El procurador ocupó menos de cinco minutos para mostrar su punto. Reclamó que solicitar la salida de Kompass al gobierno de Suecia fue una decisión unilateral que no consta que haya sido ordenada por el presidente y que no responde a ningún plan o política exterior. Además, señaló que en la carta donde se pide el retiro del embajador de Suecia no se cita ninguna ley.
“Después cualquier persona va a poder expulsar embajadores que no les agraden”, dijo Rodas.
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Por parte del Ejecutivo intervino la ministra Sandra Jovel, el abogado Luis Antonio Lam Padilla, y el abogado de la Procuraduría General de la Nación, Pedro Paz Pérez.
La canciller aseguró al pleno de magistrados que su comparecencia buscaba defender la Constitución y el orden jurídico. Dijo que el Minex tiene la potestad de llevar la política exterior y de actuar de la forma en la que lo hizo.
“Esta acción de amparo es una intromisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos, es una violación a nuestro sistema republicano”, dijo la canciller.
Hace 15 días, la canciller se presentó a la Corte de Constitucionalidad junto a todo el Gabinete de Gobierno a una vista pública para conocer otro amparo relacionado con el retiro del embajador Kompass.
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El Ejecutivo guatemalteco pidió la retirada de Kompass y de su homóloga venezolana, Elena Alicia Salcedo, por injerencia en asuntos internos.
Por ahora, el proceso de retiro está detenido por un amparo de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó al Ejecutivo buscar una “solución amigable” con Suecia.
Según Jovel, las actuaciones del embajador afectan las relaciones entre ambos países.
“Guatemala ve con preocupación las actuaciones que ha realizado el embajador Kompass durante el breve tiempo de su estadía en el país, las cuales continúan afectando las excelentes relaciones político-diplomáticas entre Guatemala y Suecia”, redactó Jovel en una carta a su homóloga Margot Wallstrom el 2 de mayo.
La canciller hacía referencia a un comentario de Kompass que realizó el pasado 11 de enero, cuando anunció una donación de Suecia a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de US$9 millones para el período 2017-2019, en la que hizo referencia a la corrupción arraigada en el sistema.
Mientras la representante sudamericana ya no se encuentra en el país, según la Cancillería, Kompass aún no ha sido retirado por el gobierno sueco.
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