También fue el segundo año en el que María Isabel Véliz Franco decidió trabajar en una tienda de ropa llamada Taxi, entre las 11 y 12 calles, casi enfrente de los cines Lux. Era la hija mayor de Rosa Elvira Franco Sandoval, una mujer de mediana estatura y carácter fuerte, que trabajaba en la Universidad de San Carlos, estudiaba Derecho y criaba sola a sus tres hijos.
Madre e hija caminaban todos los días de la Avenida de los Árboles a la 6a. Av. De ida y de regreso pasaban por las ventas callejeras y cuando atravesaban el parque, si tenían tiempo, compraban maicillo y alimentaban a las palomas más consentidas y nutridas de Guatemala.
Aunque en la casa de la familia Véliz Franco no había un equipo de sonido con reproductor de discos compactos, María Isabel no podía evitar desear los que vendían en la popular arteria, ya fuera de los grandes éxitos de Gun’s And Roses o el último álbum de Shakira.
Entre broma y broma, convenció a su madre de que se lo comprara. Era domingo. Doña Rosa esperaba afuera del local donde trabajaba María Isabel, de 15 años, pero su hija le dijo que ese día saldría las 20 horas y un amigo la llevaría a casa, que no se preocupara.
“La sentía caliente, le pregunté si tenía fiebre y me dijo que no”, relata Rosa, 20 años después.
Ambas hablaron un rato afuera del local. La madre le entregó a Isabel los discos que tanto le había pedido y el almuerzo. Se despidieron con sonrisas y Rosa caminó de regreso a casa.
Pasó al Mercado Central a comprar aserrín para adornar la casa para los festejos navideños y prosiguió su trayecto. “Mi corazón me decía algo. Al llegar a mi casa tiré todo y me puse a llorar; no sabía por qué estaba triste”, recuerda mientras está frente al mismo local, que tiene otro nombre.
Transcurrieron 19 años y siete meses de ese momento y trata de reconstruir la última vez que vio a su hija con vida. Tres días después identificó un cuerpo en la morgue de la zona 3.
“Era bien alegre mi hija. Cuando la mataron a ella me mataron a mí también”. Desde aquella tragedia Franco vive una vida que no sabe a quién le pertenece. Se supone que después de la Navidad del 2001 llevaría a su hija a la Escuela Militar de Aviación para inscribirla en el primer año de diversificado.
Isabel quería pilotar aviones, continuar sus cursos karate y estudiar Medicina o Derecho. Pero nada de eso pasó. En su lugar, Rosa ha pasado las últimas dos décadas entre juzgados, tribunales y Cortes, nacionales e internacionales, exigiendo justicia y señalando al hombre que mató a su hija: Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, ahora de 58 años, quien acosaba a María Isabel.
Denuncia desoída
Bolaños Acevedo tenía 39 años cuando empezó a hostigar a María Isabel. Él vivía en el barrio Gerona, zona 1, y todos los días buscaba a la joven en el lugar donde trabajaba, le hacía proposiciones sexuales, la esperaba al salir, la seguía y la iba a buscar a su casa.
Rosa sabía esto porque su hija se lo había contado y le pedía que dijera que no estaba cuando ese hombre llegaba a buscarla a su casa.
El domingo 16 de diciembre de 2001 Franco no fue a recoger a su hija al trabajo, en su lugar llegó su amigo pero la joven se había comportado de manera extraña y le dijo que ya no saldría con él. Afuera del local la esperaba Bolaños Acevedo.
Ese fue el relato de un testigo, pero Rosa no lo supo sino hasta después. Mientras ese hombre raptó a su hija, Franco pasó toda la noche esperándola.
Al amanecer del 17 de diciembre la madre, angustiada, buscó a su hija en la casa de sus amigas en las zonas 5 y 18. No la encontró. Preguntó en el negocio donde trabajaba y nadie sabía nada. Regresó al lugar en varias ocasiones y seguía sin obtener información.
En ese entonces, la Policía Nacional Civil (PNC), creada hacía cuatro años, tenía su sede central en la 6a. Av. y 14 calle, donde ahora funciona el Ministerio de Gobernación, a tres cuadras de donde trabajaba María Isabel. Eran las 10 de la mañana y en la desesperación de no saber de su hija por más de 12 horas quiso interponer una denuncia, pero no la recibieron.
