Norma Cruz, de Fundación Sobrevivientes, señaló que la falta de voluntad de las autoridades permitió que niños salieran de forma ilegal pic.twitter.com/rFSEu2IqoI
— Geldi Muñoz (@GeldiMunoz) May 29, 2017
Ese año, una víctima dijo que le habían robado a su hija, de un mes de edad, de la cuna de su casa, a quien reconoció posteriormente en un pasaporte emitido para que la bebé pudiera salir de Guatemala.
La investigación estableció que Granados Villalobos, en su calidad de oficial primero de la Municipalidad de Iztapa, en Escuintla, “facilitó la captación” y “aprovechándose de su cargo” utilizó el nombre de una comadrona para colocar en los documentos oficiales que sirvieron para inscribir a la menor robada en el registro civil.
La Fiscalía no identifica en ningún momento a la menor ni señala si ya se reencontró con su madre biológica.
El Estado guatemalteco se ha sentado el pasado mes de mayo en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la entrega irregular en adopción a familias estadounidenses de dos menores en 1998, un caso que se enmarca en la operación de una red que entregó en esas condiciones a miles de niños.
Ese fue el caso de Osmín Tobar Ramírez y su hermano J.R., quienes fueron separados de su madre en 1997, cuando apenas tenían 7 y 2 años, respectivamente.
Las autoridades guatemaltecas los declararon en abandono y luego fueron dados en adopción a parejas estadounidenses distintas, en un proceso en el que se habrían omitido diligencias probatorias mínimas.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a las víctimas en este caso, citó datos de la Procuraduría General de Derechos Humanos de Guatemala (PGN) y recopilados en un informe de la Fundación Myrna Mack, que señalan que entre 1996 y 2006 al menos 27.871 menores fueron dados en adopción internacional en Guatemala.
Según el Cejil, la red que dio en adopción a miles de menores de forma irregular está en la impunidad y se desconoce el paradero de la mayoría de los niños.
