LEA TAMBIÉN
En una entrevista a Prensa Libre, Serrano habla sobre el actual atraso de la elección de magistrados en el Congreso, así como, según él, los intereses que existen de distintos sectores y operadores para interferir en los procesos de postulación.
¿Cómo ve el retraso en la elección de Cortes?
Es un hecho lamentable que nos encontremos con nueve meses de retraso en la elección de las cortes, deberían de haber tomado posesión el 13 de octubre del 2019. Conocemos las vicisitudes que han dado, de amparos en diferentes instancias y las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad —pero— la Corte de Constitucionalidad determinó que el Congreso debe realizar la elección razonando cada uno de los miembros el voto de los candidatos, esta es una dificultad evidentemente grandísima.
¿Por qué es una dificultad?
Porque en las comisiones de Postulación, donde el número de personas que las integramos fue mucho menor, era de 37 personas, y aquí nos encontramos con 160 diputados que tiene que dar su voto por cada candidato, y estamos hablando que para las salas de Apelaciones son unos 225 candidatos, por lo que, indudablemente, es una dificultad de cómo proceder, sabemos completamente que las decisiones que toma el Congreso son políticas, que de eso no nos quede duda, y esas decisiones del Congreso en los votos, incluso van votos de partidos, por consiguiente, los partidos tiene que ponerse de acuerdo de los candidatos por los cuales van a votar.
¿Cómo podrían hacer la elección?
El Congreso va a tener que recurrir al sistema que las comisiones de Postulación hicieron sobre la elección de los candidatos, ponerse de acuerdo en torno a 30 personas y comenzar la votación afirmando cada uno de los miembros si este candidato cumple o no con los requisitos constitucional que indica la idoneidad, capacidad y honorabilidad de estas personas para el cargo y así hacerlo; evidentemente son grupos que se tienen que poner de acuerdo para llegar a ese tipo de votaciones, eso es lo que están haciendo ahora.
¿Cree que hay intereses externos que tratan de atrasar la elección?
Yo diría que son intereses internos de todos los poderes del Estado. Sabemos nosotros que, evidentemente, el próximo año, en los primeros meses, hay elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, y hay algunos que quisieran retrasar lo más posible para encontrase con otra Corte de Constitucionalidad, y por otra parte, indudablemente, lo que sí es evidente en este tipo de situaciones es que los congresistas y el Estado en general busca impunidad, y una de las maneras de lograrla es a través de tener jueces a fines a sus intereses.
¿Cómo vio usted el proceso de la comisión que usted dirigió?
En la comisión que yo dirigí estuvimos muy apegados a la ley, y en ese sentido los diversos amparos que presentaron no encontraron motivos para impedir el proceso, por aparte, se vieron los intereses de los diversos grupos procedentes unos de las salas de magistrados, otros decanos y otros del Colegio de Abogados que tenían sus candidatos, a quienes defendieron a capa y espada buscando en lo posible bajar las calificaciones, eliminar algunos requisitos, etcétera. Todo ese proceso de ajustar la comisión a sus intereses se vivió y eso fue público, están en las grabaciones de todas esas sesiones y se pueden ver quiénes fueron los que propiciaron ese tipo de cosas. Intereses de parte de esos grupos para que fueran elegidos sus candidatos.
¿Esos intereses también están en el Congreso?
Por su puesto, ahí prácticamente se ve concretamente que tienen intensión de seleccionar a determinados magistrados y esos magistrados han sido candidatos de las comisiones de Postulación, por consiguiente, hay una relación entre participación en las comisiones y en el Congreso.
¿Cómo presidente tuvo presiones o amenazas para desistir o apoyar a algún candidato?
No recibí ningún correo, ni whatsapp, ni teléfono, en ese sentido, mis declaraciones eran suficientemente elocuentes para decir que no cuenten conmigo, y definitivamente mi posición fue siempre: los mejores en todo sentido, desde cualidades humanas, morales, éticas, profesionales y los que mejor puntaje tienen.