“Yo quería presentar la denuncia y me decían que no, que tenía que esperar tres días”, cuenta. Regresó en tres ocasiones más y lo único que recibió fueron ofensas. “Los policías estaban sentados con los pies sobre los escritorios, me preguntaban si María Isabel era prostituta, se reían de mí, decían que era una cualquiera”.
No fue sino hasta la cuarta ocasión cuando le recibieron la denuncia, pero fue en vano, afirma, porque nunca la buscaron. Al día siguiente, el 18 de diciembre, regresó a su casa por la noche con la intención de descansar antes de seguir con la búsqueda, pero una noticia le advirtió del cuerpo de una mujer encontrado en un terreno baldío en la zona 8 de Mixco.
El cadáver de María Isabel fue hallado entre las 9 y 10 horas de ese día. A las 14.45 trasladaron el cuerpo a la morgue del Organismo Judicial y a las 23 fue identificado por Rosa.
“Fui a la morgue del Organismo Judicial. Fue una escena terrible que hasta la fecha no la puedo describir totalmente, algo espantoso”, recuerda Franco, para quien sus relatos no se acercan al horror de haber visto a su hija muerta.
En un cuarto oscuro, frío, sucio y regado de sangre yacía el cuerpo de María Isabel, como XX. De tanto repetir el momento, pareciera que sus palabras suenan frías y crudas.
Luego de procesar lo que veía gritó que habían matado a su hija. El cuerpo de María Isabel fue trasladado a otro cuarto y Rosa empezó a limpiar el lugar con su propia ropa. Cuando le dijeron que se podía llevar el cuerpo, uno de los encargados de la morgue recogió una bolsa del piso y se la entregó. Era la ropa de su hija manchada de sangre y residuos blancos.
Rosa Franco nunca fue notificada por los agentes de la PNC que su hija había sido encontrada muerta. Se enteró de todo por los medios de comunicación. Inexplicablemente, cuando estaba velando sus restos se presentaron investigadores del Ministerio Público (MP) en la funeraria para recoger la ropa de María Isabel, esa bolsa repleta de evidencias que estaba a punto de ser inhumada junto al féretro.
Este apenas fue el inicio del calvario.
Un café internet
En el 2002 Rosa sufrió un infarto y una trombosis. Había suspendido sus estudios mientras recorría sin cesar los edificios de la PNC y el MP para pedir que se investigara la muerte de su hija.
Ella tenía la certeza de que había sido Bolaños Acevedo, el hombre que le dio el pésame en su casa, el día del funeral. Pero no tenía pruebas, por eso pedía a las instituciones de justicia de aquel entonces que investigaran.
Se enfrentaba a un limbo institucional. El marco actual para denunciar la desaparición de mujeres y exigir justicia contra la violencia de género no existía. Ni siquiera se había tipificado el delito de femicidio, un hecho criminal que hubiera encuadrado en la muerte de María Isabel.
Tampoco había un Instituto Nacional de Ciencias Forenses que analizara con métodos científicos las evidencias en una escena del crimen ni se habían aprobado la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y la Ley Contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.
Por consiguiente, no existían juzgados especializados y, mucho menos, la perspectiva de género en la investigación judicial.
“Empecé a investigar por mi cuenta y logré bastante información. Conseguí teléfonos, números de placas, me enteré de que él —Bolaños Acevedo— era propietario de muchas casas. Iba a la Policía, al Ministerio Público, pero me cansé. Me costó cerrar pénsum y dije ‘me dejo de llamar como me llamo si no pongo la denuncia’”, refiere.
Entonces le vino a la mente sus clases de Derecho Internacional y sabía que si no lograba justicia en el país, podría denunciar al Estado de Guatemala. Empezó a frecuentar un café internet frente al Mercado Central. Esas horas de alquiler la llevaron a las páginas de Amnistía Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Le tomó varios días llenar el formulario que pide la CIDH para indicar cómo el Estado violó los derechos humanos. “Iba con perchas de libros a leer, copiar artículos, hasta que lo terminé de completar. Por eso iba a un solo café internet, donde había una computadora en la que tenía una carpeta especial. Cuando envié el formulario me desplomé, quebré la silla”, recuerda frente al lugar que frecuentaba hace 20 años.
