El análisis incluyó desde que una persona es denunciada o capturada en flagrancia hasta que existe una resolución judicial.
Encontraron que existe numerosas relaciones entre cada uno de los actores. Por ejemplo, el MP debe trabajar en conjunto con la PNC para realizar capturas e investigaciones; y con el INACIF para realizar las autopsias. Por su parte, el OJ se apoya en el SP para enviar a las persona a prisión preventiva y el IDPP para la defensa técnica de los sindicados, según explicó David Casasola, investigador del CIEN.
La principal conclusión de la investigación es que las actuaciones de cada entidad afectan a otras y a todo el sistema de justicia en su conjunto.
Eficiencias
Aunque las seis entidades contribuyen a mejorar o empeorar la eficiencia de la justicia, se puede observar que cada institución posee dinámicas diferentes.
Se pudo observar en el informe del Cien que la eficiencia de la investigación de la PNC –que es requerida por el MP– mejoró en 0.7% en relación al 2016 y se colocó este año en 10.7%. No obstante, reportó 180 mil 253 casos pendientes aún por aclarar.
Por su parte, el MP registró una eficiencia del 29.8%, en lo que respecta a denuncias que ingresaron y que fueron desestimadas, desjudicializadas o remitidas al OJ. Así pues, se reportó una mora acumulada de 1 millón 79 mil denuncias aún no resueltas.
En lo que respecta al Inacif y al IDPP, ambos tienen los índices más altos de eficiencia. Lograron atender respectivamente el 89.2% y el 86.6% de las solicitudes que les realizaron las demás entidades del sistema de justicia.
El Inacif debía atender 11 mil 817 solicitudes acumuladas y el IDPP debía seguir atendiendo los procesos penales de 23 mil 807 casos aún no conclusos.
Así pues, el Cien calculó que el OJ tuvo una eficiencia en Juzgados de Primera Instancia Penal del 18%. Teniendo una mora judicial acumulada de 147 mil 429 casos ingresados a Órganos Jurisdiccionales Penales y 291 mil 927 casos ingresados en Juzgados de Paz.
¿Cómo mejorar?
De acuerdo con David Casasola, investigador del Cien, el OJ y el MP es dónde se presentan la mayoría de interacciones y congestionamientos. No obstante, mientras que el MP paso de una eficiencia del 23.3% en 2016 al 26.6% en 2017, el OJ disminuyó la propia de 21.2% en 2016 a 17.8% en 2017.
La razón es que el MP ha logrado mejorar la atención a las denuncias que se le han presentado. Desde el año 2015 el número de casos egresados del ente investigador ha superado el de casos ingresados, lo que ha llevado a una disminución de la mora.
Se le puede atribuir este logró a la creación de una fiscalía liquidadora, encargada de desestimar denuncias improcedentes o que ya se han quedado sin sustento.
Según la portavoz del MP, Julia Barrera, el ente investigador ha buscado unir casos, así como la implementación de la persecución penal estratégica en las investigaciones a cargo de las fiscalías. “Esto ha permitido que los casos no se investiguen aisladamente, sino, analizar los hechos que podrían estar vinculados a los mismos grupos criminales, lo que permite mejorar la eficiencia en cuanto a la resolución de casos”, aseguró.
Añadió que las salidas alternas también han permitido resolver aquellos hechos donde la misma ley establece esos procedimientos de ciertos delitos.
Son parte de las políticas adoptadas en los últimos años del MP que se reflejan en este resultado de eficiencia al alza.
Por su parte, la cantidad de casos que ingresan al OJ supera por mucho al número de egresados. Esto genera una reducción en la eficiencia.
¿Por qué?
Las razones son muy complejas, no obstante, un análisis comparativo del presupuesto de cada entidad del sector justicia sugiere que la mejora se relaciona a la asignación de recursos.
Mientras que la mayoría de entidades del sector justician han devengado un presupuesto similar los últimos 7 años, el MP ha visto un incremento significativo. El 21.5% del presupuesto total destinado a Seguridad y Justicia en Guatemala fue asignado al MP.
Además, varias fuentes consultadas para el reportaje publicado con anterioridad en Prensa Libre, Procesos que se vuelven laberintos, coinciden en que la aplicación de diferentes recursos por parte de implicados, abogados y entes de justicia causa retrasos en un sistema ya de por sí sobrecargado.
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