencia de un estado de derecho” e hizo referencia que el componente peor calificado fue la justicia criminal, seguido por la ausencia de la corrupción y justicia civil.
Estado de Derecho en Guatemala
En los últimos años se marca un descenso en el estado de Derecho, de acuerdo a los informes del Proyecto de Justicia Mundial.
De los 139 países analizados Guatemala ocupa el 109, es decir, con percepción menos favorables de la presencia del estado de derecho y seguido de Venezuela, Nicaragua y Honduras. Mientras que la nación con mejor apreciación es Dinamarca, Estados Unidos, Costa Rica y Chile.
Necesario crear indicadores
El Cien concluye en que la presencia de un estado de derecho está asociada a la creación de un entorno favorable para los habitantes de un país, por lo que se emerge en la necesidad de contar con un sistema de indicadores cuantitativo como herramienta que permita informar a la población e incidir en la toma de decisiones.
Además, recomiendan crear estadísticas que monitoreen los tiempos que toma realizar distintos procesos al momento de impartir justicia, a fin de que sirvan como insumo para implementar acciones para su aplicación.
También consideran necesario avanzar en el desarrollo de infraestructura carcelaria y en la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria para fortalecer la función rehabilitadora del Sistema Penitenciario.
¿Por qué es importante el estado de derecho?
Al existir un estado de derecho se brindan las garantías para los miembros de una sociedad y el conjunto de acuerdos mínimos los cuales regirán el comportamiento y proceso por medio del cual se penalizará su incumplimiento.
Además, facilita la creación de condiciones para mejorar el nivel de vida de la población, al contar con un gobierno efectivo para proveer bienes y servicios de calidad y un entorno propicio para el desarrollo de actividades económicas beneficiosas para el país.
Un 42 % de eficiencia global
El flujograma es un proyecto impulsado por el Cien, el cual busca medir la eficiencia de las instituciones y hasta ahora el rendimiento global es de 42.7%, lo que significa que instituciones como el Organismo Judicial (OJ) tiene más mora judicial, la cual suma 147 mil 170 casos y el Ministerio Público (MP) refleja una mora de 870 mil 501, hasta diciembre de 2021.
El año pasado ingresaron en los Juzgados Penales 58 mil 24 casos, mientras que en los Juzgados de Paz 9 mil 517 casos.
El período en el que se realizan las investigaciones y recaba los indicios el MP, la mayoría de los sindicados son privados de su libertad y hasta diciembre de 2021 se suman 11 mil 022 personas en prisión preventiva, lo que representa una ocupación del 269 %; las personas que están cumpliendo una condena son 13 mil 651, lo que representa un 497%.
Del total de casos ingresados en los diferentes órganos jurisdiccionales, el OJ ha otorgado medidas sustitutivas a 10 mil 804 personas.