En esa época conoció al Grupo Guatemalteco de Mujeres que durante años han monitoreado y registrado la muerte violenta de féminas en el país. Cada 24 de noviembre hacían una vigilia en la Plaza de la Constitución para exigir justicia, en el mismo lugar donde ahora está el altar a las 41 menores que murieron en el incendio del Hogar Seguro.
También conoció a Norma Cruz, otra mujer que desde 1999 buscaba justicia para el abusador sexual de su hija.
En el 2006 la CIDH aceptó la denuncia e inició las pesquisas contra el Estado de Guatemala, mientras Rosa Franco organizaba conferencias de prensa, mantenía informados a los medios de comunicación y se encargaba que ni el nombre de su hija ni su rostro cayeran en el olvido.
A partir de entonces, la misma fotografía acompaña las notas periodísticas que se publican sobre María Isabel. Es su foto de 15 años, con el cabello recogido y adornado con una corona, un vestido lila de tirantes y un buqué de flores del mismo color.
A pesar de que eran evangélicos María Isabel quería una misa, vestida de quinceañera. Rosa la celebró en la iglesia La Merced. La fotografía de ese momento acompaña a doña Rosa desde hace dos décadas, esa que levantó cuando el Tribunal de Mayor Riesgo leyó la sentencia condenatoria en contra de Bolaños Acevedo, en marzo pasado.
Pesquisas e impunidad
La CIDH condenó al Estado de Guatemala en mayo de 2014 y ordenó que se retomaran las investigaciones del caso Véliz Franco. La muerte de María Isabel cobró relevancia después de que se señalaran múltiples negligencias de funcionarios públicos desde que ella desapareció, así como del procesamiento del lugar donde hallaron su cadáver y la investigación para capturar y condenar a Bolaños Acevedo.
El fallo señala que el Estado no adoptó una sola acción para proteger y prevenir la muerte de María Isabel tras la denuncia de Franco sobre la desaparición de su hija, pese a que era menor de edad y que en esos años ya se registraba un incremento de muertes de mujeres.
Después de que su cadáver fue encontrado, las autoridades actuaron con negligencia porque permitieron la contaminación del lugar del hallazgo del cadáver, omitieron la recolección de indicios, efectuaron diligencias incompletas y con múltiples errores, entre otros. Además, la pesquisa se llevó a cabo de forma sesgada y discriminatoria en contra de la víctima, su madre y su familia.
Entre las inconsistencias en el manejo del caso presentadas a la CIDH se enumera que la auxiliar fiscal describe en los informes una cuerda plástica de nailon negro, mientras que el técnico de inspecciones de la PNC la describe de varios colores. Además, la auxiliar menciona algunos mordiscos en los brazos, que omitió el técnico.
Para reconstruir el caso, el cuerpo de María Isabel fue exhumado en el 2015. Esto causó molestia a Franco, quien sentía que una vez más violentarían el cuerpo de su hija, pero era necesario para corroborar el reporte médico forense emitido en diciembre de 2001, según explican el fiscal especial Jorge García y el agente fiscal Max López.
“Se encontraron varias fracturas en el cráneo; su base estaba por completo fracturada. Se determinó en la forma de la muerte dos aspectos importantes para el proceso. La primera es que ella sufrió diversos traumas craneales que provocaron diversas fracturas y que se practicó asfixia. Se trató de matar a la víctima a golpes, pero también asfixiándola. Era una saña increíble”, enfatiza López.
Además, el fiscal indica que había incertidumbre sobre la forma en que había fallecido María Isabel, porque varias lesiones no fueron documentadas de la mejor manera, debido a que los métodos de investigación en esa época eran muy precarios.
La investigación efectuada de forma inicial se encontraba en un callejón sin salida. Después de más de una década no se sabía qué había ocurrido. Ante ese fracaso los fiscales debían dar un giro de 180 grados. El caso se enfocó con perspectiva de género, hace ver García, y sobre todo tomaron en cuenta que la víctima era menor de edad.
