La violencia doméstica se incrementó, y por ende, casos de agresión sexual repuntaron en muchos departamentos del país donde desde antes de la epidemia de covid-19 ya se reportaban con mucha frecuencia.
Lo anterior es parte de un análisis que hace la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM) y quien le ha dado acompañamiento al caso de Valeria, junto con su familia.
Gómez Mendoza fue ligado a proceso penal el 13 de febrero de 2021, guardó prisión preventiva y su caso llegó a una sentencia condenatoria el 30 de agosto de 2023.
Un Tribunal de Huehuetenango lo halló culpable de los delitos de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.
La niña de 12 años trabajaba, como su mamá, en el negocio de su agresor sexual, quien abusó de ella por más de un año y en múltiples ocasiones. La pesadilla para Valeria comenzó a inicios del 2020, y llegó a su fin con la sentencia condenatoria a finales de agosto de 2023, luego de sortear múltiples tropiezos dentro del sistema de justicia.
“Un vecino que le daba trabajo a la familia de Valeria abrió un negocio cerca de su casa y la contrató para hacer tareas de limpieza. Su madre también laboró con el individuo”, recuerda Paula Barrios, coordinadora de MTM.
Fue en ese lugar que el sujeto comenzó a acosarla hasta lograr su cometido de abusar sexualmente de ella.
Barrios agrega que Valeria era abusada aún cuando iba con su hermano menor a la escuela. Al pequeño lo amenazaba con un arma de fuego si decía algo a su mamá.
De hecho, recuerda Barrios, también amenazó a Valeria de la misma forma si decía algo sobre lo que pasaba. Le amenazaba con matar a su mamá si comentaba algo acerca de los abusos sexuales.
“Al hermano lo dejaba adentro de un vehículo, o afuera, mientras abusaba sexualmente de la niña, dependiendo del lugar donde ejercía la agresión”, relata Barrios.
Pero la justicia para Valeria fue lenta. La llegada de la pandemia de covid-19 lo complicó más. De hecho, recuerda la coordinadora de MTM, emitieron un comunicado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) porque un análisis tardó casi ocho meses en llegar al Ministerio Público (MP) después de haber practicado una evaluación médica forense en febrero de 2020.
“Pasaron casi nueve meses para recibir las muestras y llevarlas a la capital, y en ese lapso Valeria sufrió tres casos más de violación”, dice Barrios.
Barrios agrega que la respuesta estatal “no fue pronta ni rápida y entre lo que llegó la evaluación el sujeto siguió abusando de ella”.
“El sujeto sabía que la familia de la niña había denunciado, pero el Estado no respondía pronto y él siguió violándola”, critica.
El año en que fue denunciado el caso de Valeria el MP recibió otras cinco mil 569 denuncias en todo el país. Los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz y Huehuetenango son los que registran las cifras más altas, y donde más casos de embarazos por abusos ha registrado el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar).
Preocupación
En la actualidad, según la coordinadora de MTM, “se sufre más, y se ha retrocedido en los avances que se tuvieron respecto de la justicia en favor de las mujeres.
“La mora judicial, la pandemia de covid-19, la situación política actual han hecho que los casos de violencia contra la niñez, la adolescencia y la mujer no sean prioridad. Muchos casos han demorado entre cuatro a cinco años”, opina.
Barrios llamó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que pongan “mayor atención. Sé que el contexto es complejo, pero las mujeres nos quedamos sin la oportunidad de vivir una vida sin violencia”.
Agrega que el MP debe estar enfocado en el acceso a la justicia para las mujeres porque es de los delitos más denunciado en el país. “Poner atención de estas nuevas formas de violencia contra las mujeres es importante”, asevera.
