“En relación a los empresarios, conforme avanzan las investigaciones tendremos el número exacto, pero podríamos pensar en este segundo bloque de 300 y podríamos llegar a más allá de los mil 500 empresarios”, indicó Aldana.
La fiscal se refiere a que de esos 300 el MP solicitó al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez —quien controla el caso —, que cite a 50 empresarios, pero solo accedió a 20, en el primer grupo. El primer bloque de empresarios —10, todos ligados a proceso por caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo, pero nueve fueron dejados en libertad— fue capturado el 1 de julio último.
Demasiados para detener
Aldana explicó que no se pueden pedir las órdenes de captura contra los 50 empresarios a quienes se les solicitó que fueran citados porque genera “un esfuerzo muy grande” para la Policía Nacional Civil y el MP. Sin embargo, pueden citarlos para que acudan a Tribunales a resolver su situación jurídica.
“Como en el caso de la Línea son muchos los empresarios, obviamente no saben ellos a quiénes vamos a citar, de tal manera que los tenemos ubicados, y esto nos da la garantía de que van a acceder a la citación, de lo contrario procederíamos a pedir la orden de aprehensión”, dijo la jefa del MP.
“Podemos tener más de 300 empresarios involucrados, pero la agenda del juez no permite que le llevemos mil 500 empresarios, porque entonces nos dedicaríamos solo a eso. Tenemos que hacerlo de manera coordinada con el órgano jurisdiccional, y por esa razón hemos pedido las citaciones”, refirió Aldana.
De acuerdo con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), del 1 de mayo del 2003 a la fecha hay casi 26 mil 800 importadores inscritos.
Las declaraciones de Aldana se dieron durante una reunión con Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien ofreció que, si gana las elecciones, no removerá a la fiscal general, tras haber mostrado resultados, sino que le daría “todo el apoyo”.
Caso con tres rostros
El descubrimiento de la Línea por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el MP hizo que cayeran tres tipos de actores: los estatales —funcionarios y trabajadores de las aduanas—, los externos —que no eran empleados del Estado ni privados— y empresarios.
Además de Pérez Molina y Baldetti, entre los actores estatales también figuraban los exjefes de la SAT. Como parte de los externos está Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias Teniente Jerez, y Salvador Estuardo González Álvarez, alias Eco, mientras que de los empresarios, entre importadores y comerciantes, nueve han sido ligados a proceso y muchos otros serán citados.
El jefe de la Cicig, Iván Velásquez, informó el miércoles recién pasado que por grupos diferentes se presentarán a la citación los 50 importadores iniciales, y que si debe haber medida sustitutiva o prisión preventiva, se discutirá en las audiencias.
Postura empresarial
El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Jorge Briz, dijo en su discurso, durante el Encuentro Nacional de Empresarios, que un empresario que comete algún delito es un delincuente. “Este tipo de personas no tiene cabida en nuestras organizaciones gremiales”, expresó.
Asimismo, el dirigente empresarial Marco Augusto García Noriega refirió, acerca de la gran cantidad de integrantes del sector privado que podrían estar involucrados, que no merecen ser calificados como empresarios.
“Pudieron ser mil 500, dos mil, tres mil. Nuestra posición firme es: el que cometió un delito, que sea juzgado conforme la ley y que cumpla su pena”, afirmó García Noriega.