“Doblarle la edad a una menor y acosarla de forma constante lo lleva a —Bolaños Acevedo— tratar de tener dominio absoluto sobre ella. Al final la mata”, subraya el fiscal especial.
Pero Bolaños Acevedo no actuó solo. Contó con la complicidad de funcionarios como Jorge Mario Ortiz Maquis, exjefe de una subestación policial de un sector de San Cristóbal, para asegurarse impunidad.
En las entrevistas, Ortiz Maquis sostuvo que Rosa Franco presentó la denuncia de la desaparición de su hija en una subestación de Peronia, pero ella nunca denunció en ese lugar.
El expolicía falleció ocho días antes de que diera inicio el debate contra el acusado.
Los fiscales señalan que Acevedo Bolaños quiso asegurarse impunidad de cualquier forma, porque además de tener a un policía como aliado para desviar la pesquisa, el cuerpo de María Isabel fue hallado en un sector donde su familia tenía varias propiedades.
Abandonar el cuerpo de María Isabel en un terreno baldío era, para Bolaños Acevedo, poner de manifiesto la impunidad ganada con negocios ilícitos en los que participaba. A él se le vincula a la estructura criminal Los Cocheros, que supuestamente se dedicaba a traficar drogas. En 2009, su hermano Miguel Osvaldo Bolaños Acevedo, conocido como el Cochero, era el líder de esta organización y fue capturado porque Estados Unidos lo reclamaba en extradición.
En marzo de 2010 fue condenado en ese país a 160 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada. Según su declaración de culpabilidad, desde febrero de 2001 a febrero de 2002 fue uno de los cabecillas de una banda criminal que trasegaba cocaína y heroína en baterías de carros desde Guatemala. Durante este lapso transportó al menos 55 kilos de cocaína a Maryland.
Juicio 20 años después
Con juzgados especializados y una ley que tipifica el femicidio, el 24 de julio de 2019 Rosa recibió una noticia que no esperaba: la captura de Bolaños Acevedo.
“No me alegré, no creía que pasara después de tanto tiempo. Me llamaron mis hijos y mucha gente diciendo que lo habían capturado. Yo me pellizcaba para saber si era cierto”, cuenta.
El 2 de febrero de 2021, casi 20 años después del crimen, comenzó el juicio. Fue difícil para la madre recordar la desaparición de María Isabel, escuchar cómo los abogados de Bolaños recurrían a argumentos que culpaban a su hija por su muerte.
“A pesar de estar frente al Tribunal de Mayor Riesgo la seguían estigmatizando, diciendo que andaba con hombres casados. Me molesté mucho. Veinte años para decir que la niña andaba con falda corta. ¡Nada que ver!”, exclama molesta.
En una ocasión, uno de los abogados se levantó para ofrecerle disculpas por todo lo que decía. “Me dijo que fue para defender a su patrocinado. Por no ser maleducada le dije que se metiera las disculpas en el pantalón. Todas las niñas asesinadas merecen respeto”.
El Tribunal A de Mayor Riesgo dictó sentencia contra Bolaños Acevedo. La jueza presidenta, Yassmin Barrios, explica que esta condena se podría tomar como ejemplo de lo importante que es dar acceso a la justicia a las víctimas, aunque llegue casi 20 años después.
A Bolaños Acevedo lo condenaron a 30 años de prisión. Por las condiciones de la pandemia, escuchó su sentencia a través de una videollamada el 1 de marzo pasado.
Rosa Franco lloró, puso en alto la foto de su hija y gritó: “¡Justicia!” Aunque después de 20 años sabe que eso no es justicia. El camino no ha terminado, porque la defensa apeló.
Ahora está más tranquila, pero enojada. Ha sobrevivido a dos infartos y una operación de rodilla, tiene la presión alta, le cuesta caminar y subir gradas, pero nunca se detuvo. Transitó un camino difícil, que parecía imposible.
“Ahora me siento más tranquila porque ya está la sentencia; espero que quede firme. Ahora lo que quiero es comenzar a vivir, porque cuando mataron a mi hija me hicieron mucho daño”.
“Una característica importante es que los funcionarios del órgano encargado de investigar en aquel entonces, el Ministerio Público, no realizaron toda la investigación que debían efectuar y eso definitivamente afectó”, precisa Barrios, a dos meses del fallo.
