El hecho ocurrió en la 9a calle y Avenida Elena, zona 1, reportaron los Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia.
La Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil (PNC) indicó que el hecho se registró a las 18.05 horas, frente al inmueble 00-04, de la referida zona.
Los socorristas trasladaron de manera inmediata a Guerra Olmedo a la emergencia del Hospital General, pero murió a su ingreso por la gravedad de las heridas.
De manera preliminar se informó que la víctima tenía tres heridas de bala: en la cabeza, el cuello y tórax.
La PNC informó que el responsable de la muerte de Guerra Olmedo es un menor de edad que tendría relación con las pandillas.
El autor del crimen huyó a pie del lugar, según la Policía. Por el hecho también resultó con heridas de bala una mujer identificada como Blanca Éricka Florián Parada, 28. Los bomberos indicaron que tenía rozones de proyectil de arma de fuego.https://twitter.com/GuatemalaGob/status/774441122454130688
Estaban amenazados
Un trabajador del centro dijo que durante la tarde hubo avisos al personal para que no saliera porque había una amenaza de un posible ataque, en represalia contra las medidas de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt de no aceptar traslados de reos para atención médica.
Demandan soluciones
Este viernes, antes del crimen, trabajadores del hospital indicaron que es necesario que se adopten nuevas medidas para la atención de los privados de libertad.
El médico Miguel Ángel Enríquez, presidente de la junta directiva, plantea varios aspectos como mejorar la seguridad del traslado de los reos a dicho centro asistencial, crear un proyecto de salud en el sistema penitenciario, para que en cada cárcel haya una clínica de atención y hospitalización para la atención de los reclusos.
“Es importante que todo reo que sea trasladado al hospital, previo tenga el visto bueno del médico del Inacif y de un especialista para que establezcan si el reo amerita ser trasladado para que sea autorizado por un juez competente”, dijo Enríquez.
“Que se genere un proyecto dentro del sistema de Salud en el sistema penitenciario, que sea regularizado por el Ministerio de Salud y en conjunto con el Ministerio de Gobernación se establezca un espacio en cada centro penitenciario para que se construya una clínica de atención con área de hospitalización para que los reos no tengan que salir, esto favorecerá al privado de libertad porque ya no se expone a ser atacado”, explicó el galeno.
En conferencia de prensa, trabajadores y médicos demandaron que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) les brinde apoyo, porque se están violando los derechos de las personas que brindan atención en salud y de las personas que buscan solución a sus problemas de salud que son los pacientes.
Además proponen la formación de monitores en Salud en los distintos centros penitenciario y en las distintas áreas como psicología, médico, enfermería, asistencia y que podría estar conformado por reos de buena conducta que tienen la vocación para hacerlo y así disminuir sus condenas.
Pronunciamiento de PDH
https://twitter.com/PDHgt/status/774453046294093824
Antecedentes
El pasado miércoles, una mujer identificada como Adriana Morales Medina, 18, fue capturada en el Hospital General San Juan de Dios, debido a que en el interior de su cartera tenía una pistola sin licencia de tenencia o portación.
Morales Medina enfrenta un proceso penal por asesinato en grado de tentativa, según la resolución del Juzgado de turno, pues se sospecha que llegó al centro asistencial para entregar el arma de fuego a una persona que atentaría contra un pandillero.
El pasado 26 de agosto, un ataque armado cobró la vida de cinco personas en el referido sector.
Una de las víctimas fue el reo Gerber Alejandro Calderón, condenado a 45 años de cárcel, quien ese día tenía cita para acudir a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc), frente al hospital.
Esos son hechos de violencia que han causado manifestaciones de médicos y personal administrativo del Hospital General San Juan de Dios, para que las autoridades suspendan el traslado de reclusos peligrosos a ese centro asistencial.
Se argumentó que esa medida ponía en peligro a pacientes visitantes, personal, y cualquier persona que estuviera cerca del hospital.
