El comunicado fue publicado el pasado 19 de enero, y en este se lee que el MP expresa “su preocupación y rechazo a la manifiesta y advertible injerencia de entes internacionales en los asuntos judiciales del país y la clara intención de obstruir la función legitima de un ente legalmente constituido”.
“Hoy más que nunca queda al descubierto el incumplimiento e irrespeto al ordenamiento juridico nacional e internacional, en el ámbito de los Derechos Humanos, por lo que es inaceptable que los órganos internacionales constituidos para tutelar el respeto de los mismos, inobserven todos los tratados, convenios y normativa internacional relacionada con estos y aplicable a todo Estado parte de las Naciones Unidas”, continúa el comunicado.
Agrega que les preocupa el interés de interferir en los asuntos internos de Guatemala, a través de “ataques infundados contra el derecho de una nación a investigar las denuncias que el órgano competente recibe por los posibles delitos que son cometidos”.
El documento también hace referencia a que toda fiscalía general o Ministerio Público, como representante del poder público en materia de investigación y persecución penal, “es un bastión fundamental en la construcción de un Estado de Derecho que garantiza el cumplimiento de la ley, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, razón por la cual, exigirle que no cumpla con su función legal es sinónimo de impunidad”.
El comunicado también explica que en un sistema legítimo de derecho, el fin no justifica el medio, y que las personas que por ley estaban obligadas a perseguir la corrupción y velar por el principio de legalidad, posiblemente lo hicieron pero violentándolo.
Señala que es por eso que consideran necesario investigarlo y que un juez, valore el caso y resuelva conforme al principio jurídico.
En el documento el MP afirma que es respetuoso de cualquier opinión nacional o internacional, reitera que “nadie puede ser superior a la ley, pues la observancia de la misma garantiza la paz y la armonía entre los pueblos”.
“El Ministerio Público nuevamente exhorta a la comunidad nacional e internacional a que se respete el estado de Derecho, la democracia y especialmente los principios del debido proceso y de legalidad, instando a todas las personas que tengan conocimiento de la comisión de un delito, a presentar las denuncias correspondientes como vía establecida en la ley, en vez de recurrir sin fundamento a publicaciones que violentan los derechos humanos, lo cual puede ser constitutivo de delito y generar impunidad”.
Las críticas
El pasado 16 de enero el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP, Rafael Curruchiche informó a través de un video que un juez había ordenado la captura de cuatro personas vinculadas al caso Odebrecht.
Las órdenes de detención fueron contra el abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, cónsul honorario de un país de la Unión Europea, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y exasesor de la empresa Odebrecht.
Además, también se autorizó la aprehensión de la exfiscal general de la República y jefe del MP Thelma Esperanza Aldana Hernández; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis David Gaitán Arana.
Curruchiche también dijo que la Feci emprendería acciones legales correspondientes para que “respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón”.
Por esa razón miembros del cuerpo diplomático, funcionarios de Estados Unidos y algunas entidades internacionales y la ONU se pronunciaron y expresaron su preocupación por el acoso a funcionarios de justicia en Guatemala, y por una posible persecución contra personas que lucharon contra la corrupción en Guatemala.