Para la jueza esta sentencia es una radiografía de cómo estaba articulado el sistema de justicia en 2001 y por qué surgió la necesidad de mejorarlo. Además, pone de manifiesto que la lucha de Rosa Franco impidió que la muerte de su hija quedara impune y engrosara las estadísticas de femicidios y muertes violentas de mujeres que no se investigan ni se sancionan en el país.
Común denominador
Mientras Rosa Franco concentraba sus esfuerzos para que Bolaños Acevedo fuera investigado y condenado por la muerte de María Isabel, en el país se empezó a crear la institucionalidad que garantiza protección, seguridad y justicia para las mujeres.
Giovana Lemus, directora del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), indicó que desde hace 33 años buscan aportar soluciones para resolver el problema de la violencia contra la mujer y los femicidios. En los inicios de sus investigaciones sociales identificaron la letalidad de la violencia ejercida en contra de las mujeres, pero el Organismo Judicial (OJ) no tenía datos y la Policía Nacional Civil se negaba a entregar los pocos que tenía.
“Nos costó mucho conseguir la documentación. Después el OJ nos pidió esperar un tiempo. Desde 1996, cuando entró en vigor la Ley —para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar— empezamos a presionar para crear un mecanismo rector de las políticas públicas porque veíamos una ausencia”, dijo.
En esa época los femicidios eran documentados como homicidios. La organización reporta que del 2000 a la fecha más de 12 mil 700 mujeres perdieron la vida de forma violenta y el 95 por ciento de los casos sigue impune.
A inicios de este milenio y debido a la inexistencia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), creado en el 2007, el equipo de GGM recorría las morgues para documentar las muertes violentas de mujeres.
El Estado no tenía protocolos científicos adecuados para el procesamiento de escenas del crimen ni desarrollo tecnológico y no se disponía de métodos científicos modernos como el ADN.
Fanuel García, director del Inacif, explica que un juez de Paz y un oficial procesaban las escenas criminales, acudían al lugar para documentar el caso, y en el OJ se efectuaban las necropsias, por lo que los médicos forenses actuaban de forma aislada, sin protocolos institucionales ni se aplicaba la cadena de custodia.
“—Hace 20 años, los médicos forenses— no buscaban fluidos, saliva o sangre. Incluso las prendas de las víctimas eran extraviadas”, indicó.
En 1999 García llevó a cabo una investigación en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, con el cual se estableció que el 99 por ciento de los delitos contra la vida quedaban en la impunidad porque no se disponía de un sistema de investigación criminal eficiente.
Solo el 1 por ciento lograba ser procesado ante la justicia porque el homicidio o asesinato había sido público, a la vista de muchos testigos, quienes después señalaban al responsable.
Casos como el de María Isabel Véliz Franco se vuelven paradigmáticos y públicos porque su familia lo presentó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puntualiza, pero en realidad la investigación de delitos contra la vida en Guatemala reflejaba que esa era la cotidianidad para todos las muertes violentas.
“Este caso —el de María Isabel Véliz Franco— es un precedente porque tenemos instituciones que están funcionando. Hace 20 años había una fiscalía subordinada presionada por estos delincuentes como Bolaños Acevedo que permitió que la investigación se diluyera y que los fiscales se dedicaran a maltratar a la víctima y a la madre de María Isabel”, señala María Eugenia Solís, abogada especializada en derechos humanos y quien contribuyó con varios peritos en esta pesquisa.
Con un sistema especializado de justicia
En marzo de 2003, durante la visita de la CIDH a Guatemala, con la asistencia de la relatora para Guatemala, Susana Villagrán, y en una reunión privada que organizó el GGM y la Red de No Violencia contra las Mujeres, varias madres narraron cómo el Estado hizo caso omiso a las denuncias de desaparición de sus hijas.
La relatora tomó el expediente de Rosa Franco de la investigación que ella mismo hizo por la muerte de su hija y se lo llevó para presentarlo ante la CIDH, por lo que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Red le dieron acompañamiento legal e internacional.
