Según un análisis del IDPP, la carga de trabajo en la atención y diligenciamiento de audiencias ha sufrido un aumento significativo derivado de las reformas al Código Procesal Penal, contenidas en el decreto 18-2010, vigente desde mayo del 2010.
Los objetivos de esas reformas son otorgar mayor participación a la víctima del delito, al eliminar los obstáculos para su efectiva participación, sin mayores formalidades dentro del proceso penal, desde la primera declaración del sindicado hasta la sentencia.
Lo segundo es establecer mecanismos para hacer efectivos los principios de celeridad, oralidad, inmediación, publicidad, contradicción y respeto al debido proceso. Con estas reformas se buscó realizar una actividad procesal penal más expedita y de fácil comunicación y se acortaron los plazos para la atención de audiencias.
Crece demanda
En el 2009, el IDPP cubrió 54 mil 502 audiencias, con un promedio de 27 mensuales por defensor, las cuales se han incrementado desde entonces. Por ejemplo, en el 2013 fueron 61 audiencias —equivalente a 126 por ciento de aumento de carga respecto del 2009—; en el 2014, 67; y en el 2015 fueron 61 audiencias asignadas cada mes al defensor.
De enero a mayo del 2016, el IDPP atendió 47 mil 371 audiencias a través de 167 defensores; en promedio, 57 por mes.
La Coordinadora Departamental reporta la mayor carga de audiencia, con 101; Baja Verapaz, 88; y la Coordinación de Defensores en Formación, 82.
Nidya Arévalo de Corzantes, directora del IDPP, confirmó en declaraciones anteriores que no llegan ni a los 300 abogados, y refirió que hay defensores que llevan alrededor de 70 casos al mes, y que al sacar el promedio puede cambiar, ya que hay sedes como la de Santiago Atitlán, Sololá, que tienen pocas audiencias.
“Cada audiencia debe prepararse, y sí se prepara, a costa de un gasto sobrehumano del defensor. Lo que estamos haciendo es agotar al personal de forma inhumana”, aseveró.
Arévalo refirió que para operar de manera más holgada han solicitado Q400 millones de presupuesto para el próximo año, para contratar más personal.
“Estamos pidiendo un aumento presupuestario para brindar un mejor servicio al que ya se está dando en concordancia y armonía con el crecimiento que tiene el Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio Público (MP)”, indicó.
El presupuesto asignado para el IDPP en el 2009 fue de Q123 millones, en el 2011 fueron Q98 millones y este año Q135 millones, aunque recientemente se aprobó un ampliación de Q20 millones más. En contraste, el presupuesto asignado al OJ en el 2016 es de Q1 mil 750.9 millones y el del MP Q1 mil 500 millones.
Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señaló que hay un desgaste físico y mental para un defensor, que repercute en la calidad del trabajo y el resultado de los casos.
Escobar agregó que se observa, en ocasiones, el incumplimiento de obligaciones de los defensores por la sobrecarga de trabajo, porque tienen programadas varias audiencias a la misma hora.
