En el documento hacen referencia al comunicado del G13 del 28 de enero de 2021 y el informe del 12 de enero de 2021 firmado por el jefe de la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se desplazó a Guatemala del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2020, donde se recoge “la necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la renovación de la Corte de Constitucionalidad”.
Los países donantes manifestaron la importancia de la independencia del sector judicial para la certeza jurídica como elemento clave para la inversión, desarrollo económico y el fortalecimiento del sistema democrático.
“Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando con el Gobierno de Guatemala, incluyendo la nueva Corte de Constitucionalidad y todos los sectores guatemaltecos para el fortalecimiento institucional, el estado de derecho y la certeza jurídica”, concluye el comunicado.
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Pero esa postura no estuvo exenta de controversia. La embajada de España, que ostenta la presidencia pro témpore del G-13, subrayó a las misiones diplomáticas mencionadas que su comunicado “incumple el reglamento de funcionamiento del G13 aprobado el 15 de junio de 2016 y, en consecuencia, ha hecho un uso indebido del logo”.
Continúa con que el comunicado “no ha sido discutido en reunión alguna ni ha contado con la participación de la presidencia pro témpore, ni cumple con el reglamento que regula que cualquier comunicado debe contar con la mitad más uno de los miembros”.
Ante esa situación la presidencia instó a las embajadas a “rehacer el comunicado eliminando el logo del G13 con el fin de que se respete el buen funcionamiento del grupo y la normativa que lo rige”.
La nueva CC
La VIII magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026 fue instalada el 14 de abril sin la presencia de tres magistrados designados, dos titulares y una suplente, que están bloqueadas por amparos e impugnaciones.
La toma de posesión se llevó a cabo en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, acudieron los presidentes de los tres organismos del Estado, exmagistrados constitucionales, diputados, cuerpo diplomático y funcionarios del sistema judicial.
Roberto Molina Barreto será el primero en presidir el tribunal constitucional. Es la tercera vez que estará en ese cargo en las diferentes magistraturas que se ha desempeñado.
La nueva CC fue juramentada el pasado 13 de abril en el Congreso sin dos magistrados titulares y una suplente a causa de amparos provisionales e impugnaciones contra los procesos de designación de los colegios electores.
Se trata de Gloria Porras, magistrada titular designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac); Nester Vásquez y Claudia Paniagua, magistrados titular y suplente elegidos por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).
En el caso de Porras, dos amparos provisionales bloquearon su juramentación. El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento ese día.
Mientras tanto, Vásquez y Paniagua aguardan que el Cang resuelva recursos de impugnación para poder certificar al Congreso la designación y finalmente ser juramentados.
Los magistrados que fueron juramentados y tomaron posesión fueron Dina Ochoa, designada por el Congreso; Leyla Lemus, del Ejecutivo, y Roberto Molina Barreto, por la Corte Suprema de Justicia, justamente los magistrados cuyos cuerpos electores no son impugnables, según el artículo 156 de la Ley de Amparo.
Asimismo, fueron juramentados cuatro magistrados suplentes, Luis Rosales, por el Congreso; Walter Jiménez, por la CSJ; Rony López, por la Usac, y Juan José Samayoa, por el Ejecutivo.
En vista de que la CC asume sin los magistrados titulares designados por el Colegio de Abogados y del CSU surge la duda de quién ocupará esos espacios. El párrafo segundo del artículo 156 de la Ley de Amparo, sobre la impugnación de las designaciones de magistrados, dice que mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos.
