El objetivo de este proyecto, según el Ministerio de Gobernación (Mingob), que tiene a su cargo la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), es resolver el problema carcelario del país en materia de hacinamiento y sobrepoblación.
Para el Interior es importante implementar el control telemático y construir la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, que le fue adjudicada el 11 de agosto pasado el contrato por US$87 millones 906 mil 419.43 a la empresa Itecsa, parte del consorcio Grupo Tradeco con sede en México, señalada de casos de corrupción e incumplimiento de contratos en varios países de Latinoamérica.
El Mingob planea ahora lanzar un nuevo concurso para echar a andar finalmente el control telemático en el Sistema Penitenciario (SP) en los primeros meses del 2023, según confirmó el jefe de la cartera, Napoleón Barrientos.
Los dos eventos anteriores se los habían adjudicado a Innova Outsourcing, que había ofrecido brindar el servicio por Q214 millones.
Sin embargo, según Barrientos, no se lo otorgaron porque había inconsistencias en los procesos y porque no se había creado todavía la Unidad de Control Telemático (UCT) que exigía la ley.
El 25 de marzo de 2022, se creó UCT, y eso les permitió, según el funcionario, continuar con el proyecto, “porque así lo establecía el Acuerdo Gubernativo 68-2022”.
Innova Outsourcing antes de ganar las licitaciones había hecho donaciones al Estado y una de las entidades beneficiadas fue el desaparecido Centro de Gobierno dirigido por Miguel Martínez, cercano al presidente Alejandro Giammattei.
“A la fecha vamos bien con el proyecto. El 11 de septiembre fue nombrado uno de los subdirectores de la UCT. Se trata de David Raymundo Donis, ingeniero industrial que será el responsable de la Unidad. Tiene una gran responsabilidad por ser algo nuevo y crucial para el Sistema Penitenciario”, resaltó el jefe del Interior.
Agregó que “en las siguientes semanas nombrarán al resto de funcionarios. Vamos bien, con un proceso ordenado. Hicimos análisis minuciosos, visitas a las UCT de El Salvador y Costa Rica. Estamos por levantar el nuevo evento de licitación de la manera más responsable y seria para desarrollar este proyecto”.
La idea, según Barrientos, es contratar a la empresa que les dote del servicio, el hardware, el software y los dispositivos que usarán los procesados.
Según el jefe del Mingob la UCT levantará el proyecto de licitación en las próximas semanas, “bajo todas las normas legales correspondientes”.
Proceso serio
El analista en temas penitenciarios, Eddy Morales, aseguró que la creación de la UCT es importante y vital en medio de la crisis que vive el Sistema Penitenciario (SP) en materia de hacinamiento, sobrepoblación y la precariedad de los espacios carcelarios desde hace años.
Morales detalló que quienes dirijan la UCT deben ser personas que tenga suficiente experiencia no solo en tecnología, sino en leyes y administración penitenciaria. Además de tener experiencia en seguridad electrónica y física y conocimiento en criminología.
“Deben hacer un diagnóstico real de quiénes pueden acceder a este beneficio tomando en consideración factores como la edad, estado de salud, el delito cometido y la situación legal actual”, apuntó.
Aunque lo consideró un paliativo, como la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Escuintla, explicó que no está mal que se haga y se debe implementar lo antes posible.
El problema citó Morales es que quienes podrán acceder al control telemático serán aquellas personas que “tienen capacidad económica, porque hay que pagar por esto, y los que la tienen son aquellos que están en las cárceles de Matamoros, Mariscal Zavala y otros centros penitenciarios del país.
Eso sí, argumentó, esta medida, por ley, no se le podrá dar a reclusos que hayan cometido delitos mayores, de alto impacto, que están vinculados con homicidios y asesinatos.
La UCT expresó Morales surge en medio de la mora judicial que arrastra el país desde hace años. “Es una Unidad vital porque va a servir como medida alterna a la prisión, para des hacinar las prisiones y controlar a las personas por medio de un localizador, “que es un proceso muy delicado”.
De acuerdo con el analista penitenciario con el uso de la tecnología quizás se desocupe las prisiones entre dos mil y tres mil reclusos, tomando en cuenta que tengan la capacidad de pagar por la colocación del brazalete.
Morales reveló que el asunto es que el SP tiene capacidad para 6 mil reclusos en los 23 centros carcelarios.
“Hoy hay más de 24 mil privados de libertad, pero con la aplicación del control telemático dará la posibilidad de reducir entre dos mil y tres mil reclusos. Más otros 3 mil de la cárcel de máxima seguridad, hablamos de 6 mil. De todas formas, seguirá habiendo sobrepoblación y hacinamiento”.
Unidad de Control Telemático
- El 9 de octubre de 2020 el Ministerio de Gobernación (Mingob) publicó algunas reformas al acuerdo 457-2016 sobre la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria (UNMGP).
- En la publicación en el diario de Centro América el Mingob detalló que las reformas conllevan que la UNMGP diseñará y ejecutará planes, programas y proyectos para garantizar la reeducación y readaptación social de las personas privadas de libertad.
- Además, implementará el control telemático para garantizar el cumplimiento de las medidas sustitutivas de prelibertad y libertad controlada, asimismo de las de seguridad en el caso de protección de las víctimas de delito o de violencia contra la mujer.
- La UNMGP también deberá “formular lineamientos para la administración, mantenimiento y operación de los centros de detención que se crearen al amparo de las siguientes disposiciones.
- Junto con todo esto crearon la Unidad de Control Telemático (UCT) bajo la supervisión de la UNMGP.
- Entre las reformas se contempla las funciones de la UCT, que será el enlace de comunicación con las entidades públicas y privadas que tenga relación con el que hacer de la UNMGP. Deberán también informar al juez si el sindicado, condenado o presunto agresor adquirió o no el dispositivo de control telemático, así mismo cuando le sea retirado.
- Debe regular el procedimiento para que el sindicado, condenado o presunto agresor haga efectivo el pago referente a uso del dispositivo en los casos que aplique.
- También elaborar una ficha por cada portador del dispositivo, como coordinar la activación y desinstalación de este.
- Ordena que se debe coordinar con la Dirección del Sistema Penitenciario la logística para el trasladado da la persona sujeta a proceso penal que se le instalará el dispositivo por orden de juez.
- Coordinar con las víctimas del delito o víctimas de la violencia contra la mujer la manera en que se llevará a cabo el control de presencia y localización a distancia.
- El control telemático servirá para vigilar a los sujetos portadores del dispositivo, almacenar los registros de los archivos electrónicos, como reportar los incidentes en la utilización del dispositivo y las acciones a tomar en caso de incumplimiento.
- Excepcionalmente cuando el condenado, sindicado o presunto agresor soliciten la práctica de los estudios socioeconómicos y la resolución del juez en la que establezca que no cuenta con la capacidad económica de sufragar el gasto del dispositivo, el Mingob cubrirá el costo del mismo, de acuerdo a la disponibilidad financiera.
- Las personas que porten el dispositivo tienen la obligación de responder al Centro de Control Telemático cuando sea requerido y cumplir con los regulado en la ley de implementación de control telemático.
