Comentó que, por ejemplo, muchas víctimas de violencia sexual padecen de enfermedades de transmisión sexual y la recarga de trabajo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) provoca que no se realicen los informes médicos a todos los menores.
También señaló que para la realización de los exámenes forenses es demasiado largo el plazo, ya que en ocasiones supera los seis meses solo para lograr la cita.
Mayorga indicó que en el caso del Organismo Judicial (OJ), no se celebran las audiencias en la hora programada, lo cual implica desgate para los menores y equipos de profesionales.
“Algunos tribunales de sentencia no da valor probatoria a la declaración presentada por la niña como prueba anticipada, exponiéndola a tener que presentar nueva su declaración lo que la victimiza”, indicó.
En cuando el ministerio Público refirió que la falta de un modelo unificado de organización de las fiscalías repercute en la metodología y tratamiento de los casos, y que solo la fiscalía contra la trata está organizada por unidad.
Agrega que el hecho de que los casos sean conocidos por diferentes auxiliares fiscales debilita el impulso del proceso penal.
Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, comentó que otro problema que se observa es que en los departamentos hay casos que no avanzan porque los fiscales y jueces buscan conciliar algunos casos de violencia sexual y trata de personas.
La magistrada Delia Dávila señaló que en estos casos se debe denunciar a los responsables para que sean investigados.
Mayra Veliz, secretaria del MP, indicó que como parte de las mejorar que se trabajan este viernes se entregó el protocolo de atención a la victima de trata para que sea aplicado en todas las fiscalías
