Los sindicados comparecieron ante Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, quien explicó que por motivos de seguridad estaba ausente Aneliese Herrera, quien fue la secretaria de Sinibaldi y en la actualidad es colaboradora eficaz del Ministerio Público (MP).
Ella fue quien reveló la forma de operar de la estructura dirigida por Sinibaldi para cobrar sobornos, financiar campañas y ocultar el origen del dinero.
Los otros colaboradores Carlos Francisco Goyzueta Valladares y Juan Arturo Jegerlehner sí asistieron y la juzgadora les explicó que su cita para el juicio abreviado, cuando se declaren culpables de los cargos, será el próximo mes. Después de escuchar eso, se retiraron.
Sin abogados
Los sindicados José Yupe Ramírez, René Felipe Cardona Pérez y Juan Ignacio Florido acudieron sin sus abogados. Entonces, el fiscal Videz solicitó que se declarara la rebeldía de los defensores para continuar con la audiencia y no retrasarla más.
La juzgadora decidió separarlos del proceso y nombrar abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) para Yupe Ramírez y Cardona Pérez, quienes declararon desconocer en dónde estaban sus defensores José Rosales y María Sandoval, respectivamente.
Además, a Florido le otorgó tres días para que su defensor, Marco Alveño, comparezca o se oficiará a un defensor público para ser sustituido. La decisión de la jueza se centró en que Florido pidió que no separaran a su abogado.
También fue separada del proceso Griselda Beatriz Álvarez Medina, quien avisó a la judicatura que había dado a luz a su bebé y para no interrumpir más el proceso que fuera separada. La audiencia intermedia para los cuatro sindicados que fueron separados del caso se hará el próximo 26 de marzo.
Suspensiones
Aifán se refirió a que la audiencia de etapa intermedia ya se había suspendido en 11 oportunidades desde el año pasado. Especificó que en una oportunidad fue porque el MP no había finalizado la investigación.
También dijo que las suspensiones habían sido por excusas de los abogados y en una ocasión por falta de una sala de audiencias grande.
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Un detalle que se refirió la jueza Aifán fue que la defensa de Cardona Pérez cambió de abogado el 22 de octubre del 2018. Entonces, el 12 de noviembre del 2018 la abogada María Sandoval pidió más tiempo para conocer el caso y hoy estuvo ausente sin alguna justificación.
La investigación
Videz indicó a que la investigación que señala a Sinibaldi como el cabecilla de la estructura. “La investigación de este caso se dividió en cuatro ejes: Negocios del Micivi, lavado de activos, financiamiento electoral ilícito y obstaculización a la justicia”, dijo.
Las empresas ligadas a Sinibali Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A. y Agropecuaria El Florido S.A. estaban ligadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio y eran manejadas por una red de operadores para lavado de dinero u otros activos, según la investigación.
Según el MP, Sinibaldi compró bienes a través de grupos de empresas de cartón. La investigación abarcó tres grupos empresariales, cuyo factor común es que son controlados por Sinibaldi a través de empleados del grupo ARCQO, trabajadores del Micivi, familiares y amigos. Por ejemplo, una persona que desempeñaba sus labores como bodeguero era el dueño de un lujoso apartamento en el edificio Tiffany, de Sinibaldi.
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En algunas ocasiones, en las adquisiciones que aparecían abiertamente ligadas a Alejandro Sinibaldi se usaba la modalidad de préstamos bancarios pagados en pocos días.
La investigación del MP y la Cicig detalló que el pago a las empresas de cartón funcionaban como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que una vez depositado el dinero el engranaje gubernamental operara a su beneficio, pagándoles deuda de arrastre y en ocasiones por nuevos proyectos. El monto de lo que se habría beneficiado Sinibaldi es de US$10 millones.
Sindicados
- Douglas Yoalmo Paredes Alvarez. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos y obstaculización de la acción penal.
- Ismael Arnoldo Donis Álvarez. Asociación ilícita.
- Randy Stuardo Uribio Aquino. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
- Carlos Presa Aguirre. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
- Juan Ramón Solórzano Henkle. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
- Carlos René Micheo Fernández. Lavado de Dinero u otros activos.
- Juan Francisco Sandoval Girón. Cohecho activo.
- José Jeremías Pérez De La Cruz. Cohecho activo.
- Elder Rumualdo Vásquez Quevedo. Cohecho activo.
- Julio Roberto de la Peña González. Cohecho activo.
- Walter de Jesús López Acevedo. Cohecho activo.
- Roger Marco Antonio Navas Coronado. Cohecho activo.
- Otto Vinicio Samayoa Soria. Cohecho activo.
- Denis Elí Marroquin Castillo. Cohecho activo.
- José Roberto García Rodríguez, Cohecho activo.
- Mayra Lissette Marroquín Castillo, Cohecho activo.
- José Guillermo Samayoa Soria. Cohecho activo.
- Jaime Ramón Aparicio Mejía. Cohecho activo.
Separados
- José Guillermo Yupe Ramírez. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
- René Felipe Cardona Pérez. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
- Juan Ignacio Florido. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
- Griselda Beatriz Alvarez Medina, Cohecho activo.
Colaboradores en espera de juicio abreviado
- Aneliese Mercedes Herrera Monterroso. Asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito.
- Juan Arturo Jegerlehner Morales. Asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.
- Carlos Francisco Goyzueta Valladares. Cohecho activo.
Empresarios se declararon culpables
Este caso ya tiene a nueve personas que se declararon culpables en juicios abreviados: Álvaro Mayorga Girón, Juan Luis Tejada Argueta, José Luis Rodrigo Agüero Urruela, Rafael Ángel Díaz Fión, Rafael Ángel Díaz Samos, Jesús Augusto García Ibáñez, Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga y Allen Robert Krebs Wickforsfueron condenados a cinco años, a razón de Q100 diarios, y deben pagar un multa de Q500 mil.
En el caso de Raúl Eduardo Cuevas Alvarado, Aifán dictó una pena de cinco años conmutables a razón de Q25 diarios y debe pagar una multa de Q100 mil.
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