Junto a Zamora, Orellana también ligó a proceso penal a Samari Carolina Gómez Díaz, auxiliar fiscal de la Feci, señalada de revelación de información confidencial o reservada.
Tanto Zamora como Gómez fueron denunciados por Ronald García Navarijo, un exbanquero acusado de corrupción en 2017.
El juez argumentó su fallo a los indicios que presentó la Fiscalía, muchos de los cuales fueron debatidos por la defensa de los sindicados, al considerar que no tenían concordancia con los hechos que se señalan.
Orellana dijo que no solo la denuncia de Navarijo es un indicio, sino que hay varios, entre ellos las declaraciones de un mensajero de una empresa ligada a Zamora.
El juez desestimó el alegato de la defensa y los sindicados sobre que los audios y videos que fueron presentados no eran legales.
Prisión preventiva
Zamora y Gómez quedarán en prisión preventiva a petición del MP y el abogado del denunciante, Raúl Falla, quienes alegaron peligro de fuga, por las supuestas facilidades que los sindicados tienen para salir del país.
El juez determinó dejarlos en prisión preventiva, pese a que la defensa de ambos solicitaron medidas sustitutivas como un arresto domiciliario.
Respecto a Zamora, el juez dictó prisión preventiva por el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, debido a que en el caso han declarado personas que trabajan para él.
Relacionado a Gómez, el juez ordenó la prisión preventiva por el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, por ser trabajadora de la Feci y podría tener contacto con documentación del caso.
Además, la judicatura determinó que la Fiscalía tiene tres meses para desarrollar la investigación, por lo que el juez hizo un llamado a la defensa para que haga los actos de investigación de descargo correspondientes con suficiente tiempo de antelación.
Agregó que el acto conclusivo del MP debe ser presentado el 9 noviembre de 2022 y la audiencia de etapa intermedia fue programada para el 8 de diciembre a la 8.30 horas en la misma judicatura.
Recusa al juez
El abogado de Gómez recusó al juez, porque señaló que él es contralor en un caso donde se procesa a García Navarijo y considera que no es factible para ninguna de las partes pues no se puede ser “Juez y parte”.
El juez señaló que los señalamientos del abogado son falsos, debido a que en ese juzgado hay dos juzgadores y el caso al que se hacer referencia está a cargo de otra persona.
Debido a la solicitud del abogado, el expediente será remitido a la Sala Tercera de Apelaciones, por lo que no se podrán efectuar resoluciones mientras este no retorne al juzgado, señaló el juez.
Movimientos extraños
Zamora denunció que la noche del pasado lunes hubo movimientos irregulares en la celda donde está recluido en la Cárcel de Mariscal Zavala, por lo que responsabilizó de su seguridad al Estado de Guatemala y al presidente Alejandro Giammattei.
Dijo que durante esos movimientos se apagaron las cámaras que están en su sector.
Dijo que se efectuaron trabajos en una especie de jaula que fue colocada en su celda y que las medidas de revisión fueron más rigurosas de lo habitual, incluso los agentes llevaron perros antidrogas.
Por lo anterior, el juez ordenó a los agentes del SP que “en todo momento se le respeten sus derechos fundamentales y que de ninguna manera se le restrinja ningún derecho humano”.
Además, se ordenó al director del SP para que a Zamora se le de un trato humano, justo y ético y que se le respeten los derechos humanos, “derechos que están consignados en todos los tratados ratificados por el Estado de Guatemala”.
También se ordenó la devolución de su DPI porque tiene el derecho de estar identificado
En la audiencia de primera declaración del periodista Jose Rubén Zamora y la fiscal del Ministerio Público (MP) Samari Carolina Gómez Díaz, la defesa cuestionó la investigación, el manejo del dinero presentado como indicio y la legalidad de los audios presentados.
Mientras que el MP, la Procuraduría General de la Nación y los querellantes adhesivos, Fundación contra el Terrorismo pidieron que ambos sindicados fueran ligados a proceso.
El periodista Zamora y la fiscal auxiliar Gómez fueron detenidos desde el pasado 29 de julio por una investigación de la Feci luego de ser denunciados el 26 de julio por Ronald Giovanni García Navarijo, exdirectivo de un banco y quien está vinculado a casos de corrupción.
En horas de la tarde, el juez Orellana ligó a proceso a los dos señalados, pues dice que pudieron haber participado en esos delitos.
Dijo que se hizo una modificación que podría beneficiar a Zamora porque el MP lo señaló de lavado de dinero en dos modalidades proposición y conspiración, pero el juez dijo que consideró solo se sindicara de delito de lavado de dinero u otros activos.