¿Volvería a dirigir una comisión de Postulación?
No, se los dejo a los rectores con mucho gusto, yo creo que la experiencia que he ido acumulando la puedo proporcionar a los caminos de reforma, con muchísimo gusto, pero una participación directa no, es preferible que lo tomen otras personas.
¿Usted cree que se debe reformar la forma de la elección de magistrados?
Por supuesto, es fundamental, pero acá nos encontramos con el escollo de la reforma constitucional y yo soy de la opinión de que los magistrados de sala deben ser elegidos a través de la carrera judicial, por méritos y por años de servicio, pero eso implicaría a que ellos tengan más estabilidad, porque hacer una carrera y estar cuatro años en el puesto y después fuera.
Sería interesante observar las propuestas que se han dado para que en la CSJ sean 15 miembros, tres por el ejecutivo, tres por el Congreso, tres por los magistrados de sala, tres por el Colegio de Abogados y tres por los decanos, aunque siempre se corre el riesgo de que las postulaciones de los candidatos tengan las mismas tendencias que se han observado en las comisiones de postulación.
Esta sería una medida paliativa a que sea el Congreso el que los elija, esta forma podría ser más equilibrada y daría más aportes de otras instituciones.
¿Cómo se debe entender la figura de esos operadores que han manipulado la elección?
Lo que buscan es defender sus intereses, ya sea políticos, judiciales, lo que habría que perseguir es a los operadores de estas comisiones de postulación, estos son los responsables de muchos de los vicios en las comisiones.
Nos hemos encontrado en proceso anteriores que el ejecutivo tenía un operador, el Congreso un operador, el rey del tenis —Sergio Roberto López Villatoro— otro operador, no solo no es ético, sino que desvirtúa la finalidad con la que fueron creadas las comisiones de postulación.
¿Qué lección le deja este proceso?
Una lección amarga, porque en realidad uno se encontraría satisfecho cuando se cumplen los objetivos en un tiempo determinado y esto no se ha realizado, y aparte, en los procesos en los que he tenido a mi cargo, este ha sido el más claro, el más transparente en cuanto a la comunicación y diálogo con la prensa y con otras instituciones, la comisión dio a conocer los expedientes de todos los candidatos, las actas de las sesiones, en fin, todo. Satisfacción para todas aquellas personas las que estuvimos luchando.
Se hablaba qué grupos de sociedad civil no querían que el anterior Congreso eligiera magistrados. ¿cree que le salió al revés la cosa?
Desde el principio esa intensión fue muy clara, el atraso del proceso para que fuera el nuevo Congreso, pero yo creo que la misma elección de los candidatos en el Congreso les ha hecho ver que no es que hayan cambiado tantas las cosas, pudieron haber cambiado nombres de partidos y todo lo demás, pero el Congreso es lo que es y por tanto en realidad ahora no es que tengan tanta confianza de que el Congreso vaya a realizar una elección como imaginaban en el país de nunca jamás y que daca uno de los congresistas va a dar su voto individual independientemente del partido al que pertenece.
¿Cómo ve el trabajo de la Corte de Constitucionalidad?
La situación en Guatemala desde este punto de vista es anormal, no hay tres poderes sino cuatro y dentro de ellos el poder supremo es la Corte de Constitucionalidad, yo considero que una reforma es necesaria, en donde la Corte de Constitucionalidad se constituya como una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia para que esta sea verdaderamente la Corte Suprema y esa sala tiene que limitarse a solo el tema constitucional y no conocer los amparos como se hace ahora que cualquier hijo de vecino llega ala CC a presentar un amparo y se salta todos los procesos anteriores, por lo que es necesaria una reforma, la Corte de Constitucionalidad ha rebasado los limites según los especialistas que no solo se está ateniendo a la letra de la constitución, sino que reinterpreta la Constitución y esa interpretación en la que señala plazos y días esta fuera de sus atribuciones propias. Independientemente de los fallos cuestionables, no está jugando a mi modo de ver donde se ajuste a lo constitucional en el tratamiento de los temas.
