Estamos en Semana Santa, fechas que no podré disfrutar junto a mi familia pues estoy en prisión preventiva por faccionar cuatro denuncias administrativas contra un juez penal de Mayor Riesgo”, decía Laparra en una carta abierta que se hizo pública el 15 de abril.
Prensa Libre la visitó el 17 de mayo y durante el recorrido se pudo comprobar que la abogada sigue en las mismas condiciones, muy lejos de las comodidades y lujos que otros privados de libertad gozan en el mismo centro carcelarios. Para ella no hay apartamentos amueblados y ni siquiera se le permite recibir la luz del sol más de una hora diaria, y alguna vez, dos.
Laparra está recluida en una celda de unos seis metros cuadrados que tiene una puerta con una ventanilla controlada desde afuera. Esta es su vida desde el 23 de febrero, cuando fue detenida, sindicada de abuso de autoridad y usurpación de funciones, por múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales que la señalan de haber presentado hechos falsos en contra del juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos, ahora relator contra la Tortura, designado por el Congreso el 22 de marzo último con 111 votos a favor.
Vecinos y la bartolina de la tortura
A Laparra, que en su momento conoció más de 50 investigaciones de tramas de corrupción que involucraban a altas esferas políticas y económicas, se le ve desmejorada, a la espera de la audiencia en la cual pueda pedir una medida sustitutiva y regresar con su familia, en Quetzaltenango.
Cuando fungió como titular de la Feci en Quetzaltenango, denunció en cuatro ocasiones al juez Castellanos, porque supuestamente había brindado información de una investigación bajo reserva a terceros y por ventilar el caso en medios de comunicación sin tener el control de la carpeta judicial.
Al ingresar al penal, se ciernen las dudas sobre si su situación es particular, porque en la primera celda se encuentra el abogado Otto Rolando Gómez García, quien guarda prisión desde el 30 de septiembre del 2021 y está ligado a proceso por supuestamente haber incurrido en simulación de delitos en forma continuada, obstaculización a la acción penal en forma continuada, agresión sexual, discriminación y amenazas. Y a la derecha del pasillo se encuentra Celeste Desirée Soto Vettorazzi, exdirectiva del extinto Banco del Café (Bancafé), señalada del delito de quiebra fraudulenta y ligada a proceso el 7 de junio del año pasado, quien está pendiente de la audiencia que determinará si debe enfrentar juicio por los hechos imputados.
Una fuente allegada a uno de estos privados de libertad confirmó que no se han presentado quejas relacionadas con el trato en el reclusorio. Incluso aludió que habría cierto grado de comodidad y desplazamiento.
En contraste, Laparra Rivas califica este período de detención preventiva como “una tortura”, encerrada 22 horas diarias en una celda de dos metros por tres. En su caso, las visitas son martes y sábados, y sus familiares más cercanos viven en Quetzaltenango, lo que dificulta el traslado.
A su celda llega una tía una vez a la semana, quien le da apoyo moral y la ayuda con el lavado de ropa. ¡Adiós, mi princesa! Con mucha fe, pues Nuestro Señor Jesús va a hacer justicia pronto”, se despide.
También se observan algunos misioneros religiosos, representantes de asociaciones y organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Es una pesadilla”, manifiesta la exfiscal, mientras muestra cómo se ve su celda con la puerta cerrada. Totalmente oscura. También comparte que su mayor anhelo es regresar con sus hijas y expresa con la voz entrecortada y entre lágrimas que guarda esperanza de que podrá dilucidar su situación legal.
Periplos legales
La fase de investigación del caso de Gómez García culminó en febrero de este año, y por acciones legales interpuestas por él mismo y el constante cambio de abogados defensores la audiencia de etapa intermedia se encuentra pendiente de desarrollarse desde hace tres meses.
Durante su ejercicio profesional, Gómez García fue defensor de Anabella de León, señalada en el caso denominado Botín Registro de la Propiedad, así como de Haroldo Mendoza Mata y Martín Montiel Marín, alias el Taquero.
