El también general José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de Inteligencia Militar de la época, sí llegó a la audiencia.
Ríos Montt estuvo representado por sus abogados Jaime Hernández Zamora y Luis Rosales.
Por orden del Tribunal, integrado por los jueces María Eugenia Castellanos, presidenta; Sara Yoc Yoc y Jaime Delmar González Marín, el juicio no será documentado por la prensa.
Castellanos explicó que se discutirán las medidas de seguridad en favor de Ríos Montt, quien padece demencia senil, y la ley indica que ese tipo de procesos se efectúa en privado y solo con las partes involucradas. No obstante se permitió, al igual que en el primer juicio, la presencia de observadores internacionales.
La defensa de Ríos Montt impugnó que el Tribunal permitiera público, pero Castellanos dijo que no había impedimento que delegados de organizaciones extranjeras presenciaran el juicio: “Porque no hablan español”.
Impugnaciones
Previo a comenzar el debate, Castellanos preguntó a los fiscales del Ministerio Público y abogados de las víctimas si habían sido notificados por resoluciones derivadas de acciones legales planteadas por el proceso.
Todos dijeron que no, pero Francisco Vivar y Édgar Pérez, del Centro Legal en Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y Reconciliación, respectivamente, comentaron que hay recursos pendientes.
La jueza señaló que se comenzaría con la diligencia porque no existe ningún fallo que ordene la suspensión del debate.
Vivar y Pérez plantearon errores en el procedimiento porque el Tribunal había ordenado desarrollar el debate por genocidio de manera simultánea con el juicio para determinar medidas de seguridad hacia Ríos Montt.
Los profesionales expusieron que la ley determina que ambos procedimientos se deben efectuar de manera separada y en distintas instancias, pero Castellanos comentó que la resolución emitida por el Tribunal, el 18 de agosto del año pasado, para unir ambos procesos se mantenía vigente.
Un alegato similar planteó Hernández Zamora, pero recibió la misma respuesta de los jueces.
El único que estuvo a favor de desarrollar simultáneamente los dos procesos fue el abogado Mario Hernández, representante de Rodríguez Sánchez.
Antecedente
El 10 de mayo del 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión al declararlo culpable de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. Rodríguez Sánchez fue absuelto por falta de pruebas.
Diez días después la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio, por errores en el procedimiento.
