“Me preocupa enormemente el uso sistemático de armas jurídicas para obstaculizar la toma de posesión de la jueza Porras”, destacó el experto en un comunicado, donde recordó la carrera de la magistrada en materia de protección y garantías de los derechos humanos y el estado de Derecho.
García-Sayán recordó que Porras ha sido objeto de varias formas de acoso judicial, discursos de odio y campañas de estigmatización en las redes sociales, incluso por motivos de género.
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“Estas acciones son parte del debilitamiento del estado de Derecho y de la independencia judicial en Guatemala”, aseguró el jurista.
Porras fue reelegida para el cargo el 4 de marzo a través del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y debía reanudar sus funciones para otro mandato de cinco años el 14 de abril, sin embargo, un amparo provisional bloqueó su juramentación a la espera de que se resuelvan las impugnaciones al proceso de selección.
Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia admitió también a principios de marzo una solicitud de retiro de inmunidad contra Porras y otro magistrado del tribunal, José Francisco de Mata Vela, y días después se creó una comisión pesquisidora en el Congreso para retirar su inmunidad judicial.
García-Sayán consideró estas acciones “actos de intimidación y represalias”, mediante el “uso indebido del procedimiento de destitución y otras medidas legales, que también se han utilizado contra otros magistrados titulares y suplentes de la Corte” y que en su opinión buscan interferir en la independencia del poder judicial.
#Guatemala: Es un honor que la magistrada Gloria Porras de la @CC_guatemala nos visite esta semana en nuestras oficinas en Washington D.C.; se reunirá con el Dr. Alberto Mora, director de Programas Globales @ABARuleofLaw @JusticeDefend a conversar sobre el Estado de Derecho.
— ABA Justice Defenders Program (@JusticeDefend) April 19, 2021
Habla Porras
Actualmente, Porras está en Washington atendiendo invitaciones del Programa de Defensores de la Justicia del Colegio de Abogados Norteamericanos (ABA en inglés) para dar entrevistas y conferencias sobre estado de Derecho. En una entrevista con el portal digital salvadoreño El Faro, Porras señaló que la operación en su contra es “una violación del estado de Derecho y un atentado contra la democracia” de Guatemala.
También esas acciones contra su reelección son resultado de los fallos de la Corte, en los cuales su voto ha inclinado la balanza contra la corrupción e impunidad. “Eso ha resultado molesto para diferentes actores: personas de organismos de Estado, personas que están vinculadas con el crimen organizado…”, consideró.
Tras la decisión del Congreso de no juramentar a Porras, varios actores políticos que se han visto afectados por sus decisiones como presidenta de la Corte de Constitucionalidad han amenazado con interponer acciones civiles y penales contra ella.
Mientras tanto, miembros del oficialismo han criticado que la CC del periodo anterior, en la cual Porras fue parte, abusó de su poder que tuvo como efecto el cierre de empresas y la independencia de poderes.
