La CC anula la “asistencia para la debida ejecución”, la multa de Q1 mil impuesta por la Sala Tercera la jueza Aifán, y que se certifique lo conducente al Ministerio Público, que conocía una denuncia en contra de la juzgadora.
La CC ordena también que la Sala Tercera, en un plazo no mayor de cinco días a partir de que la resolución esté en firme, dicte una nueva resolución, en la que declare sin lugar la solicitud de asistencia para la debida ejecución, formulada por Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia Bitkova.
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El fallo del máximo organismo constitucional considera que en “reiterada y abundante jurisprudencia” ha establecido que corresponde a los jueces de la jurisdicción ordinaria, de manera exclusiva, la tutela judicial, por lo que sus apreciaciones, estimaciones y criterios no pueden ser objeto de revisión en la vía constitucional.
“La garantía constitucional, más bien, debe circunscribirse a controlar que se hayan respetado y observado los derechos que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico reconocen, entre éstos, que las resoluciones judiciales se fundamenten en derecho y que contengan razonamientos relacionados con los hechos sujetos a debate y que resuelvan los puntos de controversia”, señala la resolución.
Violan estado de Derecho
El abogado de los Bitkov, Rolando Alvarado, sobre la decisión de la Corte indicó que aún no han sido notificados, y mientras eso no pase, ignoran el contenido de la resolución.
“De ser cierto lo que se publica, evidenciaría una contradicción plena de la Corte de Constitucionalidad, y también una violación al estado de Derecho, porque un amparo es para el beneficio del postulante y no para perjudicarlo. La resolución nos agarró de sorpresa”, dijo el abogado.
Sala anuló resolución
La Sala Tercera de Apelaciones, constituida en tribunal de amparo, anuló una resolución en la que la jueza Éricka Aifán envió a juicio al ruso Igor Bitkov, luego de que el caso denominado Migración se retrotrayera por un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que anuló la sentencia de 19 años de prisión al ruso.
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En ese momento, los jueces de la Sala consideraron que Aifán no dio fiel cumplimiento a la sentencia que esa misma instancia dictó, en octubre de 2017 en favor del ruso, y que a su vez, avaló la CC en la resolución del 26 de abril de este año.
Los magistrados también señalaron que ellos no son quienes deben determinar si se debe cerrar el caso contra la familia Bitkov, sino que corresponde a la misma jueza Erika Aifán.
Investigación
Según las pesquisas, la familia rusa ingresó en el país en 2009 y obtuvo documentos guatemaltecos por medio de una supuesta red que funcionaba en el Registro Nacional de las Personas (Renap) y la Dirección General de Migración, cuyos alcances aún investiga la Fiscalía.
Con la nacionalidad guatemalteca, Igor Bitkov se hacía llamar Gregorio Igor Benítez García, y la familia emprendió una serie de negocios, según los primeros registros que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) envió al Ministerio de Finanzas, que datan del 10 de junio de 2009.
Los Bitkov han expresado en distintas oportunidades que empresarios allegados al presidente ruso, Vladimir Putin, “usurparon” sus bienes y al venir a Guatemala fueron “víctimas” de la red de falsificadores del Renap y Migración.
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