Según se informó, la resolución se dictó pese a la investigación de la Supervisión General del MP, que recomendó sancionarlo y destituirlo por la “falta muy grave” cometida.
También, en la investigación se dio valor probatorio a los audios y chats que aportó la exfiscal, con los que acreditó la intención de Meléndrez González, para que declarara contra Juan Francisco Sandoval, quien fue jefe de la Feci y sus excompañeros.
La intención era que Sosa declarará en contra de Juan Francisco Sandoval en el caso Odebrecht, ya estaban investigando los convenios de colaboración eficaz en ese expediente.
Esos convenios luego los cuestionó la Fundación contra el Terrorismo, por eso mismo le habían solicitado el retiro de inmunidad a la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez.
La información a la que tuvo acceso Prensa Libre y Guatevisión, detalla que la unidad disciplinaria del MP no tomó en cuenta la investigación administrativa ni la prueba presentada.
La llamada que realizó el denunciado a Sosa derivó de la solicitud que le efectuó el fiscal Juan José Mendizábal Ávalos, con la intención de “convocarla a una declaración testimonial”.
Está grabación la presentó Sosa a la Supervisión General del MP.
En un audio que obraba como pruebas contra el auxiliar fiscal se oye que este le dice a Siomara Sosa que el fiscal Mendizábal le había pedido que la contactara para convencerla de que colabore y proporcione información contra los trabajadores de Feci.
Se escucha cuando Meléndrez dice que desde el “despacho superior” había presiones para llevar el caso y que su jefe le había dicho que Sosa podría ser sindicada en un proceso y por eso pedían que apoyara en una figura similar a la de un colaborador eficaz.
Le pide a Sosa que se reúna con Mendizábal para que él le diera detalles de la colaboración que tenía que hacer para evitar verse involucrada como sindicada del caso.
En el audio también se escucha cuando el fiscal auxiliar Meléndrez le dice a Sosa hay visto que ella es una buena fiscal y que ella se encarga de la manutención de sus tres hijos y que sería injusto que se quedara sin su empleo.
Prensa Libre y Guatevisión trataron de obtener la postura del MP sobre esta resolución de la Junta Disciplinaria de la institución, pero no ha obtenido respuesta.
El caso de la exfiscal Sosa
Eva Siomara Sosa fue detenida el 15 de febrero de 2022, luego de presentarse voluntariamente ante el Juzgado Penal tras conocer que existía una orden de captura en su contra.
La exfiscal está bajo investigación por “cooptación y corrupción judicial … el caso está bajo reserva”, dijo el MP el día de la detención.
Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), también fue detenida el 10 de febrero por un caso bajo reserva.
El 7 de marzo pasado, tanto Sosa como Santizo fueron ligadas a proceso penal a petición del Ministerio Público (MP) por el delito de colusión.
Ambas abogadas fueron parte de procesos de alto impacto que tienen tras las rejas a políticos, empresarios y narcotraficantes que fueron detenidos durante operativos coordinados por dichas instituciones.
Las profesionales fueron ligadas a proceso en el Juzgado Tercero y fueron beneficiadas con arresto domiciliario, pero debían pagar una caución económica de Q10 mil.
