Sin embargo, las autoridades aseguran que trabajan permanentemente en la institución para depurar a estos efectivos policiales. Esta tarea, nada fácil, está a cargo de la Inspectoría General, una de las pocas dependencias que pasaron de la extinta Policía Nacional a la PNC.
El objetivo de la Inspectoría es el control de la institución para que actúe en el marco de la legalidad y la transparencia, asegura el inspector general Jaime Chacach.
Sin embargo, para nadie es un secreto que una buena parte de la población aún desconfía de esta institución.
Un estudio de la firma ProDatos del 2019, reveló que solo el 30 por ciento de los guatemaltecos afirmaba que la institución le transmitía confianza. El número, ya de por sí bajo, había crecido ocho puntos desde 2011.
Al parecer la falta de confianza se mantiene.
Un sondeo efectuado por Prensa Libre en Twitter esta semana, en el que participaron mil 725 personas, arrojó que el 38% desconfía de que pueda ser víctima de soborno o robo por parte de la Policía, un 30.6% teme que se relacionen con el crimen organizado, un 23.2% desconfía de posibles abusos de autoridad y un 8.2% por implantación de pruebas.
Funcionamiento
La Inspectoría General divide su trabajo en tres ejes: prevención, investigación y corrección que son llevadas a cabo por distintas dependencias, entre estas, las oficinas de Derechos Humanos, de Régimen Disciplinario de Análisis Estratégico y de Responsabilidad Profesional (ORP).
En el eje de prevención, explicó Chacach, la Inspectoría desarrolla capacitaciones, supervisiones, así como auditorías a personal de determinada comisaría o subestación policial.
Acá, también se verifican denuncias ciudadanas y se emiten sanciones, si las faltas son leves. Si son graves, muy graves o incluso si se considera que pudo haber un delito y es cometido en flagrancia, el agente es aprehendido, de lo contrario, se abre un expediente y pasa a otra fase para ser investigado.
En la fase de investigación ya interviene la ORP, posiblemente la dependencia de la Inspectoría General más conocida. En esta etapa se recolecta, procesa, analiza y sistematiza la información. La oficina correspondiente hace una investigación, la cual al final determina si el agente señalado es responsable.
Si se establece algún grado de responsabilidad se aplica el régimen disciplinario o se requiere la orden de detención o de allanamiento a un juzgado. De lo contrario se archiva el caso para “futuras consultas”, dijo Chacach.
En cuanto a las sanciones, la Inspectoría emite una amonestación por escrito, por ejemplo, cuando un agente no saluda a su superior o por tener el cabello largo. También puede suspender de uno a 30 días a un policía, sin goce de salario, cuando la falta es más seria, o también se suspende de seis a 24 meses la opción de participar en cursos de capacitación.
Cuando la falta es grave o es un delito, como tomar alcohol mientras se está de turno, se le da de baja de la institución.
Este año, hasta el 20 de julio, la Inspectoría ha llevado a cabo 66 mil 161 acciones, entre inspecciones, verificaciones, fiscalizaciones, capacitaciones y supervisiones.
Denuncias
De enero a julio de este año, esta dependencia ha recibido mil 427 denuncias. Chacach destacó que, después de una investigación preliminar, la mayoría se desestimó y 406 —menos del 30%— se abrió un expediente.
De enero a julio de este año, esta dependencia ha recibido más de mil 400 denuncias. Chacach destacó que, después de una investigación preliminar, la mayoría se desestimó y en 415 se concluyó que había indicios de responsabilidad del agente policial. “Ni el 1% de la fuerza policial”, de alrededor de 42 mil efectivos, resaltó.
Estas 415 pasaron a un proceso de investigación aunque la Inspectoría no proporcionó el dato de en cuántas se determinó responsabilidad del agente al final de la investigación.
Las principales denuncias que se recibieron en ese periodo van desde abuso de autoridad, cohecho, incumplimiento de deberes, amenazas, agresión, hasta extorsión y asociaciones ilícitas.
Chacach, inspector general desde abril de este año, aseguró que la unidad policial que dirige promueve investigaciones objetivas “para que nuestros elementos policiales que no sean responsables de una acusación puedan sentirse respaldados”.
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No obstante, dijo que el trabajo de la Inspectoría también tiene el objetivo de “ser muy contundentes” con los “elementos que incurren en algún tipo de infracción, leve, grave o delictiva”.
“Es una labor muy ardua, pero ponemos todos nuestros esfuerzos para conseguir los objetivos de tener una PNC transparente”, remarcó Chacach.
Expuso que en planes del Ministerio de Gobernación y de la Dirección General está implementar una estrategia de transformación policial con tal de fortalecer a la Inspectoría y reestructura sus despliegues y funciones, así como elaborar un nuevo régimen disciplinario que responda a las complicaciones que tiene el trabajo policial, que no son las mismas de que había hace 25 años.
Tenemos nuestras mediciones
Respecto a la desconfianza que aún existe hacia la Policía, el inspector considera que “es un tema de criterio” porque 25 años después de la creación de la PNC “hemos elevado nuestros niveles de capacidad” y, en los últimos 10 años, han disminuido los índices de criminalidad.
Expuso que, aunque respetan la opinión pública, existen muchos programas de acercamiento a las comunidades y que ellos cuentan con sus propias estadísticas sobre los niveles de credibilidad que tiene la institución.
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Actualmente la mayoría de personal se desempeña en la sede central, pero también cuentan con delegaciones de Inspectoría en distintas comisarías.
Una de las principales secciones es la que se encarga de monitorear plataformas noticiosas y redes sociales para detectar denuncias ciudadanas y actuar lo más pronto que se pueda; sin embargo, uno de los objetivos de fortalecer a la institución, afirmó Chacach, es dotar a dichas delegaciones de la tecnología necesaria que les permita acercarse de forma más ágil a los lugares donde se produce un ilícito que podría involucrar a un agente.