Además, Luis Francisco Concuá, concejal séptimo 2012-2016; Cruz Fernando Pineda, concejal suplente primero 2012-2016 y actual jefe del Departamento Jurídico de la comuna; Julia Dolores Morales, concejal suplente tercero 2012-2016 y Manuel Antonio López, concejal sexto 2012-2016.
Al igual que a Coro, a todos se les sindica del delito de peculado.
El fiscal regional metropolitano, Estuardo Campo y el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Nilson Castillo, ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron cómo los funcionarios y exfuncionarios ediles habría aprobado de manera fraudulenta el pago a exjefe edil.
En los allanamientos también se pretendía capturar a Coro; sin embargo, no fue localizado en su vivienda. De acuerdo con Ocampo hay información de que pudo haber abandonado el país, por lo cual activarán las alertas a la Interpol, también a la Dirección General de Migración de Guatemala en caso pretenda salir o ingresar a Guatemala.
El caso
Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia presentada por los concejales Sebastián Asturias, Hilda Domínguez y Mynor Cifuentes en contra de Antonio Coro.
El 29 de enero del 2015, Coro renuncia al cargo de alcalde y su puesto es ocupado por el actual edil Víctor Gonzalo Alvarizaes. Días después el Concejo aprobó por unanimidad de forma “excepcional y por única vez” el pago de Q330 mil 234 en concepto de prestaciones laborales que incluía Q291 mil 831 por indemnización.
El monto por indemnización, Coro lo devolvió en marzo del 2016 porque era ilegal, según una auditoría que efectuó la Contraloría General de Cuentas (CGC).
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No conforme con la devolución del dinero, Coro demandó a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula en la cual estuvo al frente del 2000 al 2015. En esa demanda el exjefe edil reclamó el pago de dicha indemnización, vacaciones, aguinaldo y bono 14 por los 15 años de servicio.
También reclamó ventajas económicas que adquirió mientras fue alcalde y la utilización de un vehículo que tenía asignado con combustible, daños y perjuicios y los salarios no percibidos desde el día que renunció hasta el día del pago de la indemnización.
En 2016, la comuna fue notificada de la demanda y se citó a Pedro Peña Hernández, síndico segundo del Concejo, para que evacuara la audiencia de juicio oral que se llevaría a cabo el 28 de septiembre.
Peña no asistió a la audiencia lo cual era su obligación, según el fiscal Campo, porque ejercía la representación judicial de la comuna, lo cual “trajo como consecuencias que la municipalidad fuese declarada en rebeldía”.
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El 24 de octubre del 2016 el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social declaró con lugar la demanda de Coro en contra de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.
“El síndico segundo deja de comparecer a la audiencia que estaba programada y deja en estado de indefensión a la municipalidad de Santa Catarina Pinula”, indicó Campo, quien añadió que cuando el juzgado le solicitó a Peña un informe en relación con las pretensiones de Antonio Coro él respondió que sí por lo cual la comuna fue condenada al pago de prestaciones incluida la indemnización.
El Concejo aprobó por mayoría hacer las transferencia para el pago al exjefe edil.
- Esto fue lo que cobró Coro:
| Vacaciones | Q154 mil 886 con 63 |
| Aguinaldo | Q923 mil 523 con 27 |
| Bono 14 | Q923 mil 523 con 27 |
| Indemnización | Q719 mil 422 con 97 |
| Daños y perjuicios | Q738 mil 545 con 83 |
| Total | Q3 millones 459 mil 901 con 97 |
Duplicidad de cobros
Campo explicó que como parte de las diligencias la fiscalía contra la Corrupción solicitó a la CGC un examen especial de auditoría mediante el cual se corroboró que Coro, durante los 15 años que fungió como alcalde de Santa Catarina Pinula cobró año con año las prestaciones de ley y en la demanda judicial volvió a exigirlo lo cual se constituyó en una duplicidad de cobro.
En cuanto al pago a la autorización del pago por parte del Concejo, Castillo precisó que según el artículo 44 de la Ley de Servicio Municipal establece que se tiene derecho a recibir indemnización “por supresión del puesto o despido injustificado, aquí no se está incluyendo la renuncia, de ahí la improcedencia del pago”.
Cargos y solicitud de antejuicio
Los fiscales explicaron que tanto Coro como el resto de integrantes del Concejo 2012-2016 que son señaladores se les imputa el delito de peculado por sustracción por haber avalado el pago de indemnización al exalcalde.
Al actual síndico segundo Pedro Peña Hernández, además, se le señala del delito de incumplimiento de deberes por no haber acudido a las audiencias judiciales para representar y defender a la comuna.
El MP también solicitó en el Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia el reitiro de inmunidad el actual alcalde de Santa Catarina Pinula, Victor Gonzalo Alvarizes, porque también formó parte del Concejo 2012-2016.
Aparte de Antonio Coro, también están pendientes de captura los siguientes integrantes del actual Concejo: Antonio Suruy Velásquez, concejal; Héctor Augusto Jaime de Paz, síndico; y Felipe Chávez concejal segundo suplente.
En cuanto a una posible solicitud de antejuicio en contra de la jueza que emitió la sentencia en contra de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula afirmó que “es un extremo que en este momento es objeto de análisis”.
Añadió que las investigaciones aún no determinan si los integrantes del Concejo habrían percibido parte de los Q3.4 millones que Coro recibió.
Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia presentada por los concejales Sebastián Siero Asturias, Hilda Domínguez y Mynor Cifuentes.
En un comunica, Siero expuso que Coro renunció para hacer campaña política con el extinto partido Líder, y que a consecuencia de la denuncia ha sufrido intimidaciones.
Coro, por su parte, también difundió un comunicado en el que asegura que no está prófugo, sino que está fuera del país por motivos de salud y que retornará al país “lo ante posible” para colaborar con la justicia.
Añadió que su abogado presentó un memorial de presentación espontanea “para hacer saber sobre mi intención de presentarme lo antes posible y aclarar esta situación”.
Coro enfrenta otro proceso judicial por el alud mortal en la colonia El Cambray 2 en 2015.
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