En otros casos, los trabajadores cursaron solo tercero básico. Por esa situación se inició un proceso en contra de 12 personas, entre diputados y exdiputados, además de un exdirector.
Fuentes de la Feci estiman que en el 2014 hubo un centenar de nuevas contrataciones y en el 2015, otras 200.
Para financiar este crecimiento vertiginoso de nuevos empleados, el Congreso hizo tres modificaciones al presupuesto: en marzo, mayo y noviembre del 2015.
Sin requisitos
El manual de puestos del Congreso del 2013 establece que los cargos de asistente de junta directiva requieren un grado de licenciatura, experiencia relacionada de dos a cinco años y ser colegiado activo.
De los tamizajes de los expedientes evaluados hasta ahora, los fiscales detectaron que 59 personas nunca llegaron a trabajar. La investigación está en curso y es probable que el número aumente.
Aunque se trata de datos preliminares, la Fiscalía identificó las primeras bases de cuáles fueron los mecanismos utilizados para contratar de manera discrecional a empleados al servicio de las dos juntas directivas anteriores.
Este personal, a diferencia del presupuestado en el renglón 011, no marca tarjeta, lo cual facilitó su inasistencia a laborar.
La investigación establece que algunos de los trabajadores prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas privadas, incluso a compañías de legisladores.
Discrecionalidad
A los diputados les corresponde la aprobación de las leyes como las de Servicio Civil, y son quienes revisan el manual de puestos y salarios del Congreso. Estas dos herramientas legales, con los vacíos que contienen, fueron fundamentales para facilitar las mencionadas contrataciones.
El aumento salarial también fue arbitrario porque, en algunos casos, quienes devengaron durante el primer año Q10 mil, al año siguiente duplicaron su sueldo. Incluso hubo quienes recibieron incrementos antes de cumplir este período. La mayoría de las plazas pertenecen al renglón 022.
El trámite de cada autorización de contrato comenzó con una firma hecha al margen por los expresidentes de las últimas dos juntas directivas, Arístides Crespo y Luis Rabbé, quienes rubricaron y establecieron —a petición de los diputados— los salarios. El presidente del Congreso es la autoridad nominadora de ese organismo.
Todos los diputados tienen derecho a tres trabajadores, con excepción de los integrantes de la junta directiva, que no tienen limitaciones en ese número, de acuerdo con la Ley de Servicio Civil.
Las solicitudes aprobadas fueron enviadas al director general del Congreso, quien a su vez las
trasladó a Recursos Humanos.
El manual de puestos del Legislativo del 2013 sí establece los perfiles, pero no los emolumentos, lo que potenció la facultad de las juntas directivas de fijarlos e incrementarlos, explicaron investigadores de la Fiscalía.
El 99 por ciento de los empleados tenían contrato con efecto retroactivo y recibieron, en algunos casos, sueldos tres meses antes de que oficialmente empezaran a laborar.
El artículo 18 del reglamento de la Ley de Servicio Civil establece que en ningún caso una contratación podrá ser “retroactiva”, agregaron los entrevistados.
De acuerdo con información oficial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis Rabbé autorizó para la junta directiva 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva.
Crespo autorizó al menos 44 contratos en 022, sin que constara la solicitud del jefe de cada unidad, apunta un comunicado oficial de la Cicig.
Prensa Libre se comunicó con Crespo y Rabbé. Edwin Ruiz, asistente de Crespo, devolvió la llamada y ofreció comunicarse con el diputado. Rabbé cortó la comunicación cuando la periodista se identificó.