El abogado también tuvo cobertura mediática por presentar varias acciones legales contra diversas autoridades, jueces y fiscales. Entre estos, interpuso un recurso en contra de la Feci, y denunció a nombre de Karina de Rottmann a Juan Francisco Solórzano Foppa, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria, por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica.
En cuanto a Soto Vettorazzi, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal tiene a su cargo el proceso y dio plazo de tres meses, el cual se cumplió en septiembre del 2021, para que el MP concluyera con las pesquisas y presentara la acusación y solicitud de apertura a juicio, a pesar de que el caso tiene más de una década de averiguaciones.
De acuerdo con la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del MP, entre 1997 y el 2006, los imputados hicieron trasferencias monetarias ilegales con fondos de Bancafé y los invirtieron en Bancafé International Bank, con sede en Barbados, una entidad que no estaba registrada en la Superintendencia de Bancos.
Dichas transacciones representaron la pérdida de Q1 mil 200 millones de los clientes de la entidad bancaria, que entre cuentahabientes e inversionistas suman tres mil 336 afectados.
Mientras que Laparra Rivas fue detenida después de cuatro años de lucha legal, en los que buscó formar parte y tener acceso a la carpeta judicial en la que se le sindica. En este caso figuran como querellantes el abogado Omar Barrios, quien fue candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Castellanos y la Fundación contra el Terrorismo.
De acuerdo con el Código Procesal Penal, en su artículo 323, “el Ministerio Público deberá dar término al procedimiento preparatorio lo antes posible, procediendo con la celeridad que el caso requiera. Dentro de los tres o seis meses de dictado el auto de procesamiento del imputado, cualquiera de las partes podrá requerir al juez que controla la investigación la fijación de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación”.
Más de un mes ha transcurrido y sigue pendiente de desarrollarse la etapa intermedia del caso, porque el 4 de abril el titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Sergio René Mena, se excusó para no conocer el caso.
En la etapa intermedia el MP deberá presentar actos conclusivos de la investigación, los cuales podrían determinar si existen indicios suficientes para que Laparra Rivas enfrente juicio. Sin embargo, esto no ha podido desarrollarse por sucesivas acciones legales por parte de los querellantes y la reciente inhibitoria del juzgador.
El proceso penal guatemalteco tiene como finalidad la averiguación, determinación y valoración de hechos delictivos; el establecimiento en la sentencia de la participación del imputado y la determinación de su responsabilidad y la pena que le corresponde, así como la ejecución de esta en los plazos que contempla la ley.
El juez Mena adujo que el caso se puede mediatizar y se excusó de conocerlo, luego de que la señalada en el caso hiciera pública, por medio del procurador de Derechos Humanos, una carta en la que expone estar privada de libertad sin que exista sustento legal para ello y de dudar de la imparcialidad del juzgador, pues había sido citada para rendir primera declaración por este caso, pero un día antes de que se presentara Mena giró la orden de aprehensión en su contra.
En la carta refería: “En un correcto estado de Derecho debería existir igualdad procesal, y estando claro que estoy en prisión preventiva por haber presentado múltiples requerimientos al órgano jurisdiccional durante cuatro años, hoy alguien me prestó un periódico y leí el caso de Howard Yang, quien en fecha 12 de abril se publicó que se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo D, luego de haber estado rehuyendo una orden de aprehensión durante cinco años, le otorgaron medidas sustitutivas, en tanto yo estoy en prisión por haber intentado durante cuatro años ser parte del proceso”.
Del recorrido
Para llegar al área donde se encuentra guardando prisión provisional Virginia Laparra Rivas, Otto Rolando Gómez García y Celeste Desirée Soto Vettorazzi, se recorre aproximadamente un kilómetro a pie desde la entrada principal en donde toman fotografía al Documento Personal de Identificación al visitante y se le registra en un libro con sus datos personales: nombre completo, dirección, motivo de visita, hora de ingreso y salida, datos que son requeridos en dos puestos de control.
En el trayecto se observan ventas ambulantes de atoles, tostadas, desayunos, frutas; vendedores que basta con una señal a los guardias penitenciarios para que se les permita ingresar.
