Antes de llegar a los tribunales, el legislador aseguró haberse presentado ante la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, para plantear su “disposición de acudir a los tribunales”.
“Hemos venido a manifestar nuestro deseo de que se nos cite para cualquier situación legal o cualquier interrogatorio que los jueces quieran plantearme”, comentó.
Al ser cuestionado sobre su decisión de presentarse a la justicia corresponde a evitar una posible captura, Crespo dijo que “no es un tema de publicidad, es un tema legal y administrativo”, aduciendo que fue el Congreso de la República el que no cumplió en entregar los informes a la Contraloría en los plazos correspondientes, de los contratos de los 180 asesores y que de ahí deviene el antejuicio.
El pasado 25 de octubre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró con lugar el antejuicio contra la junta directiva del Congreso señalada de varios delitos en la extensión de contratos en el renglón 029, en ese organismo.
La denuncia de este caso fue presentada por la Contraloría General de Cuentas, en el 2016. El 12 de octubre, el magistrado presidente de la Sala Segunda de Apelaciones, Gustavo Dubón, juez pesquisidor del caso, recomendó no retirar la inmunidad a la directiva en que Crespo fungió como primer vicepresidente.
Según las pesquisas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), el diputado habría autorizado y facilitado la contratación de personal que nunca llegaron a trabajar.
Otros procesos
El magistrado de la Cámara de Amparos y antejuicios de la CSJ Rafael Rojas confirmó que Crespo, sindicado también en más casos, ha planteado 18 recursos para frenar otros procesos de antejuicio en su contra.
“Ha hecho uso de todas las opciones que la ley da para detener el antejuicio”, expuso Vitalina Orellana y Orellana, presidenta de la Cámara de Amparos y Antejuicios.
Contra Crespo han sido presentadas tres solicitudes de antejuicio, una por haber autorizado un permiso sin goce de salario a una empleada del Congreso para que pudiese ocupar un cargo en el Organismo Ejecutivo, el cual fue rechazado por la CSJ.
Otro fue presentado contra el legislador, por una denuncia que hizo la Contraloría General de Cuentas, por la contratación irregular de personal.
El tercero, el cual lo dejó sin fuero, corresponde a una solicitud que hiciera en mayo del año pasado, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el MP, por el caso Plazas Fantasma, el cual también fue presentado contra los diputados que conformaron la Junta Directiva entre 2014 y 2015, la cual fue presidida por Luis Rabbé.
Crespo es sindicado por la contratación excesiva de personal y la creación de plazas fantasma.