Argumentaciones
El MP, en su argumentación a través de la fiscal, Cinthia Monterroso, comentó que con los indicios presentados era factible que fuera ligada a proceso penal Samari Carolina Gómez Díaz por el delito de revelación de información confidencial o reservada, pues se evidenció que la señalada trasladaba información a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci, incluso luego que este ya había dejado el cargo.
Por tal motivo solicitó que la fiscal Gómez fuera ligada a proceso, por revelación de información confidencial reservada, según el artículo 23 de la Ley de Acceso a la información, aunque también dijo que encajaba en el artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero, por los casos que dicha auxiliar fiscal llevaba.
En el caso de Zamora, Monterroso pidió al juez Orellana que lo ligara a proceso por conspiración para el lavado de dinero, lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.
Comentó que en la audiencia del lunes se estableció que Zamora el 19 julio de 2022 inició comunicaciones con Ronald García Navarijo con el fin de proponerle que bancarizara Q300 mil en efectivo que él había conseguido. -y que según el denunciante era producto de extorsiones a empresas-
Recordó que el periodista había dicho que todo es un malentendido que era una donación y eso había dejado más dudas.
La fiscal Monterroso dijo que se presentaron audios en los que se escucha que Zamora le pide a García Navarijo que le haga ese favor -de bancarizar el dinero- y también testimonios de trabajadores de la empresa Aldea Global S.A. -elPeriódico- como Jorge Gonzalo Barrios Sánchez que intentó cambiar el cheque que dio García Navarijo a Zamora, pero que no se pudo cambiar porque la cuenta de la empresa que emitió el cheque no estaba activa.
Los audios
La fiscal comentó que los audios presentados, si bien es cierto la Ley contra la Delincuencia Organizada establece la figura del método especial de investigación e interceptación de comunicaciones telefónicas, llamadas comúnmente escuchas telefónicas, las presentadas dentro del proceso no son de ese tipo, sino que fueron proporcionadas y grabadas por Ronald García Navarijo y que habría grabado con sus dispositivos.
Agregó que fue García Navarijo quien incorporó al expediente esos audios para coadyuvar con la averiguación de la verdad.
También dijo que estas grabaciones son legales pues fueron grabadas por el denunciante y que cuando en las comunicaciones se activó el alta voz para que hablara un tercero allí se abrió el camino para que este participara en la conversación.
Citó casos como el de Gudy Rivera el de la magistrada Claudia Escobar -cuando integraba la Sala Quinta de Apelaciones del ramo Civil y grabó una conversación en donde este intentó influir en un caso.
“Honorable juzgador, estas grabaciones que fueron puestas a la vista y también reproducidas el día de ayer por parte del Ministerio Público son indicios legalmente obtenidos que pueden perfectamente ser incorporados al proceso como tal como indicios”, dijo Monterroso.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Fundación contra el Terrorismo (FCT) también consideraron que la investigación del MP demostró el modo, tiempo y lugar de la comisión de hechos delictivos y por eso solicitaron también que Zamora y Gómez fueran ligadas a proceso.
Los cintillos en el dinero
Raúl Falla, de la FCT y mandatario de García Navarijo, durante su argumentación hizo mención a los Q300 mil que el MP presentó el lunes en la audiencia y que supuestamente eran los que el periodista Jose Rubén Zamora había enviado a su defendido a cambio de un cheque para poder introducir al bando esa cantidad de fondos.
Falla dijo que la defensa de Zamora quería un peritaje del dinero presentado por el MP cuando no era el momento procesal oportuno.
Señaló que los cintillos que tenía el dinero que entregó Zamora a García Navarijo deberán ser investigados por el MP, porque con eso se podía rastrear quién fue el empresario o quién fue la persona particular que le dio el dinero a Zamora.
Defensa desvirtúa investigación y escuchas
El abogado Armando Mendoza, defensor de la auxiliar fiscal Gómez expresó que en los audios que se presentaron el que dirigió las conversaciones fue García Navarijo
También criticó las grabaciones en las que aparecen los abogados de Zamora y apeló a la confidencialidad y secretividad con los clientes.
El abogado dijo que el inicio de persecución penal no interrumpe ni impide el procedimiento administrativo disciplinario y que el MP no puso a la vista el inicio del procedimiento disciplinario contra su cliente por ser empleada de esa institución y que era la Fiscalía de Asuntos Internos la que debía haber procedido.
Señaló que le causaba sospechas que la investigación del caso hubiera quedado en la Feci y no a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y que parecía que el MP respondió a los requerimientos de García Navarijo y no tomó el control de la investigación.
Dijo que, en los audios, su cliente no dijo nada que no fuera lo que está en este informe que se presentó y que Gómez nunca coaccionó a García Navarijo para que devolviera las acciones de Bantrab, sino que eso era un requerimiento de los querellantes.
