También señala que EG no reportó al TSE un aporte de Q76 mil 784.30 para el arrendamiento de seis pasarelas para la campaña electoral del 2015 y que tampoco se reportaron Q197 mil 500 que aportó una empresa en la campaña electoral del 2011.
Descargo
Sobre la entrega tardía de los estados financieros al TSE, el diputado Dorian Taracena afirmó que el propio Tribunal Supremo Electoral envió un informe al MP donde señala que el partido político cumplió y presentó sus estados financieros a tiempo.
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Taracena dijo que el propio TSE afirmó además que no hay aportaciones anónimas a EG, por lo que este señalamiento queda sin materia.
El diputado Leonel Lira argumentó que el partido es auditado entre cuatro y cinco veces cada año y que la agrupación recibe el pago de la deuda electoral y que esto es posible porque están al día en sus finanzas.
La diputada @NineMontenegro asegura que la solicitud de antejuicio en su contra se solicitó dos días después de que se presentara un memorial de una de las financistas del partido. pic.twitter.com/d3cPJOBXtS
— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) August 21, 2018
Montenegro, por su parte, dijo que no hubo financiamiento electoral anónimo, pues todo el dinero recibido se bancarizó a nombre de la agrupación política. Lo que ocurrió, señaló la diputada, es que hubo un error administrativo al momento de registrar uno de los cheques, lo que pudo haber causado la confusión que genera la solicitud de antejuicio.
La diputada también indicó que la solicitud del MP y la Cicig se presentó dos días después de que recibieran el memorial de una de las personas que figura como testigo.
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Montenegro afirmó que el partido tiene pruebas que sustentan su inocencia y que no encuentra ninguna base legal para la solicitud de su antejuicio, aun así, asegura que respeta el trabajo del MP y la Cicig.
Además, dijo la congresista, el MP pudo haber hecho las consultas a la agrupación política antes de presentar la solicitud de antejuicio y con ello desvanecer los hallazgos.
Trámite
En el caso de Montenegro, la solicitud de antejuicio debe ser conocida por la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados pueden conocerlo para aceptarlo o rechazarlo. Si lo aceptan, debe nombrar un juez pesquisidor para que cite a las partes del proceso y elabore un informe durante 60 días para que recomiende si retira o no la inmunidad, decisión que quedaría en manos de los magistrados de la CSJ.
El retiro del antejuicio significa que las autoridades podrán profundizar las investigaciones en torno al partido y deducir responsabilidades penales.
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