De acuerdo con Carlos Loarca Solórzano, asesor legal de la Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (Plurijur) y representante legal del Frente de Defensa Miguelense (Fredemi), la acción legal presentada en el MP documenta delitos que esperan que sean investigados.
Entre los señalamientos se incluyen usurpación de aguas, usurpación de propiedades, contaminación industrial de las fuentes de agua en San Miguel Ixtahuacán, propagación de enfermedades a plantas y animales, falsedad material y falsedad ideológica.
Los denunciantes explicaron que en los últimos siete años ha habido contaminación ambiental, cultural y ecológica. También que se ha afectado la salud de unas 50 mil personas de las comunidades aledañas, como resultado de la exploración y explotación mineras.
En la denuncia, los comunitarios solicitan al MP que comience la persecución penal contra directivos, ejecutivos, administradores, funcionarios y empleados de Montana.
Informes
Loarca Solórzano explicó que cuentan con informes de Fredemi que sustentan que el proyecto ha contaminado casi en su totalidad el río Cuilco, de cuyas aguas se abastecen familias y ganado. Además, se emplea para riego.
El río atraviesa la comunidad Siete Palos, que ha sido una de las más afectadas.
“Hay estudios de los ministerios de Ambiente y de Energía y Minas que demuestran que hay contaminación ambiental. Se cuenta con estudios independientes internacionales, como de universidades de prestigio, que demuestran que en resultados médicos de orina y sangre, los pobladores tienen altos niveles de plomos, síntomas de arsénico en la piel, erupciones, salpullido, decoloración de la piel y caída del cabello”, manifestó LoarcaSolórzano.
La demanda
Los demandantes presentaron un informe con más de cien testimonios de pobladores afectados por la contaminación. Este incluye fotografías de adultos y menores con afecciones, así como ganado que murió por beber agua del río Cuilco.
Explicaron que entre los casos más recientes figuran aproximadamente cien niños de una escuela, cuyo director presentó fotografías de cada caso. “En este álbum se observa a la mayoría de los estudiantes con problemas de erupciones en la piel, mientras que los adultos presentan caída de cabello y decoloración de la piel”, aseguró.
Agregó: “Estos resultados son síntomas de contaminación. Incluso el Gobierno, en conversaciones que hemos sostenido, ha reconocido la contaminación por arsénico, y las autoridades decidieron la construcción de una planta de descontaminación. Estamos al tanto de ellos”.
Las comunidades afectadas están integradas por más de 50 mil pobladores y se tienen documentados unos cien casos con los que solicitan a la fiscal general, Claudia Paz y Paz, que se haga cargo y que priorice de acuerdo con el criterio de política criminal y que el caso sea referido a la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente de la capital.
“Los jueces y fiscales de San Marcos están comprados por Montana. Además, solicitaremos a la Cicig —Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala— que intervenga para investigar los vínculos de funcionarios con la empresa”, se indicó.
Testimonios
Aniceto López, uno de los representantes de San Miguel, explicó que es necesario que las autoridades tomen en cuenta los informes y testimonios que presentan los denunciantes, pues a la fecha solo verifican lo que presenta la empresa.
“Ellos —las autoridades— deben verificar, pues aparte de los informes, la empresa ya no da seguimiento a compra de terrenos, sino que obtienen propiedades ubicadas en los alrededores de las viviendas o partes estratégicas donde posteriormente hacen perforaciones y túneles que pasan debajo de nuestras propiedades”.
Según testimonios, uno de los trabajadores de la mina enfermó y acudió a varios hospitales en Quetzaltenango y San Marcos, pero falleció. La empresa solo pagó los gastos funerarios, y para que la viuda no demandara, le ofreció trabajo.
Otro de los problemas que afrontan los comunitarios que se oponen al funcionamiento de la mina son las amenazas para que no denuncien. “Los visitan en sus viviendas, y los coaccionan para que no presenten denuncias”, se aseveró.
En mayo del 2010, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la medida cautelar para comunidades mayas al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de proteger y resguardar la vida y la integridad personal de los miembros de 18 comunidades.
En diciembre del 2011 fueron modificadas para asegurar el acceso a agua apta para consumo humano, doméstico y segura para el riego, pero las comunidades recalcan que hasta hoy las medidas han sido incumplidas.
Los comunitarios exigen a las autoridades que se recopile información para ampliar investigación del caso y la debida tipificación penal de las graves violaciones a los derechos fundamentales individuales y colectivos en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa.
Yuri Melini, director general del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas), explicó que los comunitarios y los recursos para la agricultura podrían estar en riesgo si la actividad de la empresa se desarrolla.
“Hay registros documentados en los cuales hay antecedentes previos de muertes de animales, pero no ha habido ninguna investigación por parte del Inacif —Instituto Nacional de Ciencias Forenses— o del MP, y por eso se ha puesto de su conocimiento, para que inicien investigaciones al respecto”, dijo.
Melini agregó que si en la actualidad ya se ven muertes de animales, “qué no podría ocurrir con daños a la salud humana con elementos de metales residuales en alimentos. Consideramos que el MP inicie investigación oportuna, objetiva y pertinente que permita identificar las causas reales, y si la empresa resulta responsable, que sea perseguida penalmente”.
Antecedentes
En 1998, durante un estudio de exploración se determinó una proyección de 1.4 millones de onzas de oro en el área de la actual mina Marlin.
El Ministerio de Energía y Minas emitió la licencia de explotación el 27 de noviembre del 2003.
El proyecto entró en fase de construcción en el 2004, y finalizó en el tercer trimestre del 2005. A partir del cuarto trimestre del mismo año, empezó la extracción de oro y plata.