Pidió la falta de mérito para su patrocinada y dijo que la Ley de Acceso a la información pública es de acceso a la información pública y en el MP hay una unidad de eso y ese es el sujeto obligado por medio de sus unidades y le dijo a juez que quieran sorprenderlo con eso, pues en esa normativa legal vigente en el artículo 6, dice que los sujetos obligados son el Organismo Ejecutivo, Legislativo judicial y en el numeral 8 el MP.
Dijo que entonces el MP tenía o tiene la obligación de tener su unidad de acceso a la información pública y “es a ellos los que les cae si hay información. ¿Por qué?, Porque esa unidad tiene que tener acceso a toda la información a nivel Ministerio Público nacional y si ellos sueltan o dan información que no es acorde o es reservada parcialmente, a ellos les incurren en esto -la Ley de acceso a la información”.
“En este caso, el querellante manifestó que ella sabía era por el delito de lavado de dinero que se accionó el 26 – de julio-, situación que no puede ser y la fiscalía está pretendiendo hacer cree que era con anterioridad. Entonces que se pongan de acuerdo en primer lugar, porque el querellante es para coadyuvar a la investigación, no para que hagan investigaciones paralelas”, dijo el abogado Mendoza.
“Con base en las argumentaciones vertidas y por ser espurias, improcedentes y de mala fe y de un mal actuar improcedimental, por vicios de procedimiento, porque están acreditados, señor juez, solicito esa falta de mérito.
Cintillos en el dinero
Christian Ulate, abogado de Zamora, en su argumentación criticó que el Ministerio Público no haya presentado indicios de que el dinero que se señala entregó su patrocinado era de origen ilícito, y que el MP solamente se basa en la declaración de García Navarijo, que afirmó que era supuestamente por chatajes que hacía a empresas.
Le dijo al juez que a Zamora se le imputan cuatro delitos pero que tenía confusión porque hablan de conspiración, pero no es la conspiración de la Ley Contra el Crimen Organizado sino la conspiración del artículo 6 de la Ley de Acceso a la información Pública.
También criticó que el MP no mostró a las supuestas víctimas de chantaje y que el dinero en efectivo que recibió García Navarijo tenía cintillos que acreditaban que los billetes salieron de un banco, pero que en las fotografías del expediente y el día que se mostró el dinero en la audiencia esos cintillos ya no estaban.
Señaló que el abogado Falla, de la FCT, dijo en la audiencia que se dinero sí tenía cintillos y que pedía investigar para determinar quién le había dado el dinero a Zamora, pero ahora ese dinero ya no tiene dichos cintillos y hay duda qué pasó con la custodia del dinero.
Afirmó que la Feci no actuó adecuadamente en el proceso y en lugar de solicitar permisos para obtener pruebas, escuchas telefónicas y videos y fotografías le delegaron esa tarea a García Navarijo y en base a eso presentaron la denuncia.
MP se pronuncia
Ante el eco nacional e internacional que ha generado la captura y procesamiento de Zamora, el MP se pronunció en un comunicado, en el que asegura que el caso surgió con base a una denuncia.
“Ante las diferentes opiniones vertidas por algunos actores nacionales e internacionales, al Ministerio Público le resulta imperativo informarle al pueblo de Guatemala lo siguiente: Que es una institución autónoma e independiente, sin sujeción a ningún poder del estado ni sector nacional o internacional, sino que su actuación está sujeta única y exclusivamente a la Constitución Política de la República y a las demás leyes del país. En ese sentido, toda denuncia presentada en la institución debe ser investigada, sin excepción alguna, ya que nadie es superior a la ley, por lo que omitir la misma constituiría el incumplimiento de la función constitucional y legal del Ministerio Público”.
La Fiscalía añade que “de esa cuenta fue presentada en esta institución denuncia penal en contra del señor José Rubén Zamora Marroquin por los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero u otros activos”.
Además, agrega que “de la investigación preliminar realizada se establecieron motivos racionales suficientes por los que un juez contralor de garantías ordenó la aprehensión del señor Zamora Marroquín y se resolvió el día de hoy en audiencia, con base en los medios de investigación que de manera contundente sustentan el caso, su vinculación al proceso penal mediante auto de procesamiento por los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias”.
Refiere que ”ante la evidente realidad de las acciones emprendidas por el Ministerio Público es necesario manifestar que las mismas no van encaminadas a coartar, limitar, impedir o menoscabar ninguna labor periodística, sino por el contrario, son acciones encaminadas a esclarecer los posibles hechos ilícitos denunciados, por lo que se exhorta a todos los sectores nacionales e internacionales a que construyamos un verdadero estado de Derecho a través de opiniones que generen el respeto a nuestro ordenamiento jurídico y fundamentalmente al principio de legalidad, toda vez que solo mediante el respeto a las leyes y el sometimiento a las mismas se construyen sociedades armónicas y democráticas”.
