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Los magistrados Jaime Amilcar González Dávila -presidente-, junto con Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos – esposa de Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia- y Zonia de La Paz Santizo Corleto -vocales-, fueron designados para conocer el antejuicio contra el alcalde.
La Sala favoreció a Álvaro Arzú -fallecido- cuando fue señalado por el Ministerio Público (MP) en el caso Caja de Pandora.
Esta vez tienen las pesquisas adelantadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) contra Quiñónez, quien ganó la contienda en la elección del 16 de junio pasado.
Los delitos que se encuadran en la conducta de los funcionarios son financiamiento electoral ilícito, fraude y peculado, informó el Ministerio Público (MP).
Según el MP desde 2011 y 2015 se habrían orquestado desde la alcaldía planes y estrategias para incrementar simpatías hacia el Partido Unionista, fundado por Arzú, para asegurarse un caudal de votos que le permitiera a esa agrupación perpetuarse en el poder.
Para el efecto, actividades proselitistas se habrían cubierto con recursos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (Fapu), pero se justificaban con facturas alteradas falsas.
“Fines políticos”
La Municipalidad de Guatemala emitió un comunicado el 20 de junio en el que señaló que “las acciones tomadas por las autoridades… tienen únicamente fines políticos”. Además, rechazó los señalamientos contra Quiñonez, al aducir que “toda actividad presupuestaria de la municipalidad y sus entes es pública y debidamente auditada”.
La comuna afirmó que “aportó toda la información requerida en las investigaciones, colaborando en cada momento”. “Al tener mayor conocimiento de la sindicación en contra de funcionarios y de la entidad, desvaneceremos oportunamente cada uno de los señalamientos”, sostuvo.
Lo que sigue
Después que sean notificadas todas las partes procesales, la Sala deberá incluir en su agenda una sesión donde determine si admite o no la acción judicial. Si es aceptado el caso deberán nombrar un pesquisidor que tendrá hasta 60 días para indagar en la investigación.
Con el informe del pesquisidor, será la Sala quien decida si es viable el retiro de la inmunidad a Quiñónez. En cualquier etapa es válido cualquier acción penal como recusaciones y amparos.
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