La investigación preliminar se ha enfocado en un grupo de supuestos trabajadores, entre los que figuran no solo guardias del SP, sino también de inspectoría, unidad de análisis penitenciario y la subdirección de operaciones.
Hasta hoy los únicos que han sido consignados, y tienen procesos administrativos abiertos, son por lo menos 10 guardias penitenciarios, que participan en esta red y reciben fuertes sumas de dinero no solo por los traslados a otras prisiones, brindar privilegios a los reclusos y propiciar fugas mientras los reclusos acuden a visitas médicas.
De las ocho evasiones que se han reportado oficialmente en 2022, cuatro ocurrieron de esta forma.
Por una orden de juez los reos fueron llevados, sin seguir el protocolo oficial con la custodio correspondiente, a diversos centros hospitalarios públicos y privados.
El último caso que ocurrió fue el 9 de noviembre cuando el reo, Bagner Alexander Morales García y/o Jorge Mario García, de 39 años, alias el enano, escapó en la zona 1 de la capital cuando asistía a una cita médica.
El líder de la clica dementes locos salvatruchas de la Mara Salvatrucha (MS13) fue ayudado, presuntamente, por dos cómplices de esa estructura criminal quienes llegaron a una clínica médica en la zona 1 y lo rescataron.
Hasta hoy se desconoce el paradero de este pandillero que estaba en prisión preventiva desde febrero de 2020 en Pavoncito acusado de asesinato y asociación ilícita.
Las investigaciones se han agilizado por la forma en que han ocurrido las fugas. El caso de Morales García, a pesar de ser considerado de alta peligrosidad, solo fue enviado con un custodio.
Mientras que en otros casos ocurridos los guardias que han llevado a reos a centros asistenciales han dicho en su defensa que “familiares de los privados de libertad les han invitado a tomar una soda y posterior a eso no recuerda nada. Se supone que le agregan alguna sustancia. Este extremo está bajo investigación”.
Otras evasiones que están bajo investigación son las de Juan Manuel Galindo Ortiz, alias el tonka, el 26 de agosto pasado de Pavón. Galindo es líder de la banda de secuestradores los cucules.
El 8 de agosto escapó Josué Daniel Castillo Gaspar, un narcotraficante, miembro de los Zetas, que cumplía una condena de 150 años en la granja penal de Cantel por la matanza de 27 hombres el 14 de mayo de 2011 en Los Cocos, La Libertad, Petén.
Detalles
El portavoz del SP, Carlos Morales, ha confirmado que en cada una de las fugas se han puesto a disposición a los guardias de presidios, a quienes se les ha abierto un proceso administrativo para determinar su responsabilidad en las evasiones. La PNC ha ahondado en estas investigaciones.
Mientras que el jefe del Ministerio de Gobernación (Mingob) Napoléon Barrientos, confirmó que investigan estos hechos y aseguró que están “comprometidos con transformar el Sistema y evitar que sigan ocurriendo casos de corrupción”.
Se consultó con el MP sobre las pesquisas que se siguen respecto de las fugas, pero hasta ahora no han respondido a una solicitud de información que se generó el 16 de noviembre.
Sistema cooptado
Para el analista en temas penitenciarios, Eddy Morales, uno de los grandes problemas que ha tenido presidios en los últimos años “son los niveles de corrupción que se han elevado a porcentajes inimaginables”.
“Se ha deteriorado no solo en el hacinamiento, sino también en la vinculación de personal con los reclusos, e, incluso hasta con directores de prisiones del país”, aseveró Morales.
El especialista añadió que esta situación ha hecho que las autoridades pierdan “el control del SP y han debilitado la institucionalidad”.
“El problema básico es el abandono del Sistema. Eso lo aprovechan las estructuras. Muchas de ellas se conforman porque han llegado por compadrazgo y compromisos políticos”, indicó.
Morales consideró que “el problema es que llegan por obtener un beneficio económico y no resolver los problemas”.
“Es por eso que se forman esas estructuras, en direcciones, subdirecciones y jefaturas. Esas redes comienzan a hacer negocios, contactos internos y externos, para poder salir a diferentes instituciones de salud. La misma ley lo permite, siempre y cuando lo autorice un juez”, explicó.
El analista espera que la investigación que llevan a cabo las autoridades sea “profunda y determine si existe alguna posibilidad de que hasta jueces se prestan a recibir dádivas para autorizar la salida de un recluso y trasladarlo a un centro de atención de salud”.
Morales manifestó que pueden ser varias redes de corrupción y no solo una la que funciona en el SP.
“Estas estructuras las podrían integrar no solo dos o tres personas, podrían ser hasta diez. Por eso el costo de las fugas es alto”, resaltó Morales.
Y es por eso, añadió, que el perfil criminal de los que se han fugado hasta ahora está vinculado con el narcotráfico, las pandillas y extorsionistas.
Morales recordó que el SP fue debilitado entre 2015 y 2016 cuando decidieron nombrar, sin ningún análisis previo, a guardias como directores de centros penales.
“Hay buenos elementos, pero su carrera y asegurar la jubilación, los ponen en riesgo de caer en actos de corrupción.
