El jefe de la Digecam, Óscar Montecinos, comentó que con el cambio de la Ley de Armas y Municiones en el 2009 les quedaron varias de la antigua policía y otros cuerpos de seguridad, y debido a que existe una regulación que les da el control para guardarlas, se han acumulado. El funcionario señaló que hasta el 2016 llevaban más de 55 mil.
“Ese punto me preocupó y solicité, de acuerdo con los planes estratégicos de la Digecam, destruir esas 55 mil armas, y para ello tenemos planificadas varias etapas de destrucción”, indicó.
El año pasado, en una primera etapa fueron destruidas cinco mil 359 armas, y para este año ya se tiene una segunda fase, en la que se busca destruir dos mil 177.
Montecinos explicó que se han reunido con la Cámara Penal del Organismo Judicial (OJ), Ministerio Público (MP), Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) e Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para crear “un protocolo interinstitucional para destruir esas armas, que representan una amenaza para el Estado”.
“En este momento están en manos del Ejército, pero en determinado momento la Ley dice que van a pasar al Ministerio de Gobernación, para cuando existan las medidas necesarias de seguridad, y hasta ahorita no existen. A mí me preocupa que en esa transición esas armas puedan ir a parar saber dónde, incluso en manos del crimen organizado”, afirmó.
Según Montecinos, una de las situaciones que dificultan la destrucción de ese armamento es que no tienen capacidad económica ni personal. De momento cuentan con dos máquinas.
En el 2016 dedicaron 45 días a esa labor, al extremo de que el personal a cargo terminó con ampollas en las manos. El otro problema, el más importante, es que sin orden del OJ no pueden destruir las armas.
El juez Carlos Guerra reconoció que otro problema es cuando los tribunales o juzgados no dictan que el arma sea destruida.
Marisol Alonso, del Iepades, señaló que destruir ese arsenal es importante, no solo por control interno, sino porque el país es parte de convenios y tratados internacionales que piden su destrucción. Resaltó que la acumulación puede dar lugar a un desvío, si no se tiene un control adecuado, aunque considera que la actual administración del Digecam sí lo ha tenido, aunque ello representa un desgaste en el personal. El funcionario afirmó que las armas son resguardas por 15 soldados y existen varios controles, incluso sobre las que fueron cortadas. El problema son los procedimientos de ejecución penal, enfatizó.
Para museos
El jefe del Digecam señaló que a algunas de las armas almacenadas ya no se les puede tomar huella balística porque no tienen cartucho ni calibre. “Tenemos de la época colonial, y así algunas quedarían bien para exhibirse en un museo”, comentó.
También tienen armas que fueron incautadas a narcotraficantes como Juan José Juancho León, chapeadas en oro, y algunas con diamantes, además de armamento de alto poder. “Hablamos de armas bélicas”, explicó. Todas son resguardadas mientras estén en investigación.