Sonia Acabal, integrante de la Red de No Violencia contra las Mujeres expresa que en la búsqueda de justicia le cerraban la puerta en muchas instituciones, le negaban información e incluso sufrió amenazas, agresiones e intimidaciones por parte de funcionarios y personas particulares. Por esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares y de protección para la familia Véliz Franco en 2005.
Agrega que cuando se gestionó el expediente en el país hubo un ambiente favorable para la creación de mecanismos para los derechos humanos de las mujeres. En el 2000 se creó la Secretaría Presidencial de la Mujer y la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Contra la Mujer (Conaprevi). En el 2004 se elaboró el primer plan nacional de prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres para sancionar estos delitos, y en ese año vino al país Yakin Ertürk, relatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, para conocer la situación de los derechos humanos de las mujeres.
Además, señala que el Estado no ha cumplido a cabalidad con la sentencia de la CIDH del caso Véliz Franco, porque tiene la obligación de fortalecer el Inacif para que tenga cobertura en todo el país. En la actualidad cuenta con 57 sedes en 340 municipios y atraviesa una situación presupuestaria crítica.
Acabal enfatiza que la creación de los juzgados especializados en violencia contra la mujer surgió porque las víctimas de estos delitos pedían medidas de seguridad con los jueces, pero también solicitaban que conocieran su caso, por lo que las organizaciones trabajaron en un protocolo para la creación de primeras judicaturas en 2010 en Guatemala, Chiquimula y Quetzaltenango.
“No podemos hablar de una justicia especializada si algunas instituciones tienen dinero y otras no. Si el Inacif carece de los recursos necesarios para hacer su trabajo científico no puede apoyar ni contribuir con la investigación penal. No lo hemos visto; es una necesidad urgente. La sentencia dice que el Estado debe elaborar ese plan”, advirtió Acabal.
Desaparición de mujeres
La violencia intrafamiliar ha sido un flagelo en Guatemala y las autoridades no han logrado frenarlo. Esto se refleja con los reportes de denuncias que persisten y se incrementan.
El Observatorio de las Mujeres del MP registró 211 denuncias diarias de delitos contra las mujeres y los niños. Al menos 57 mil 400 casos fueron de violencia contra la mujer y cuatro mil 688 de agresión sexual. Ese año se reportaron 702 femicidios.
Según el reporte estadístico de la web del Observatorio, en 2019 el 76% de sentencias dictadas por todos los delitos contra mujeres y los niños fueron condenatorias, pero no detallan la cifra.
El año pasado se registraron 203 denuncias diarias de delitos contra las mujeres y los niños —la baja se debe al confinamiento durante la pandemia, cuando hubo menos denuncias—. Fueron 58 mil 428 denuncias de violencia contra mujeres y tres mil 975 por agresiones sexuales. En el 2020 se reportaron 451 femicidios.
Para ese período, el sitio reporta que el 75% de sentencias fue condenatoria en delitos contra las mujeres y los niños, sin especificar el número.
Los datos registrados en el mismo lugar para este año, a la misma fecha, dan cuenta que las denuncias diarias aumentaron en comparación con el año anterior. Este año son 220 diarias, 17 más que en 2020 y nueve más que en el 2019.
Hasta el momento ya van 33 mil 50 denuncias de delitos contra menores y mujeres, a siete meses de que termine el año. Si la tendencia se mantiene, podría duplicarse el número de casos de los dos años anteriores.
Al 9 de mayo se reportaban 22 mil 91 denuncias de violencia contra la mujer y mil 616 de agresión sexual. Asimismo, en ese mismo período han muerto de forma violenta 177 mujeres.
En cuanto a los fallos condenatorios, en el mismo lapso se registra el 80%, de nuevo sin detallar el total.
Por otra parte, las mujeres siguen desapareciendo más en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla, aunque en todos se denuncian casos.
El 41% de las víctimas oscila entre los 21 y 30 años; el 29%, de 18 a 20; el 17%, de 31 a 40; el 7%, de 41 a 50; el 3%, de 51 a 60, y el 4% es mayor de 61 años.
Este año, marzo fue el mes con más reportes de mujeres desaparecidas, 186. En el mismo mes de 2020 y 2019 se reportaron 137 y 173, respectivamente. Enero del 2020 fue el mes con más reportes y en el 2019, mayo.
