Según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) Guatemala continúa con poca capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El informe fue elaborado por la organización empresarial Americas Society / Council of the Americas (AS/COA) y la consultora en riesgos globales Control Risks y publicado en junio pasado. El país ocupó el décimo primer lugar de 15 países evaluados y obtuvo 11 por ciento menos que la nota de 2019.
El estudio analizó la situación de 15 países que en conjunto representan casi el 95 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Latinoamérica. Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, explicó que el Ministerio Público está comprometido en la lucha contra la corrupción y trabajan fuertemente en el tema.
Además, resaltó que en lo que va del año, dicha fiscalía accionó en contra de cuatro del gobierno de Jimmy Morales. Los exfuncionarios son: Carlos Soto Menegazzo, Elder Súchite Vargas, Carlos Velásquez Monge y solicitaron orden de captura en contra de José Benito por anomalías en la construcción del Libramiento de Chimaltenango, pero el juez Mynor Motto rechazó la petición.
“Sabemos que es una tarea ardua y necesitamos la colaboración de todas las instituciones del Estado para ir perfeccionando todos los procedimientos de investigación y presentar casos sólidos ante los tribunales”, afirmó.
Campo indicó que necesitan una Contraloría General de Cuentas (CGC) fuerte, para que tenga la capacidad de coadyuvar sus investigaciones, además deben tener equipos fuertes de seguridad para desarrollar las pesquisas.
Mientras que Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), opinó que Guatemala debe seguir fortaleciendo sus instituciones y se deben impulsar las reformas que están pendientes, por ejemplo, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Servicio Civil para generar una agenda a futuro de fortalecimiento institucional.
Agregó que Fundesa forma parte de la coalición por la seguridad ciudadana y han dado seguimiento al Flujograma de Justicia Criminal presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) –brazo técnico de la Fundación—que mide la eficiencia del sistema de justicia y aseveró que, aunque, en los últimos años ha mejorado aún está en un 32.3 por ciento.
“Es parte de un esfuerzo conjunto que las autoridades deben seguir trabajando para aumentar la eficiencia de todo el sistema y saber que en la medida en que funciona de mejor forma, en la medida en que todos los casos tienen una resolución habrá menor impunidad y mejora el proceso de fortalecimiento institucional”, afirmó.
Propuestas
Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana (AC), señaló que ve un retroceso muy grave en la lucha contra la corrupción en el país y la manifestación más clara es cómo actúa el gobierno, el Congreso, la pasividad del Ministerio Público y tampoco que la CGC no ha presentado ninguna investigación contundente, especialmente por la ejecución de recursos por la emergencia sanitaria del covid-19.
Cux plantea que se debe reformar el sistema de justicia a nivel normativo, pero también a nivel institucional para que no exista impunidad en los casos de corrupción, además, se deben elegir las cortes. “¿Cómo es que llegan candidatos cuestionados, candidatos que no llenan los requisitos de idoneidad a los puestos de elección, especialmente en el Congreso?”, cuestionó.
Además, señaló que valdría la pena analizar reformas al sistema político electoral, pero con énfasis en el financiamiento electoral ilícito y en la forma en la que el Tribunal Supremo Electoral decide inscribir a los postulantes a cargos públicos.
En las últimas semanas se han registrado manifestaciones de ciudadanos que protestan contra la corrupción que perciben en el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, además, en contra de decisiones aprobadas por el Congreso como el Presupuesto para el 2021, pero que fue archivado.
Cuando asumió el mandatario, en su mensaje presidencial de toma posesión, hizo un llamado a las fuerzas vivas del país para que se unieran y lucharan contra la corrupción. Además, prometió que se acabaría el despilfarro, la sobrevaloración y obras inexistentes, porque el combate contra este delito sería absoluto, mientras anunció la creación de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, la cual opera bajo el Ejecutivo.
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó que, el gobierno debería aprovechar los eventos recientes en el país como oportunidad para discutir con la sociedad una política de transparencia y lucha contra la corrupción.
Además, recomendó que se deben reformar y mejorar a los sistemas de adquisición pública, el sistema de servicio civil y el sistema presupuestario.
Para Pedro Cruz, presidente de Primero Guatemala, un avance que se resalta en el país en el combate contra la corrupción es que, hay una ciudadanía activa que se mantiene pendiente sobre el actuar de la clase política, quienes exigen transparencia, fiscalización y el buen uso de los recursos. Agregó que percibe mensajes de poca transparencia por parte de las instituciones públicas que generan descontento y muchas dudas sobre su actuar.
