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Analistas consultados coinciden en que uno de los mayores aportes de la Cicig fue demostrar que Guatemala es un Estado capturado por grupos de poder enquistados en el Gobierno, partidos políticos y empresarios, que buscan perpetuar el statu quo en el país; sin embargo, también existen quienes aseguran que uno de los errores del ente de la ONU fue que manipuló la justicia.
Una encuesta de ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión, publicada el 4 de abril último, desveló que el 72 por ciento de los guatemaltecos aprueba el trabajo de la Comisión, lo cual significa que “despertó la conciencia de la población”, afirman los entrevistados.
El profesor de Ciencia Política Luis Velásquez indica que lo más importante de la Cicig es que “demostró que la captura del Estado no habría sido posible sin complejas y contradictorias relaciones entre el crimen organizado y las élites políticas y económicas, las cuales se han dedicado a obtener contratos y a influir en la toma de decisiones políticas”.
Durante los 12 años del mandato y, más evidente, en los últimos tres, hubo detractores de la Cicig que lograron organizarse para criticar acciones que, a su juicio, no correspondían al acuerdo original.
Lo anterior, agrega el profesor universitario, le pasó factura a la Comisión, porque no tenía el apoyo suficiente en las instituciones nacionales.
“Únicamente tuvieron de apoyo esporádicas manifestaciones, muestras de apoyo de organismos internacionales y amparos”, recalca.
La Cicig, finalmente, tocó el corazón del poder con investigaciones como Caja de Pandora, contra el alcalde y expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, y el financiamiento ilícito a varios partidos políticos, incluido el Frente de Convergencia Nacional.
Lo bueno: Desveló el nivel de corrupción del país
La independencia en sus investigaciones le permitió tocar las esferas más altas, que estaban cubiertas de impunidad.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC) José Quesada Fernández considera que lo más importante del trabajo de la Cicig fue que puso al descubierto el nivel de corrupción existente.
En consonancia, Eduardo Stein, uno de los impulsores de la Cicig, desde la Vicepresidencia en el gobierno de Óscar Berger (2004-2008), considera que lo más relevante del ente internacional es que “desveló y exhibió la profundidad de la corrupción que se había enraizado en los tres poderes del Estado”.
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La activista de derechos humanos Helen Mack, también promotora de la creación de la Cicig, subraya como lo más importante la capacidad de investigación que demostró, así como su independencia para hacerlo. “Empleó pruebas científicas profesionales”, afirma.
La directora de la Fundación Mirna Mack resalta que las investigaciones demostraron las causas por las cuales el país se mantiene estancado y en subdesarrollo.
El abogado José González, coordinador del programa de justicia de Impunity Watch, destaca entre los mayores aportes de la Cicig el impulso a la creación de leyes y métodos especiales de investigación que permitieron perseguir judicialmente delitos de corrupción y del crimen organizado.
Para González también fue importante la creación de institucionalidad especializada para investigar y juzgar casos de altísima complejidad, específicamente la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y el sistema de juzgados y tribunales de Mayor Riesgo.
A criterio del abogado de Impunity Watch, la Cicig también demostró que con valentía e independencia es posible aplicar la ley a cualquier persona y que el sistema de justicia puede funcionar.
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El analista político e historiador José Alfredo Calderón afirma que la Cicig deja tres elementos claves para el futuro del país: desnudó que el pecado original del sistema político-electoral es el financiamiento ilícito de las redes criminales en las que están involucrados militares, empresarios, políticos, proveedores del Estado y crimen organizado.
Además, hizo pública la responsabilidad de élites económicas en dicho financiamiento y otros negocios espurios.
Calderón también resalta que la Cicig despertó la conciencia ciudadana, que parecía dormida, y aunque muchas de las acusaciones y reportes eran conocidos, la exposición pública y sistematizada hizo que el conocimiento se ampliara sustancialmente e hiciera muy difícil contrarrestarlas, por el carácter científico con el que estaban hechas.
Conrado Reyes, doctor en Derecho, opina que los países amigos apoyaron de buena fe a la Cicig, pensando en fortalecer la investigación criminal en los procesos judiciales, entre ellos Estados Unidos, especialmente en los dos periodos del presidente Barack Obama (2008-2016).
Los actores sociales, económicos y académicos, entre otros, comprobaron las consecuencias graves por desatender la independencia en la justicia, apuntó Reyes.
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Lo malo: Manipularon la justicia con testigos
Analistas creen que la Cicig violó derechos de personas en prisión preventiva durante varios años, con retardos maliciosos.
Para el exmagistrado de la CSJ y de la CC José Quesada Fernández, entre los puntos que ensombrecieron el trabajo de la Cicig está la posible manipulación de procesos, en los cuales incluyeron a jueces y testigos. “Descubrieron la corrupción, pero a la vez se convirtieron en una institución corrupta”, señala.
En cuanto al trabajo de los tres comisionados, Quesada Fernández considera que Iván Velásquez fue quien “desvió la institución ideológicamente”, Carlos Castresana “también manipuló testigos” y Francisco Dall´Anesse “fue al más benigno”.
El excanciller Eduardo Stein opina que otro de los puntos negativos de la Cicig fue que “asumió papeles políticos que no le correspondían; por ejemplo, la manera como se promovieron las reformas a la Constitución en el 2017.
Stein reafirma lo expuesto por Quesada Fernández en cuanto a la manipulación de testigos. “Yo conozco directamente el caso de Carlos Vielmann, exministro de Gobernación, en el cual fui testigo en el juicio en España”.
Por su parte, la activista Helen Mack cree que la Cicig pudo haber cometido errores, pero en su mayoría se debió a la mora judicial de Guatemala.
“El abuso de la prisión preventiva —que fue uno de los mayores argumentos de sus detractores— está identificado desde antes de la firma de los acuerdos de paz y no se ha hecho nada por solucionarlo”, dijo Mack.
El coordinador del programa de justicia de Impunity Watch, José González, señala que lo lamentable de la Cicig fue que no logró motivar los cambios políticos necesarios para la transformación del Estado de Guatemala.
Además, agrega, no estaba preparada para enfrentar “la abrumadora reacción del gobierno de turno y de las mafias en contra de su trabajo”.
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González prevé que con la salida de la Cicig se debilitará el sistema de justicia y se correrá el riesgo de que las mafias mantengan la captura del Estado. Ante este panorama, “es de suma importancia que la ciudadanía y los funcionarios públicos honestos continúen la lucha contra la impunidad y la corrupción”.
Conrado Reyes, doctor en Derecho, expone que decenas de millones de dólares de los países cooperantes fueron dilapidados en viajes, paseos y privilegios por los diferentes comisionados, jefes y técnicos, durante los 12 años de existencia de la Cicig.
Reyes señala que debido a que no se cumplió con la Ley de Extinción de Dominio para confiscar sumas millonarias a delincuentes confesos y por convenios desconocidos, todavía circula ese efectivo y los responsables siguen gozando de esos fondos. Señala como ejemplo el encubrimiento de cientos de millones de dólares en la corrupción de la empresa Odebrecht, sin que exista proceso penal en contra de los responsables.
Reyes también ve que se violaron derechos humanos de personas en prisión preventiva y que la Cicig cometió tráfico de influencias en expedientes de investigación preparados para intimidar a particulares contrarios a la ideología de izquierda en el país.
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