Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, explicó que se solicitaron cinco órdenes de detención, cuatro por el caso Asalto al Ministerio de Salud.
En esa investigación hay 113 personas llamados a proceso por cobro de comisiones y desviación de recursos.
Sandoval informó que también hay algunos alcaldes que no han perdido la inmunidad y que podrían estar involucrados en casos que están en investigación.
El Ministerio Público (MP), en el caso de corrupción en la cartera de Salud, busca capturar al exlegislador Estuardo Galdámez, señalado por asociación Ilícita y tráfico de influencias en forma continuada, pero no fue localizado durante los allanamientos.
Tampoco los exdiputados Marco Antonio Lemus Salguero y Rodolfo Castañón, con orden de captura por tráfico de influencias, no fueron localizados en los cateos.
En los allanamientos dirigidos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Santa Rosa fue capturada la exlegisladora Aracely Chavarría Cabrera de Recinos, esposa de Rubelio Recinos, alcalde de Barberena.
La exdiputada padeció crisis nerviosa y fue trasladada de Barberena a la Torre de Tribunales -zona 1 de la capital- en ambulancia. Cuando el vehículo llegó al sótano del edificio del Organismo Judicial ella debió ingresar a pie hacia las carceletas para ser fichada por la Policía Nacional Civil.
Chavarría Cabrera de Recinos permanece acompañada de una paramédico y su abogado para comparecer ante el Juzgado de Mayor Riesgo D que conoce el caso, pero mientras tanto continúa en las carceletas.
Además, han sido citadas para declarar lo exlegisladores Ronald Arango y Humberto Leonel Sosa.
Según el señalamiento del MP, “con el nombramiento de Jorge Villavicencio Álvarez como Ministro de Salud durante el período 2012 al 2014, se inició el funcionamiento de una estructura criminal, quien en conjunto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez dirigieron esa red”.
Según la investigación de la Feci la organización criminal que operó en la cartera de Salud fue integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares.
Las investigaciones determinan que el grupo criminal “exploró” qué negocios se podían realizar en la institución: cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud. El cobro de comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de al menos 450 plazas – con favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasma-.
Debido a la gran cantidad de personas involucradas en ese caso el juzgado ha programado audiencias por grupos y 15 personas han sido procesadas, entre ellas están el expresidenciable Luis Fernando Pérez, el exdiputado Roberto Kestler y Jairo Pérez Castillo, sobrino del expresidente Otto Pérez Molina.
Botín
En el caso Botín del Registro de la Propiedad se pidió la detención del exdiputado del Parlamento Centroamericano Gilmar Sánchez, por fraude y lavado de dinero, pero tampoco fue capturado.
En junio de 2015 el sindicato de trabajadores administrativos del Registro General de la Propiedad denunció el servicio de desayunos para 564 personas en un evento de evaluación de desempeño laboral.
El servicio requerido en diciembre de 2013 fue adjudicado a la entidad Carnes y Ensaladas Sociedad Anónima CAYEN, Fulanos y Menganos – propiedad de Gilmar Othmar Sánchez – y los sindicalistas señalaron que el evento no se realizó.
Según el MP “el cheque por el evento fue entregado a Mario Estuardo Orellana López el 10 de diciembre del 2013 y luego se depositó en la cuenta de la empresa desde la que Sánchez Herrera dispuso la distribución de fondos”.
Chantaje parlamentario
En el caso conocido como chantaje parlamentario, este 15 de enero se tiene planificada la audiencia para pedir la citación del exdiputado Ferdy Velásquez.
El caso de Chantaje parlamentario surge porque en junio de 2018 el diputado Ferdy Elías Velásquez, cuando fungía como presidente de la comisión de finanzas del Congreso de la República, acudió al despacho del ministro de Salud Carlos Enrique Soto Menegazzo para manifestarle que se aprobó un crédito para el Estado de Guatemala del que se destinarían Q60 millones a esa cartera.
Según la investigación del MP el diputado requirió el 10 por ciento de los recursos, unos Q6 millones.
Además, en una visita posterior, Elías Velásquez, acompañado de Delio Elvyn García Argueta, propietario de la constructora SERCCO, pidió la reanudación de la construcción de un hospital en Uxcán, Quiché, y adjudicar los trabajos a la compañía SERCCO.
Transurbano
El también exdiputado al Parlacen Haroldo Rodas fue citado por fraude en el caso Transurbano.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad determinó que por medio de una serie de anomalías en la implementación del sistema prepago para las unidades de Transporte Urbano (Transurbano) se defraudó al Estado guatemalteco con Q270 millones.
El 3 de abril de 2009, en cuatro folios, el Ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight, envió a la Secretaría General el Proyecto de Acuerdo Gubernativo 103-2009, el cual facultaba al Estado otorgar Q270 millones a la Asociación de Autobuses Urbanos (AEAU) para el proyecto del Transurbano.
Ese día sin que se convocara a reunión al Consejo de Ministros, se aprobó el Acuerdo Gubernativo No. 103-2009, el cual trasladaba toda la responsabilidad de la ejecución de los Q270 millones a la Asociación de Autobuses Urbanos, liderada en ese entonces por Luis Alfonso Gómez González –detenido-.
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