Deterioro del sistema
La situación de Virginia Laparra se encuadra en el deterioro que presenta el Sistema Penitenciario, lo cual no es una novedad. “Es una descripción histórica” y no reúne las condiciones enmarcadas en los estándares internacionales respecto de la forma en que debe resguardarse a los privados de libertad, dice Jorge Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), que ha brindado constante acompañamiento a la exfiscal.
En cuanto al espacio y las circunstancias donde guardan prisión preventiva Laparra, junto a Gómez García y Soto Vettorazzi “son inhumanas”, expresa Santos, al agregar que en el caso de la exfiscal el proceso ha estado revestido de “violaciones al debido proceso y garantías judiciales: es una detención arbitraria”.
Según Alianza por las Reformas, existen diversas ilegalidades en el proceso penal contra Laparra y hace ver que en varias ocasiones ha solicitado el arresto domiciliario, el cual se le ha negado con el argumento de que “obstaculiza la averiguación de la verdad, por el simple hecho de defenderse legalmente, sin que exista ningún peligro de fuga”, manifiesta Álvaro Montenegro, representante de dicha organización.
A su juicio, las recientes acciones del MP en contra de exfiscales y jueces son “una cacería para enviar mensajes intimidatorios” a los operadores de justicia, con el propósito de que no investiguen o demanden a personas con demasiado poder.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, visitó a Laparra el 3 de abril pasado para verificar su situación.
Su percepción es que la prisión de Mariscal Zavala es adecuada para su seguridad, por lo que “no sería lo más oportuno” enviarla a otra cárcel, porque el riesgo podría ser mayor. Sin embargo, reconoce que no está en las mejores condiciones.
Al llegar al segundo registro se observa al lado izquierdo el área donde los hombres guardan prisión, y en la parte de arriba se miran algunos cuartos construidos con láminas y forrados con plástico. En el lugar se ubica una antena telefónica.
En el centro hay un portón negro que es un área exclusiva, reservada para detenidos políticos. Ahí se encuentran el expresidente Otto Pérez Molina y otros exfuncionarios de su gobierno. También se ve a algunos albañiles acarreando material de construcción.
A unos 300 metros, a la derecha, está el ingreso a un sector que tiene tres celdas, donde se encuentran Laparra Rivas, Gómez García y Soto Vettorazzi, quienes comparten una situación en común: hace más de tres meses están en prisión preventiva a la espera de la audiencia que determinará si hay indicios para que sean enviados a juicio.
Perfiles
¿Quién es Laparra Rivas?
Lilian Virginia Laparra Rivas es abogada y notaria, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el Centro Universitario de Occidente; es la hermana mayor de cuatro hermanos y madre de dos niñas.
Laparra Rivas tiene 42 años y nació en Quetzaltenango, trabajó para el MP por 16 años, desempeñándose en los últimos seis años la jefatura de la Feci de Noroccidente, convirtiéndose en la segunda persona al mando.
¿Quién es Otto Rolando Gómez García?
Es abogado y notario, egresado de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, tiene 52 años, se desempeñó como guardia parlamentario durante 5 años aproximadamente, y decidió estudiar ciencias jurídicas y sociales.
Gómez García ha representado a Haroldo Mendoza, procesado por supuestamente apropiarse de extensiones de tierra en Morales y Los Amates, Izabal; Marvin Montiel Marín, el Taquero, en el caso de la muerte en 2016 del reo Byron Lima; Ana Patricia Mazariegos Sánchez (madre de la exdiputada Emmilene Mazariegos) por el caso de corrupción Chicamán.
El abogado presentó una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo que integró a Feci y ha denunciado a la jueza de mayor riesgo “D”, Erika Aifán, y a otros operadores de justicia.
¿Quién es Celeste Desirée Soto Vettorazzi?
Soto Vettorazzi, fue presidenta y principal accionista de la Junta Directiva del extinto Bancafé S.A.
Se desconoce su profesión y los estudios realizados y títulos obtenidos.
