“La norma responsabiliza a las personas del uso del celular. Eso prácticamente es una gran debilidad porque hasta la fecha no se han visto responsables directos del mal uso que se pueda estar haciendo de las terminales móviles”, declaró Lizandro Acuña, investigador del área de Justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).
Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads), aseveró que las pocas restricciones que existen en los centros carcelarios generan corrupción para que sea fácil ingresar teléfonos y que los privados de libertad llamen no solo para extorsionar, sino para cometer otros actos ilícitos.
“Los celulares ingresan por corrupción; no hay para dónde. Es ilegal que un aparato telefónico o computadora ingrese al centro, pero entran por la mordida que le dan al agente, a algún administrativo o incluso al director”, manifestó Muralles.
Agregó que las autoridades, como parte del proceso de indagación, deberían ya de saber quiénes compraron esos celulares, pues desde el año pasado las empresas de telefonía exigieron que, como parte del proceso de la adquisición de un teléfono, se debería dar el número de documento personal de identificación (DPI). “¿Tendrán las autoridades estos datos?”, pregunta la experta.
Acuña agregó que el “gran problema” es que el Estado no tiene el control del Sistema Penitenciario y los reos hacen lo que quieren.
Allanamientos
Durante ocho allanamientos en busca de implicados en casos de extorsión fueron detenidos Claudia Patricia Seijas de Paiz, de 43 años; Márgara Lisbeth Pérez Caal, 39; Andrea González Arellano, 22; y Samuel Oswaldo Pineda, 23.
El informe de la Fiscalía estableció que las llamadas extorsivas las efectuaba el reo David Guerra Zepeda, quien guarda prisión por asesinato, en el sector 12 de Pavón, y quien también coordinaba con los cuatro detenidos el retiro de los bancos de dinero producto de las exacciones.
“Cuando el reo llamaba mencionaba el nombre de algún familiar y decía que habían sido contratados para eliminarlos físicamente por Q65 mil, pero para no cometer el crimen, a cambio, pedía Q5 mil o más”, reveló el informe.
